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TCP

0541/2019-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
2 de septiembre de 2019SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0541/2019-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0541/2019-S3 Sucre, 2 de septiembre de 2019

SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional

Expediente: 28446-2019-57-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 030/2019 de 29 de marzo, cursante de fs. 235 a 238, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Martina Choque Calle contra Marina Cinthia Chijchi Guarachi y Luis Julián Terceros Olguín, ex y actual Director; y, Rosa Quispe Callisaya, Jefa todos de la Unidad de Ferias y Mercados dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de marzo de 2019, cursante de fs. 193 a 199, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de afiliada de la Asociación de Comerciantes Minoristas en Artículos Varios "Central Villa Dolores", posee dos puestos de venta contiguos, establecidos a través de la Ordenanza Municipal (OM) 023/93 -de 10 de marzo de 1993- cumpliendo con el pago de las patentes municipales correspondientes, resultando ser estos su única fuente laboral y sustento económico de su familia. En ese antecedente, la madrugada del 19 de abril de 2018, los mismos fueron avasallados por un contingente policial, quienes de forma injustificada decomisaron ilegalmente toda su mercadería y para su devolución, la Unidad de Ferias y Mercados dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, maliciosamente quisieron que "...respete el plano renunciando a mis 2 puestos..." (sic). Nuevamente a horas 3:00 del 23 de agosto del año indicado, la Intendencia Municipal junto a funcionarios policiales desalojaron uno de sus puestos de venta, arrinconando su mercadería en el paso del callejón aledaño cediendo el espacio al "dueño de casa" para el estacionamiento de su vehículo; posteriormente, a horas 9:00 de ese día en inmediaciones de su puesto, los funcionarios referidos intentaron el decomiso de sus productos, situación que se evitó tras verificar su documentación.

Posesionado un nuevo Director de la Unidad de Ferias y Mercados de dicho Gobierno Municipal, el 3 de septiembre de 2018 se llevó adelante una reunión de consideración de su conflicto, declarándose un cuarto intermedio hasta el 7 del mes y año antes indicado; empero, el 4 del mes y año referidos, un contingente policial intentó decomisar su mercadería con el argumento de no contar con documentación legal; por lo que, presentó denuncias escritas ante el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y a la Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas al Comité de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitando su presencia en la reunión acordada; como resultado de ello, la instancia municipal solicitó setenta y dos horas para la verificación de la documentación del dueño del inmueble donde se encuentran ubicados sus puestos, para volver a instalar la audiencia, situación que nunca se produjo debido a las constantes suspensiones, al extremo de ser citada el día sábado 22 de septiembre de 2018 a horas 7:00 y encontrar las puertas de las oficinas cerradas.

Finalmente, el 26 del mencionado mes y año, sus puestos fueron intervenidos por la Unidad de Ferias y Mercados junto a la Intendencia Municipal de esa entidad edil, despojándole definitivamente de uno de sus "...puestos contiguos colocando barandas de concreto con cimientos en el piso dando como propiedad uno de mis puestos al dueño de casa supuestamente para su garaje..." (sic).

Todos estos operativos nunca le fueron notificados, como tampoco le otorgaron fotocopias de la carpeta "214" donde se encuentra la información pertinente a su caso, pese a que en reiteradas ocasiones las solicitó a la institución precitada; y, con relación a la mercadería decomisada, debido al lapso del tiempo y las condiciones en las que se almacenó, esta se encontraba en estado de putrefacción y totalmente disminuida, además de que el acta notarial que se habría levantado en el decomiso solo detallaba algunos de estos, causándole con ello un daño económico en desmedro de su familia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante alegó la lesión de sus derechos al trabajo, a dedicarse al comercio, a la petición, a la defensa y a la "seguridad jurídica", citando al efecto los arts. 9, 24, 46.II, 47.II, 115.II, 119.II, 232, 302, 339.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela disponiendo:

  1. a)La restitución inmediata de su puesto de venta del que fue despojada definitivamente el 26 de septiembre de 2018;
  2. b)La devolución de la mercadería decomisada el 19 de abril del año señalado; y,
  3. c)El pago de costas y daños y perjuicios en la suma de Bs45 000.- (cuarenta y cinco mil bolivianos), por el tiempo que se le privó del derecho al trabajo y del decomiso de su mercancía.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

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