Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0551/2019-S2 Sucre, 17 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 27553-2019-56-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 02/2019 de 8 de febrero, cursante de fs. 92 a 97, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edgar Damián Leaños Arancibia contra Esteban Miranda Terán y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 17 y 24 de enero de 2019, cursantes de fs. 31 a 37 vta. y 40 a 41 vta., el accionante expresa los siguientes argumentos:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Desde el 2001, desempeñó funciones de forma ininterrumpida en el Magisterio Boliviano, en el turno de la noche como profesor del Centro Educativo de "Puerto Suárez", tareas que sigue desarrollando en la actualidad. Por otra parte, trabajó en la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), ejerciendo varios cargos hasta su ilegal separación determinada en forma posterior al desarrollo de un "viciado" sumario administrativo que fue impugnado en todas sus fases y que concluyó con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico 0015/2016 de 15 de enero, determinando supuesta doble percepción de salarios provenientes del tesoro nacional; lo que motivó que formule demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia, instancia que, a través de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera, compuesta por los Magistrados codemandados, dictó la Sentencia 76 de 2 de agosto de 2018, declarando improbada su demanda, considerando que sí existió doble percepción de salarios y que su destitución se ejecutó en el marco de la normativa idónea ajustándose al debido proceso, dando validez así a la Resolución de recurso jerárquico precitada.
Cuestiona, en ese sentido que, la Sentencia 76, estableció que la problemática planteada radicaba en determinar si la Resolución Jerárquica antes nombrada, se enmarcaba en la legalidad al definir la doble percepción, aplicando normativa de forma correcta respetando el debido proceso, estableciendo que la doble percepción de salarios se configura cuando los pagos provienen de dos instituciones que administran fondos públicos, citando leyes y Decretos Supremos, en especial, el art. 34 del Decreto Supremo (DS) 1460 de 10 de enero de 2013, que prohíbe la doble percepción de remuneraciones por concepto de ingresos como servidor público, obviando lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y que por mandato constitucional instituido en el art. 13 y del principio pro hómine, deben aplicarse las normas más favorables al procesado evitando aquellas restrictivas, acudiendo en todo caso a la Norma Suprema y al bloque de constitucionalidad, antes que a normas infra constitucionales.
En ese sentido, resalta además que la Sentencia 76, no explica o detalla cuáles los alcances de la doble percepción de salarios, interpretando de forma arbitraria leyes y decretos sin referirse inicialmente a la Constitución Política del Estado, al bloque de constitucionalidad y a la jurisprudencia constitucional; así, aduce que los Magistrados codemandados no consideraron que el art. 236.I de la CPE, de aplicación preferente a otras normas legales, establece que son prohibiciones para el ejercicio de la función pública, desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo, advirtiéndose tres elementos para la concurrencia de una doble percepción; siendo éstos:
- a)El supuesto infractor debe ser funcionario público y desempeñar funciones en dos instituciones públicas;
- b)Los dos sueldos deben provenir de recursos públicos; y,
- c)Ambos cargos deben ser a tiempo completo; elementos claramente identificados en la jurisprudencia constitucional contenida en la "SCP" 0009/2015 de 14 de junio, reiterada por las , y , entre otras, que determinaron que la prohibición contenida en el art. 236.I de la CPE, debe ser aplicada de forma general en todo el sector público; y, que por defecto entonces, es posible ejercer otra función pública siempre que una no sea a tiempo completo y la suma de ambos salarios no exceda el salario mensual del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, no restringiendo por ende, la Ley Fundamental dicho extremo, en protección del derecho al trabajo; por lo que, mal una norma infra constitucional podría restringir el ejercicio simultáneo de funciones públicas en otro sentido.
Conforme a lo antes expuesto, enfatiza que, si bien desempañaba funciones en dos entidades públicas, no desarrolló ambas a tiempo completo, siendo los horarios de trabajo disímiles no sobreponiéndose uno con el otro, no existiendo por ende, doble percepción de salarios completos ni incompatibilidad de horarios en los términos entendidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, siendo los fallos constitucionales plurinacionales vinculantes a su caso; debiendo considerarse de igual forma que, la suma de sus dos salarios, en AASANA de Bs8788,42.- (ocho mil setecientos ochenta y ocho 42/100 bolivianos) y en el Magisterio de Bs4563.- (cuatro mil quinientos sesenta y tres), arrojaban el monto de Bs12 751,42.- (doce mil setecientos cincuenta y uno 42/100 bolivianos), no superando el salario del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia; no habiendo vulnerado norma alguna habiendo efectuado ambos trabajos en busca de generar mayores recursos que le den calidad de vida a su persona y a su familia; cuestión avalada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que por certificación MEFP/DGAJ/Prov./N°945/2016 de 10 de agosto, desvirtuó la doble percepción que le fue atribuida en el sumario administrativo; aspectos que no fueron considerados al decidir la destitución del cargo que ejercía en AASANA y en forma posterior por los Magistrados codemandados, en desconocimiento de todo lo referido y de los alcances al respecto instituidos en la Constitución Política del Estado.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Estima lesionados sus derechos al debido proceso, al trabajo y a la estabilidad laboral, además del principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 46.I.1 y 2, 49.III, 115.II, 117.I y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto la Sentencia 76 de 2 de agosto de 2018, emitida por los Magistrados codemandados, ordenando que emitan un nuevo fallo en observancia a los fundamentos expuestos en la acción tutelar deducida.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa, fue realizada el 28 de febrero de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 88 a 92, produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
Mostrando 20 de 97 parrafos.