Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0550/2025-CA Sucre, 27 de noviembre de 2025
Expediente: 76955-2025-154-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz
En consulta la Resolución 011/2025 de 16 de septiembre, cursante de fs. 403 a 409, pronunciada por el Tribunal Disciplinario Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana, que resolvió rechazar la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Rodolfo Canaviri Mamani, Abdón Zenón Mendoza Flores y Rudy Vidal Zapata Pachuri, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 102 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana y 33 del Reglamento de la Fiscalía Policial, por ser presuntamente contrarios a los arts. 14.II y III, 46.I.2 y II, 49.III, 115.II, 116.I, 117.I, 119.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memoriales presentados el 15 y 16 de septiembre de 2025, cursante de fs. 389 a 396, y 398 y vta., los accionantes manifiestan que, dentro del proceso administrativo policial 188/2025, se les inició una investigación bajo el procedimiento especial por flagrancia y/o connotación institucional, en relación a un supuesto hecho ocurrido el 6 de mayo de 2025, por el cual fueron acusados por la presunta comisión de faltas graves tipificadas en los arts. 12 numerales 5, 25 y 34; 13 numeral 20; 14 numerales 3, 5 y 8; y, 102 de la LRDPB; sin embargo, los hechos que originaron dicho proceso no configuran flagrancia.
El proceso disciplinario tuvo origen en una causa penal tramitada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la zona los Tusequis; en el cual, no se demostró la existencia del delito ni falta disciplinaria; no obstante, el art. 12 de la LRDPB, continua siendo aplicado en la práctica forense, incluso cuando no concurren los elementos objetivos y subjetivos de flagrancia, convirtiéndose así en un mecanismo utilizado por el sistema disciplinario para restringir el ejercicio del derecho a la defensa y acelerar la imposición de sanciones, como la baja definitiva e inmediata de la institución policial. La imposición de abogados de oficio -también funcionarios policiales-, les impidió ejercer una defensa técnica plena, especialmente considerando que el plazo de cuarenta y ocho horas previsto en el procedimiento resulta insuficiente para ello.
Adicionalmente, denuncian que el Fiscal Policial, excedió el plazo máximo legal de cuarenta y ocho horas para concluir la fase investigativa, continuando con actos procesales posteriores -citaciones, declaraciones, informes y acusaciones-; lo que, a su juicio, acarreó la nulidad de pleno derecho de dichas actuaciones; en ese marco, dicha autoridad policial, asumió conocimiento el 28 de agosto de 2025 a horas 13.03; de acuerdo al oficio de remisión, fue enviado el 1 de septiembre del mismo año a horas 21.40, infiriendo que las cuarenta y ocho horas concluía el 30 de agosto del citado año a horas 13.03, habiendo sobrepasado cincuenta y seis horas con cuarenta minutos; durante ese plazo, el Fiscal Policial, continuó realizando actos investigativos.
De igual forma, observan que se aplicó de forma indebida el art. 33 del Reglamento de la Fiscalía Policial Boliviana, pese a que dicho instrumento carece de rango legal, lo que contraviene, la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana como la constitución política del Estado, al permitir la suspensión de actos investigativos sin fundamentos suficientes, vulnerando con ello los principios de legalidad y jerarquía normativa.
Cuestionan que el procedimiento aplicado en el proceso afecta directamente el derecho a la defensa, ya que no otorga el plazo ni los medios razonables para preparar una defensa efectiva; además, impone un defensor sin posibilidad de elección; lo cual, limita el derecho fundamental garantizado por la Ley Fundamental como por la Convención Americana de Derechos Humanos; en ese contexto, sostienen que también se transgredió el principio de presunción de Inocencia; ya que, al aplicarse de manera anticipada el procedimiento sancionador sin esperar una sentencia ejecutoriada en la vía penal, se invierte la carga de la prueba, considerándolos culpables desde el inicio, restringiendo el derecho de defenderse adecuadamente.
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