0544/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0544/2019-S4 Sucre, 25 de julio de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional

Expediente: 27759-2019-56-AAC Departamento: Beni

En revisión la Resolución 02/2019 de 18 de febrero, cursante de fs. 319 a 322, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carla Cecilia Ortiz Quezada y Carlos Bello Ruiz contra Dolka Vanessa Gómez Espada y Omar Michel Durán; Juan Orlando Ríos Luna y Roxana Orellana Mercado, actuales y ex Consejeros del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 9 de enero de 2019, cursantes de fs. 29 a 35 y de subsanación de 15 del mismo mes y año (fs. 252 vta.), los accionantes expresaron los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Beni, fueron objeto de una denuncia disciplinaria presentada el 15 de julio de 2017, por la falta grave prevista en el art. 187.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, advirtiendo el Juez Disciplinario Primero de la Oficina Departamental de Beni del Consejo de la Magistratura, que de la revisión del legajo, se tuvo el memorial de 20 de abril de 2017, con su providencia de 25 del mismo mes y año, que en su contenido se observó la falta de alguna llamada de atención al Secretario de dicho Tribunal, por la inexistencia del acta de audiencia, motivo de la denuncia disciplinaria; entendiendo la autoridad disciplinaria que la inobservancia al deber de dirección del proceso, fue responsabilidad de Claret Llanos Martínez, Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Primero del citado departamento.

La referida autoridad disciplinaria, no valoró de manera fundamentada la declaración informativa del Secretario del Tribunal, quien manifestó que se le llamó la atención en audiencia de manera verbal, siendo la primera vez que fue amonestado, vulnerando lo establecido por la amplia jurisprudencia disciplinaria y constitucional sobre la fundamentación y motivación que debe contener una resolución, peor aún para sancionar a un funcionario.

Por otro lado, siendo más flagrante la lesión de la Resolución apelada; toda vez que, existió una eminente contradicción al sancionarle por la falta disciplinaria prevista en el numeral 2 del art. 187 de la LOJ, cuando la autoridad disciplinaria hizo mención a la jurisprudencia constitucional, que refiere que la responsabilidad de impulsar la acción disciplinaria, recae sobre la presidenta del proceso, estableciéndose así también en el parágrafo II del art. 52 del Código de Procedimiento Penal (CPP), estando ante una resolución incongruente.