Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0542/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 58612-2023-118-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 94/2023 de 21 de septiembre, cursante de fs. 256 a 268, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rildo Álvaro Jordán Minaya contra Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil, Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 15 de septiembre de 2023, cursante de fs. 205 a 227, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso de divorcio seguido por Sandra Nilda Ramallo Arce en su contra, mediante Sentencia 85/05 de 11 de noviembre de 2005, la autoridad judicial de ese entonces, estableció la disolución del vínculo matrimonial; a su vez, dispuso el monto de Bs300.- (trescientos bolivianos) por concepto de asistencia familiar a favor de la prenombrada.
Posteriormente, a través del Auto de Vista 14/2017 de 20 de octubre, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, rechazó el recurso de apelación formulado por Sandra Nilda Ramallo Arce; por lo que, confirmó el Auto Interlocutorio 16/2017 de 27 de septiembre, que declaró probado el incidente de reducción de asistencia familiar interpuesto por el accionante, estableciendo el monto de Bs800.- (ochocientos bolivianos) de asistencia familiar.
De otra parte, sustentó que se encuentra sin una fuente laboral -23 de febrero de 2022- en la Universidad Técnica de Oruro (UTO); asimismo, hizo conocer que la beneficiaria por asistencia familiar Jessica Andrea Jordán Ramallo -ahora tercera interesada- contaba con mayoría de edad; por lo que, la prenombrada a través de escritos -30 de marzo y 12 de abril de ese año- presentó ante la autoridad judicial apersonamiento y solicitó audiencia de conciliación a efecto de aclarar el número de cuenta bancaria para los depósitos de asistencia familiar.
El 18 de febrero de 2023, su persona realizó un depósito bancario de Bs9 600.- (nueve mil seiscientos bolivianos) a la cuenta 550-0950546 del Banco Nacional de Bolivia (BNB), por concepto de asistencia familiar -hasta enero de 2023-, a favor de la tercera interesada.
Añade que, mediante memorial de 12 de abril de 2023, interpuso ante la autoridad judicial incidente de reducción de asistencia familiar contra Jessica Andrea Jordán Ramallo, acompañando a ese efecto, prueba para demostrar su pretensión, siendo objeto de traslado, la tercera interesada por escritos de 3 y 9 de mayo de ese año, contestó al citado incidente, a su vez, formuló incremento de asistencia familiar de Bs1 500.- (mil quinientos bolivianos).
Es así que, la autoridad judicial a través del Auto de Interlocutorio 39/2023 de 14 de junio, declaró probada en parte el incidente de reducción de asistencia familiar interpuesto por su persona, disponiendo el "decremento" a la suma de Bs700.- (setecientos bolivianos); asimismo, declaró improbado el incidente de incremento de asistencia familiar interpuesto por la tercera interesada.
En su oportunidad la prenombrada activó reposición con recurso alternativo de apelación; en sustanciación y resolución, mediante Auto de Vista 308/2023 de 20 de julio -ahora confutado-, Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil, Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy demandados-, declararon improbado el incidente de "disminución" de asistencia familiar interpuesto por su persona y determinaron declarar probado el incremento de asistencia familiar a favor de la tercera interesada, disponiendo incrementar la asistencia familiar a Bs1 500.-
Por lo que, los Vocales ahora demandados incurrieron en "múltiples" lesiones al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, puesto que, el Auto de Vista ahora impugnado, solo efectuó una relación de los antecedentes de la causa, además, se citó de manera incompleta el -de la nulidad en segunda instancia por incongruencia en la sentencia-; aspecto que, no fue reclamado por la tercera interesada ni por su parte, demostrando de esa manera una argumentación arbitraria.
A su vez, denunció que el Auto de Vista cuestionado para consumar la arbitrariedad, tomó como indicio la mejora económica de una liquidación de beneficios sociales por Bs179 505,33.- (ciento setenta y nueve mil quinientos cinco bolivianos), sin tomar en cuenta que dicha liquidación no es catalogada como ingreso fijo, pero sí periódico, por lo cual, no puede considerarse como base de capacidad económica para otorgar asistencia familiar que exigen ingresos mensuales, estables y acreditados, según lo desarrollado en los arts. 116 -fijación de la asistencia familiar- y 286 -sueldo y salario embargables- del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF).
Acusa al Auto de Vista 308/2023 de discriminatorio, por cuanto se configura en valoración "altamente" subjetiva e irrazonable de la prueba, porque no explica de dónde proviene la suma de Bs3 190.- (tres mil cien bolivianos); ya que, la certificación emitida por el Colegio Alemán dio a conocer que, para sus tres hijos cancela Bs714.- (setecientos bolivianos) por colegiatura por mes, ascendiendo un total de Bs2 142.- (dos mil ciento cuarenta y dos bolivianos), además realiza una cancelación de Bs350.- (trescientos cincuenta bolivianos) por concepto de trasporte escolar para cada hijo, pagos que realiza por diez meses -de manera anual- y no como erróneamente consigna la resolución cuestionada -cancelación mensual-; aspecto que, distorsiona la asistencia familiar, develando que el monto de Bs350.- debió prorratearse en diez meses, haciendo a un monto de Bs35.- (treinta y cinco bolivianos).
Obteniendo de la sumatoria de Bs714.- más Bs35.- por cada hijo a Bs749.- (setecientos cuarenta y nueve bolivianos), monto que arroja para sus tres hijos a un total de Bs2 247.- (dos mil doscientos cuarenta y siete bolivianos), valor que está por debajo a los Bs3 190.- como injustamente sostuvieron los Vocales demandados, además, no contemplaron que dicho monto Bs749.- le corresponde cubrir el 50% como responsabilidad conjunta con su esposa, arrojando el monto de Bs375.- (trescientos setenta y cinco bolivianos), que otorga para el sustento y beneficio para cada hijo, develando de ello, que esa suma es inferior a la asistencia familiar de Bs450.- (cuatrocientos cincuenta bolivianos) que quiso otorgar para la tercera interesada, beneficio que sería lógico y razonable, por ello, la acusación de discriminación carece de base fáctica y jurídica y se apoya en un cálculo errado y no analizado; toda vez que, el Auto de Vista 308/2023, reconoce expresamente que su persona fue desvinculado de su fuente laboral principal en la UTO; empero, decidió duplicar la asistencia familiar, sin identificar un aumento en necesidades de la tercera interesada ni en los ingresos que posee, contraviniendo los arts. 123 -reducción o aumento de la asistencia familiar- y 415 -ejecución de la asistencia familiar- del CFPF.
Asimismo, alegó valoración irrazonable de la prueba -de cargo y de descargo-; ya que, si bien el Auto Interlocutorio 39/2023 contiene una descripción y valoración explícita de pruebas; sin embargo, de forma parcializada e injusta prescindieron "...de la literal de fs. 1501 (...) 1514 constituir simple recibo y de las fs. 1515 a 1532 por constituir simples copias..." (sic), ello en aplicación del art. 1311 -copias fotográficas y microfílmicas- del Código Civil (CC).
El Auto de Vista cuestionado, también otorga valor probatorio a capturas de pantalla de redes sociales sobre servicios de diseño de interiores y venta de distanciómetros, pruebas que fueron excluidas por la Jueza a quo, al no demostrar ventas reales ni ingresos por considerarse publicidad; así como, actividades laborales no efectivas, porque corresponden a productos pertenecientes a su esposa y no a su persona, además, los códigos QR que fueron difundidas en redes sociales son parte de publicidad para el diseño de interiores "...Se ha demostrado a la fecha y que alguno de estos códigos efectivamente se convirtió en un pago o solicitud de compra..." (sic), no existió, tampoco se demostró alguna acreditación de transacciones concretas.
De forma sesgada y subjetiva, los Vocales hoy demandados sostienen que la venta de materiales de construcción, oscilan entre los "$us 250 y $us 200" en razón a la propaganda publicitaria en redes sociales, suponiendo además que dichos ingresos develan una entrada de un cien por ciento (100%), aspectos que no fueron compulsados ni fueron sujetos a una verificación de autenticidad; así como, la cantidad de ventas -fechas y utilidades-, concluyendo de manera injusta que las actividades múltiples generan ingresos sustanciales, lo cual es una inferencia sin sustento probatorio; asimismo, el Auto de Vista confutado sin respaldo probatorio ni legal afirma que su patrimonio incrementó al poseer una tienda de distribución en la ciudad de Oruro, sin considerar que ese negocio pertenece a su actual esposa.
Por otra parte, alegó que la resolución cuestionada sostuvo que incrementó su patrimonio y que su profesión de arquitecto garantizaría ingresos, sin que exista prueba de demuestre aquello, sin considerar que el título profesional en sí mismo no es evidencia de ingresos económicos; más aún, después de la pérdida de su empleo no se pudo demostrar la existencia de ingresos actuales, regulares o permanentes que justifiquen el aumento de la asistencia familiar.
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