0548/2022-S1

Tramitado el proceso, se emitió la Sentencia Disciplinaria 022/2019 de 10 de mayo, en cuyo relato decisorio se cambian los hechos motivo de la sanción, indicándose que si bien se cumplió con los plazos procesales para emitir las resoluciones; empero, habría retenido arbitrariamente el expediente en despacho por tres (3) días, pasando a Secretaría el expediente el 3 de diciembre de 2019 a horas 17:00, siendo esa supuesta demora indebida motivo de la sanción arbitraria e ilegal conforme a lo siguiente:

1. a)De la revisión de los datos y fechas del caso, se tiene la siguiente relación fáctica: la medida preliminar ingresó el viernes 23 de noviembre de 2018 a horas 14.35; el plazo para emitir resolución según el art. 212 del Código Procesal Civil (CPC) es de 5 días hábiles; por lo que, tenía hasta el viernes 30 de noviembre de 2018, la resolución fue emitida el martes 27 de noviembre de 2018; el expediente fue devuelto a Secretaría el lunes 3 de diciembre de 2018; en esa fecha, a horas 17:00 fue notificada la resolución a la interesada; asimismo, la vacación judicial inició el martes 4 de diciembre de 2018;
2. b)De la compulsa de estos datos, conforme a procedimiento, tenía el plazo de cinco (5) días para emitir resolución; es decir, hasta el viernes 30 de noviembre de 2018, plazo que fue cumplido, el hecho de haber devuelto el expediente a Secretaría del Juzgado el lunes 3 de diciembre de 2018, se enmarca dentro de los plazos previstos por ley; y,
3. c)El art. 187.14 de la Ley 025, establece el término "indebidamente" como elemento central de la retardación, omisión o negativa, extremo que no concurre en el presente caso, por cuanto el expediente ha sido devuelto a Secretaría dentro los cinco (5) días que le ley le confiere para resolver y tramitar esa causa, siendo por ello la sanción arbitraria, ilegal e injustificada; puesto que, si la Ley concede dicho plazo para emitir resolución, se debe asumir que ese es el plazo máximo que tiene para que el expediente se encuentre en su despacho bajo su cuidado y organización, extremo que no ha sido valorado por las autoridades demandadas.

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia:

1. a)Se deje sin efecto la Resolución SP-AP 298/2019 de 1 de agosto y la Resolución de 2 de marzo de 2021 diligenciada el 12 de julio de 2021, absolviendo y resolviendo el fondo de la pretensión jurídica planteada en base a los hechos y datos del proceso; y,
2. b)Se emita nueva resolución dentro de los marcos de razonabilidad, equidad y justicia.

Omar Michel Durán, Consejero del Consejo de la Magistratura, mediante Informe escrito cursante de fs. 415 a 425, así como en audiencia a través de su abogado y apoderado, expresó lo siguiente:

1. 1)En la Resolución SP-AP 298/2019, se realizó una valoración adecuada y correcta respecto de todos los elementos producidos dentro de la investigación, resultando evidente que el accionante de manera indebida retuvo el cuaderno procesal en su despacho si ningún justificativo;
2. 2)El solicitante de tutela trata de inducir en error al Tribunal de garantías respecto a actuados impertinentes que no le hacen al fondo de la conducta disciplinaria investigada y cuestionada. Asimismo, como se puede advertir de los antecedentes, en todo momento se resguardó el debido proceso, existiendo coherencia y congruencia entre lo denunciado y sancionado, encontrándose la Resolución impugnada debidamente fundamentada;
3. 3)No es posible invocar como falta de fundamento en una resolución la no mención a elementos totalmente impertinentes para la comprobación de los hechos objeto de procesamiento, peor si se omite explicar cómo aquella prueba resulta relevante y cómo y en qué dimensión podría servir de base para cambiar o modificar la decisión tomada por el juzgador; y,
4. 4)Quien alegue omisión valorativa o indebida valoración de pruebas como vulneración al derecho a una resolución debidamente fundamentada, debe acreditar previamente la relevancia de dicha prueba en la demostración de los hechos objeto de procesamiento, así, en el caso presente, en todas las instancias disciplinarias, incluida la resolución de cierre que es la única que puede ser cuestionada en la jurisdicción constitucional, se consideró toda la prueba relevante para dicho objeto, pretendiendo el accionante construir una situación de supuesta vulneración sobre la base de aspectos y elementos que carecen en absoluto de relevancia en el proceso; por lo expuesto, pide se proceda a denegar la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 105/2021 de 12 de agosto, cursante de fs. 451 a 457, denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. i)El Tribunal de garantías no puede ingresar a juzgar el criterio jurídico empleado por las autoridades judiciales ni administrativas a tiempo de la definición de un caso, ya que lo contrario, atentaría el principio de la autonomía judicial y administrativo; es decir, que no podría este Tribunal ingresar a analizar respecto de si la Ley concede el plazo o término de cinco (5) días para dictar la resolución y si la emitida por el accionante está dentro de estos parámetros, o si el expediente ha sido devuelto a Secretaría dentro de los plazos consignados por la ley y tampoco puede hacer referencia a la normativa aplicable en específico, cual es el art. 187.14 de la LOJ, o el término "indebidamente" y menos analizar su alcance, ya que esa facultad es privativa, como se dijo de las autoridades jurisdiccional ordinaria y administrativa; sin embargo, ello no implica que la jurisdicción constitucional no pueda abrir su competencia a fin de verificar si en esa labor interpretativa se vulneraron derechos fundamentales, esto justamente con el objeto de velar por la vigencia y respecto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; empero, para ello debe existir la carga argumentativa conforme estableció la SCP 0023/2018 de 8 de marzo², extremo que en el caso de autos no se cumple; razón por la cual el Tribunal de garantías no puede ingresar a analizar ese tópico de la interpretación de la legalidad ordinaria;
2. ii)La parte accionante también afirma que, en la Resolución ahora cuestionada: ii.a) No se valoró razonablemente el plazo de cinco (5) días que la ley le confiere para custodiar el expediente en su despacho; ii.b) No se valoró que el expediente fue devuelto a Secretaría dentro de las veinticuatro (24) horas de vencido el plazo de cinco (5) días; ii.c) No se valoró las pruebas descritas en fs. 44 y 112; ii.d) No se valoró el recurso de apelación así como la solicitud de enmienda y complementación; y, ii.e) No se valoró que el plazo de tres (3) días de retención del expediente no debe entenderse como retardación injustificada, por cuanto existe carga procesal en los juzgados. A este respecto, es necesario señalar que la valoración de la prueba, es tarea propia de la jurisdicción ordinaria o administrativa; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de su jurisprudencia como la referida en la SCP 0238/2018-S2 de 11 de junio, abrió la posibilidad de que la jurisdicción constitucional pueda realizar el control tutelar cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, dicho de otra forma, esta jurisdicción solo podrá ingresar a su revisión cuando la parte peticionante de tutela demuestre qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad, cuáles no fueron recibidas, o basaron su decisión en pruebas inexistentes; en el sub lite si bien es cierto que ese requisito no ha sido cabalmente cumplido por el accionante; empero, de alguna manera hizo referencia al respecto. En ese sentido y con relación a la no valoración referida en los puntos ii.a), ii.b) y ii.e) antes descrito, se tiene que los mismos están íntimamente ligados a la interpretación de la legalidad ordinaria, por cuanto se refieren a los plazos para dictar esa clase de resoluciones y para la devolución del expediente, razonamiento que como se dijo es una facultad privativa de las autoridades jurisdiccionales administrativas;
3. iii)Sin embargo de lo anterior, precisar, solo a mayor abundamiento, con relación a la valoración de la prueba que de la revisión del memorial de apelación de 20 de mayo de 2019, la parte accionante señaló lo siguiente: "(...) no se ha reconocido el valor y eficacia jurídica que la Ley otorga a los documentos públicos que aporté como prueba, esencialmente el auto de 27 de noviembre de 2018, pronunciado dentro del trámite preliminar intentado por la denunciante, dentro del plazo legal, es decir, 5 días que prevé el art. 212 del Código (...), (...) el plazo para emitir esa resolución se cumplía el viernes 30 de noviembre de 2018 a horas 18.30 y con el argumento de que con mi omisión cometí la falta disciplinaria que se me acusa. Nada de esto coincide con la verdad de los hechos que resultan ser que el auto de 27 de noviembre de 2018 se pronunció dentro el plazo legal, que con esta resolución fue notificada la denunciante el día viernes 03 de diciembre de 2018 en tablero de secretaría por tener ahí constituido su domicilio procesal (...). Respecto a este cuestionamiento, la resolución emitida por los ahora demandados señaló lo siguiente: "(...), el juez disciplinario conforme el art. 7 par., VII del acuerdo N° 020/2018, llega a verificar los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, es decir, recurriendo a la sana crítica y razonada asume una determinación en el sentido de que el Auto cuestionado si bien está suscrito en fecha 27 de noviembre de 2018, sin embargo por los antecedentes llega a la conclusión de que la mencionada resolución sale de despacho el 03 de diciembre de 2018 a horas 17:00, lo cual no significa que no se está desconociendo el Auto mencionado, sino que el mismo ha tenido un curso como el que señala, porque es acreditado por los mismos funcionarios de apoyo jurisdiccional que están a cargo del registro de libros(...); en otra parte señala que: "(...) del cuaderno disciplinario con rótulo de Libro de Causas Preliminares se evidencia que el memorial de 23 de noviembre de 2018 presentado por la denunciante en el juzgado cuestionado, el mismo sale de despacho del juez con auto de rechazo en fecha 03 de diciembre de 2018 a horas 17:00, entonces esos actos acreditados fueron tomados en cuenta por el juez disciplinario para llegar a la decisión asumida; consecuentemente de los fundamentos establecidos se advierte que, las autoridades demandadas, realizaron una explicación clara al establecer el valor que le asignan a los medios probatorios, por lo que no se advierte que se hayan apartado de la razonabilidad y equidad a momento de valor la referida prueba;
4. iv)Por otro lado, si bien el accionante alega que no se habría valorado la prueba presentada a fs. 112 del citado proceso de medida preparatoria, es decir el informe de 24 de enero; empero, de la revisión íntegra del memorial de apelación y memorial de aclaración y enmienda, no se advierte que respecto a esa prueba haya hecho reclamación alguna; por lo que, las autoridades demandadas no han tenido la oportunidad de emitir pronunciamiento alguno al respecto y, si esto es así, bajo el principio de per saltum, no podría este Tribunal de garantías considerar en esta resolución; y,
5. v)La resolución cuestionada, contiene una fundamentación razonable, esto acorde a los agravios denunciados en el recurso de apelación, expresando un criterio argumentativo puntual y fundado, más aún, si se toma en cuenta que un fallo motivado no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino una estructura de forma y fondo, pudiendo ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados; que, con relación al principio de seguridad jurídica, al ser un principio, no puede ser tutelado por la acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derecho fundamentales.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizaran los siguientes temas:

1. a)Sobre el derecho al debido proceso y su aplicación al ámbito administrativo sancionador;
2. b)La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso;
3. c)Sobre la interpretación de la legalidad ordinaria;
4. d)Sobre la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y,
5. e)Análisis del caso concreto.

...respecto al ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria del Estado, se desprenden dos temas, que se sustentan en normas constitucionales-principios del nuevo modelo de Estado:

1. 1)El fundamento de su ejercicio; y,
2. 2)Los límites a ese ejercicio, que encuentran una barra de contención en el respeto de garantías mínimas, siendo una de ellas, el debido proceso.

1. 1)El ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, en el ámbito disciplinario, permite a la administración pública en sus distintos órganos e instituciones del nivel central y de las diferentes entidades territoriales autónomas imponer sanciones a sus servidoras y servidores públicos para garantizar que se cumplan los fines y funciones esenciales del Estado previstos en la Constitución y la ley conforme refiere el art. 9 de la CPE, siendo ese su fundamento. En efecto, son la Constitución, la legislación y reglamentación del nivel central y de las entidades territoriales autónomas que en ese cometido le confieren a la administración pública la potestad y facultad de aplicar, en vía disciplinaria, diversos tipos de sanciones a sus servidoras y servidores públicos.

1. 2)Ahora bien, el ejercicio de la potestad de las entidades públicas de imponer sanciones disciplinarias a sus propios servidores públicos, está subordinado y limitado al respeto de determinadas garantías mínimas, entre ellas, la garantía del debido proceso, por cuanto ello controla y limita el campo de acción de la potestad sancionadora del Estado, a efectos de evitar una actividad arbitraria de la administración pública que se torne en ilícita. Ello, en aras de la búsqueda de la materialización de los valores, en los que se sustenta el Estado Constitucional de Derecho Plurinacional Comunitario e Intercultural (art. 8.II de la CPE), que en lo conducente, al ámbito sancionador disciplinario, principalmente son el de justicia y armonía.

Respecto al contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre2, desarrolló las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, ya sea judicial, administrativa o cualesquier otra, que resuelva un conflicto o una pretensión:

1. i)El sometimiento manifiesto a la Constitución Política del Estado, conformada por: i.a) La Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, i.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia de los principios de constitucionalidad y de legalidad;
2. ii)Lograr el convencimiento de las partes, que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa el valor justicia y los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. iii)Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación;
4. iv)Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad; posteriormente, a través de la SCP 0100/2013 de 17 de enero²3, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; cual es:
5. v)La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la obligación que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos.

Con relación a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. 1)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. 2)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. 3)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. 4)Por la falta de coherencia del fallo, se da: 4.i) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, 4.ii) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio4, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio5, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre6, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo7 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.