Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0544/2019-S1 Sucre, 16 de julio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad
Expediente: 27766-2019-56-AL Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 02/2019 de 20 de febrero, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado en representación sin mandato de Zenón Félix Barreta Martínez contra Salua July Dipp Antequera, Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 19 de febrero de 2019, cursante de fs. 17 a 23, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por la presunta comisión de los delitos de violación y abuso sexual, se emitió el Auto de Vista 17/2019 de 14 de enero, que resolvió la apelación del Ministerio Público contra la Resolución de medidas cautelares, declarándola probada en parte, obligando como consecuencia a la Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro -ahora demandada-, tomar decisiones unilaterales como es señalamiento de una audiencia para el 13 de febrero de igual año, acto en el que se solicitó complementación del informe de la Secretaria del aludido Juzgado, sobre la presencia y notificación de las partes, informándose su cumplimiento y la inasistencia de dos víctimas; por lo que, no podía llevarse adelante, considerando que, según el art. 163 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la notificación para la aplicación de medidas cautelares debe realizarse de manera personal, a objeto de que los sujetos procesales fundamenten sus peticiones; por cuanto, dicho acto resultaría parte indisoluble de la aplicación de la citada medida; más aún, si en el Auto de Vista se cuestionó las notificaciones con la imputación efectuadas a las víctimas en el tablero del nombrado Juzgado, generando que los actos consecuentes carezcan de legitimación, pues si bien están representadas por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), el procedimiento jamás fue corregido conforme sostuvo la referida Resolución.
Por otra parte, su defensa técnica invocó el art. 88 del CPP, justificando la imposibilidad médica por la que atraviesa su persona al pertenecer a un grupo vulnerable, sin ser considerada por la autoridad judicial involucrando su imparcialidad, solo imponer una medida cautelar que jamás fue ordenada, presentándose en su domicilio a efectos de continuar con la audiencia como si su persona pudiese adivinar qué acontecería esta situación, asumiendo que se trasladarían a su domicilio; efectuando un razonamiento en sentido, de que no se le permitió tener acceso para luego disponer su declaratoria de rebeldía, disponiéndose la emisión del mandamiento de aprehensión que constituye una amenaza a su libertad, sin valorar el justificativo presentado conforme establece la SC "845/2005"; por lo que, la declaratoria de rebeldía resulta ilegal.
La acción de libertad, procede por lesión al debido proceso conforme estableció la que modula los entendimientos de la , así como las , , , , , entre otras. En el presente caso, se tienen cumplidos los dos presupuestos; toda vez que, el acto ilegal de no otorgarle valor al mencionado justificativo opera como la causa directa para la restricción de su derecho a la libertad y dio por sentado que conocía del nuevo señalamiento de la audiencia a realizarse en su domicilio; mientras que, el estado absoluto de indefensión, se da cuando la Jueza demandada libra un mandamiento de aprehensión posibilitando su eventual aprehensión, siendo que la Resolución dictada no fue advertida como susceptible de apelación.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Mostrando 13 de 64 parrafos.