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TCP

0552/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0552/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0552/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de cumplimiento

Expediente: 66866-2024-134-ACU Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 64/2024 de 22 de marzo, cursante de fs. 79 a 81, pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por José Eugenio Mogro Ayarde contra Juan José Zúñiga Macías, Presidente del Tribunal de Personal del Ejército y Comandante General del Ejército de Bolivia. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda. Por memorial presentado el 4 de marzo de 2024, cursantes de fs. 17 a 20 vta., el accionante manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción. Mediante memorial de 27 de abril de 2023, solicitó a los Vocales del Tribunal de Personal del Ejército, su restitución a la reserva activa con el objeto de completar los aportes faltantes para cumplir los treinta y cinco años de servicio efectivo y acceder a una pensión de vejez -jubilación- como miembro de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) conforme el Reglamento de la Reserva Activa y situación de Disponibilidad CJ-RGA-230 y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA). Dicha solicitud la realizó debido a que, con carácter previo, mediante Memorándum DPTO. I ADM.RRHH.DIACADE 603/14, el Comandante de Ejército dispuso su destino temporal a la Letra "A" de Disponibilidad para que tramite su jubilación sin tomar en cuenta que no cumplía los treinta y cuatro años de servicio requeridos para el efecto, destino que implica la suspensión de haberes mensuales y de la atención de salud en el Seguro Militar, sin considerar su edad ni su grave estado de salud, acreditado con certificados médicos de la Cooperativa del Seguro Social Militar (COSSMIL) adjuntos a su solicitud. Juan José Zúñiga Macías, en su condición de Presidente del Tribunal de Personal del Ejército y Comandante General del Ejército, de manera arbitraria y usurpando funciones que no le correspondían, respondió a dicha solicitud mediante oficios Dpto. I-PERS.STRIA.TPE. N° 100/23 y Dpto. I-PERS.STRIA.TPE. N° 101/23, ambos de 17 de mayo, señalando que, según el Reglamento del Tribunal del Personal de las Fuerzas Armadas CJ-RGA-240, el Tribunal de Personal del Ejército en calidad de órgano colegiado, no tiene competencia para considerar y decidir su caso. En ese contexto, en fecha 12 de junio de 2023, reiteró la solicitud ante el Tribunal de Personal del Ejército, acompañando copia del memorial presentado el 27 de abril de 2023, pero nuevamente mediante oficios Dpto. I-PERS.STRIA.TPE. 239/23 y Dpto. I-PERS.STRIA.TPE. 240/23, ambos emitidos el 27 de julio, obtuvo la misma respuesta, aclarando además que, la Resolución Bi-ministerial 003 de 15 de diciembre de 2013 es la norma que regula el proceso de jubilación de los miembros de las FF.AA. Mediante memorial de 15 de agosto de 2023, solicitó al Presidente del Tribunal de Personal del Ejército -ahora demandado-, la remisión correspondiente del mencionado memorial de fecha 27 de abril de igual año y las pruebas adjuntas, al Tribunal de Personal del Ejército, bajo alternativa de iniciar acciones legales, penales y constitucionales. Dicha solicitud, fue respondida a través de oficios Dpto. I-PERS.STRIA.TPE. N° 380/23 y Dpto. I-PERS.STRIA.TPE. N° 381/23 ambos de 5 de septiembre, en los que señaló que, en atención a las solicitudes presentadas previamente, ya se emitió respuesta haciendo conocer que el Tribunal de Personal del Ejército, no tiene competencia para considerar y resolver las solicitudes de reincorporación al Servicio Activo del personal militar que se encuentra en situación pasiva y, de ser resuelta fuera del marco del debido proceso, sería susceptible de nulidad, conforme lo establecido por el art. 42 del Reglamento del Tribunal de Personal de las FF.AA. CJ-RGA-240; consiguientemente, sin ingresar al fondo, no se admitió la solicitud. Las solicitudes fueron dirigidas al Tribunal de Personal del Ejército, que conforme a los arts. 2 y 3 del referido reglamento, tiene competencia y es el máximo organismo de administración de personal; sin embargo, el demandado impidió que conozca, sustancie y resuelva su solicitud, negándole remitir la misma para que el Vocal Relator informe al Tribunal sobre la documentación recibida y el Secretario de Actas elabore la agenda de los asuntos a tratar, conforme los arts. 21 inc. d) y 23 inc. d) del citado Reglamento. I.1.2. Norma legal presuntamente incumplida Denunció el incumplimiento de los arts. 2, 3, 21 inc. d) y 23 inc. d) del Reglamento del Tribunal del Personal de las Fuerzas Armadas CJ-RGA 240, así como la lesión de su derecho a la defensa, al debido proceso, a la jubilación, a la salud, a la alimentación y a la educación de sus hijos, citando en este último caso los arts. 37, 45.IV, 115 y 122 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga la remisión del memorial de solicitud de restitución a la reserva activa, junto a las pruebas acompañadas, ante el Tribunal de Personal del Ejército. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública el 22 de marzo de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 75 a 78; se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su acción de cumplimiento. I.2.2. Informe de la parte demandada Juan José Zúñiga Macías, Presidente de Tribunal de Personal del Ejército y Comandante General del Ejército, por intermedio de sus representantes, a través de informe escrito cursante de fs. 71 a 74 vta.; y, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela; argumentando que:

  1. a)El accionante busca que se tutele su derecho al derecho al debido proceso, a la defensa, a la jubilación, a la salud, a la alimentación y a la educación de sus hijos, los cuales no pueden ser tutelados por la acción de cumplimiento cuya finalidad es procurar el cumplimiento de una norma constitucional o la Ley;
  2. b)El art. 16 del Reglamento del Tribunal de Personal del Ejército CJ-RGA-240, establece que dicho órgano tiene entre sus atribuciones especiales, considerar y aprobar ascensos y propuestas de retiro obligatorio; verificar el cumplimiento de requisitos para ascensos; calificar y aprobar cuadros de calificaciones del personal militar; adoptar decisiones disciplinarias; así como conocer y resolver casos de inconducta profesional que afecten la estabilidad institucional, la jerarquía y la disciplina; asimismo, el art. 17 del citado Reglamento prevé que el Tribunal podrá considerar y decidir situaciones relacionadas con la aplicación de disposiciones de la Ley Orgánica de las FF.AA., particularmente en materia de retiro voluntario y licencia máxima. A su vez el art. 26 regula el procedimiento de intervención del Tribunal, estableciendo que el Comandante General del Ejército podrá disponer su intervención cuando lo considere necesario, siendo esta una facultad de carácter discrecional y no imperativa, condicionada a la existencia de antecedentes como sumarios informativos militares o informes legales;
  3. c)No se negó de manera arbitraria la remisión del caso al Tribunal de Personal, sino que dicha determinación obedeció a la falta de competencia de dicho órgano para conocer el caso concreto, al no encontrarse dentro de sus atribuciones específicas;
  4. d)En cuanto a la Resolución Bi-Ministerial 003 de 15 de diciembre de 2016, ésta establece que determinados miembros de las FF.AA. deben acogerse a la pensión de vejez o pensión solidaria de vejez conforme a la Ley de Pensiones, excluyendo el acceso a la fracción complementaria a quienes hubiesen sido objeto de retiro obligatorio, retiro voluntario o licencia máxima; y,
  5. e)El accionante no precisó de manera concreta la norma jurídica supuestamente vulnerada, limitándose a invocar disposiciones de manera general, centrando su conflicto jurídico en una presunta vulneración a derechos fundamentales, los cuales deben eventualmente tutelados por una acción de amparo constitucional y no por medio de una acción de cumplimiento. I.2.3. Resolución La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 64/2024 de 22 de marzo, cursante de fs. 79 a 81, denegó la tutela impetrada, señalando que:
  6. 1)El objeto procesal en la acción de cumplimiento es la observancia expresa de la Constitución y la ley, no está diseñada para garantizar derechos o garantías, sino accesoriamente; está destinada al cumplimiento del principio de seguridad jurídica y certeza de la ley, es un tipo de acción de control normativo; y, el accionante en este contexto no identificó ninguna disposición normativa;
  7. 2)La denuncia de lesión al debido proceso y al derecho a la defensa, descarta de inicio la posibilidad de debate en la acción de cumplimiento, no por voluntad de la Sala, sino por voluntad del legislador el cual en art. 66.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo) prevé que la acción de cumplimiento no procederá en procesos o procedimiento propios de la administración, en los cuales se vulneren derechos y/o garantías constitucionales tutelados por otra acción tutelar; y,
  8. 3)En cuyo caso, probablemente la acción tutelar debiese ser el amparo constitucional en el caso del derecho de petición u otra, identificando un supuesto lesivo, pero nunca una acción de carácter normativo como esta. I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

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