0552/2022-S3

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia:

1. a)Se disponga el cumplimiento de la RM 143/21 y se ordene a la empresa accionada, la reincorporación inmediata a su fuente laboral, al mismo puesto de trabajo que ocupaba y con igual salario que percibía al momento de su retiro, reconociéndole además los salarios devengados y otros derechos laborales; y,
2. b)Se le otorguen garantías constitucionales, con la finalidad de no ser acosado ni discriminado laboralmente, removiéndole a un puesto laboral distinto al que tuvo en el instante del retiro ilegal con el fin de no ser obligado a renunciar.

El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia manifestó que:

1. 1)Se debe aplicar el principio del estándar más alto que conlleva la aplicación preferente del cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, que en el presente caso fue ordenada mediante RM 143/21;
2. 2)En el trámite administrativo de su reincorporación laboral y en los recursos de revocatoria y jerárquico que interpuso, se cumplió con el derecho al debido proceso; el cual también se hizo presente en el planteamiento del incidente de nulidad presentado por la empresa accionada ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social;
3. 3)Para forzar un despido justificado se alega que fue despedido por una situación de fuerza mayor el 21 de enero de 2020, siendo que la emergencia sanitaria recién inicio en el mes de marzo de ese año;
4. 4)La empresa accionada reconoció que se encuentra operando y no inició su trámite de liquidación; en tal sentido, fue injustificado su despido; y,
5. 5)Respecto a la aplicación de la estabilidad laboral reforzada en trabajadores con capacidades diferentes, su persona ingresó a trabajar a la empresa accionada el año 2009 y cuando ejercía las funciones como Ayudante de Boca de Pozo sufrió un accidente laboral que le ocasionó una hernia de disco y por ese motivo la empresa accionada, le cambió de cargo a Operador, siendo esa la última función que desempeñaba, cumpliendo su labor en las oficinas de dicha empresa, situación que la misma reconoció y es evidente por los informes médicos que recomendaron el trámite de la invalidez temporal o permanente de su persona.

La empresa de Servicios Petroleros Marlín Bolivia Ltda., a través de sus representantes legales, mediante informe escrito cursante de fs. 290 a 292, así como en audiencia, manifestó que:

1. i)El impetrante de tutela y un significativo número de trabajadores de la empresa aludida fueron desvinculados el 21 de enero de 2020, por cuestiones de fuerza mayor, al no encontrarse realizando operaciones y no contar con ningún contrato de prestación de servicios e incluso encontrarse con grandes pérdidas económicas como lo acreditan los balances correspondientes; razones que fueron expuestas en el "memorando de desvinculación" y eran de conocimiento previo del personal;
2. ii)Dentro del término establecido por ley se dio cumplimiento al pago de beneficios sociales de todos aquellos trabajadores desvinculados conjuntamente con el peticionante de tutela, a quien se solicitó se apersone a realizar su cobro respectivo; empero, se negó a recibir dichos beneficios sociales y acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, solicitando una reincorporación improcedente, entidad que declinó competencia, por Resolución de 9 de marzo de igual año; acto administrativo que fue confirmado mediante RA JDTSC/F.R.C/R.R. 047/2020; sin embargo, a través de la RM 143/21 de manera arbitraria e improcedente se instruyó la reincorporación del prenombrado, sin considerar la inexistencia del puesto -de trabajo- a efectos de que sea viable esa reincorporación. Cabe advertir que se interpuso un incidente de nulidad contra la citada Resolución Ministerial que se encuentra pendiente de resolución;
3. iii)El accionante no adjuntó ni mencionó el informe de verificación de reincorporación laboral emitido por dicha Jefatura; puesto que de apersonarse un Inspector de la referida Jefatura a las dependencias de la empresa accionada, lograría evidenciar la falta de operaciones y la inexistencia del puesto de trabajo que el impetrante de tutela ocupaba;
4. iv)Se debe considerar la improcedencia de la acción de amparo constitucional, por cuanto se trata de un hecho controversial, existiendo un incidente de nulidad pendiente de resolución, conforme fue verificado por el Inspector de Trabajo de la citada Jefatura, además de no existir en la actualidad el puesto o cargo que ocupaba el peticionante de tutela debido a la inoperatividad de la empresa accionada producto de las pérdidas acaecidas, no contando en la actualidad con ningún contrato de prestación de servicios; y,
5. v)La empresa entró en una iliquidez para seguir operando en el rubro que se desempeñaba y no tiene ninguna licitación para poder trabajar. Se tuvo que vender las maquinarias más importantes con las que contaba para prestar sus servicios, con la finalidad de pagar los beneficios sociales, indemnizaciones y desahucios a sus trabajadores; por ello, el motivo de la falta de reincorporación del accionante es por fuerza mayor, ya que en la actualidad no se cuenta con ningún trabajo, ni obreros y la empresa no está funcionando, presentando como prueba documental los balances financieros que demuestran la iliquidez que tiene la citada empresa y el déficit que viene sufriendo desde el año 2017 "hasta la fecha". Por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -con la aclaración que se convocó a la Vocal de su similar Primera para que emita su voto dirimidor- mediante Resolución 59/2021 de 7 de abril, cursante de fs. 343 a 347 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la empresa accionada en el plazo de veinticuatro horas proceda a la reincorporación del impetrante de tutela a su fuente laboral y el pago de los sueldos devengados, así como los beneficios que le pudieran corresponder; bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Si bien la jurisprudencia constitucional indica que cuando existe una causa de fuerza mayor o un justificativo, por el cual la empresa o el empleador no puedan dar cumplimiento a la Conminatoria de reincorporación laboral; en esos supuestos, se podrá denegar la tutela solicitada. En ese contexto, la empresa accionada justifica plenamente que no puede dar cumplimiento a la citada Conminatoria; sin embargo, en el presente caso además de lo indicado, de acuerdo a los antecedentes se tiene que el peticionante de tutela sufrió una "lesión laboral", que merece un tratamiento preferencial y que hace que se contrapongan los derechos y justificativos que pudiera alegar la empresa accionada, con la situación de salud y lesión que sufrió el accionante; y,
2. b)Realizando la ponderación de derechos, se considera frente a los hechos descritos, que la jurisdicción constitucional puede proteger los derechos del impetrante de tutela, no solo respecto a la reincorporación laboral antes señalada, sino también considerando la situación de la empresa accionada y valorando fundamentalmente el estado de salud que atraviesa dicho peticionante de tutela.