0553/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0553/2019-S4 Sucre, 25 de julio de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional

Expediente: 27810-2019-56-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 004/2019 de 21 de febrero, cursante de fs. 150 a 153 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Reyna Vania Aguilar Rojas contra Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa; Fiorela Benita Quispe Chambi, Directora de Talento Humano; y, Sarandy Encinas Fernández, Autoridad Sumariante, todas del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de febrero de 2019, cursante de fs. 29 a 37, la accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante contratos de consultoría individual "DCH 04/2014" -siendo lo correcto DCH 0452/2014- de 2 de enero, DCH 1967 23 de abril de 2014 y DCH 0394/15 de 13 de abril de 2015, modificado por contrato ampliatorio "DCH 0394/2015", prestó sus servicios como Supervisora de Obra en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz del 2 de enero al 31 de marzo, del 23 de abril al 31 de diciembre de 2014; y, del 12 de enero al 10 de julio de 2015; sin embargo y pese al fenecimiento del término establecido para la relación laboral, continuó ejerciendo sus funciones de manera gratuita y bajo la promesa de que le sería otorgado un ítem en la señalada entidad, hasta agosto del citado año; ofrecimiento que no se hizo efectivo debido al cambio de autoridades.

En este contexto y encontrándose pendiente de cierre una obra por vencimiento de plazo, no obstante de que se trataba de un tema ajeno a sus funciones, solicitó documentación inherente al asunto tanto al Supervisor a cargo, como también a la oficina correspondiente del área legal; pretensiones que no fueron atendidas; es así que por motivos de salud vinculados a su deseo de ser madre y siendo que el contrato de trabajo había caducado y no se efectivizó la contratación definitiva prometida, dejó de trabajar.

Posteriormente, mediante contrato de personal eventual DTH/P 3651/2018, del 8 de marzo vigente al 31 de diciembre, reingresó a la entidad edil en el mismo cargo que ejercía con anterioridad, ejerciendo sus funciones con ética y en base a la experiencia adquirida con anterioridad; empero, en el mes de agosto y luego de dos pruebas de embarazo, constató su tan anhelado estado de gestación haciéndolo a su vez público.

El 24 de agosto de 2018, después de transcurridos dos días de haber pregonado su futura maternidad, le fue entregado un Memorándum de despido por un supuesto proceso sumario sustanciado en 2015; en estas circunstancias y siendo que nunca conoció del procedimiento seguido en su contra, remitió una nota a la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto departamento de La Paz, solicitándole se la mantenga en sus funciones; misiva que no recibió respuesta, en detrimento de su derecho a la petición.

Es así que habiendo requerido fotocopias del expediente, asumió conocimiento de la Resolución Final de Sumario Administrativo Interno GAMEA/SUM/217/17 de 8 de diciembre de 2017, que también había sido remitida a la Contraloría General del Estado a efectos de su inscripción en el correspondiente registro, por lo que hizo notar que el referido proceso, había sido sustanciado sin habérsele notificado con actuado alguno y cuestionando el porqué, si existía una prohibición expresa de contratarla, se había procedido a entablar la relación laboral vigente; además de ello, se percató de que existía un coprocesado, que era precisamente el Supervisor de obra a quien solicitó documentación que no le fue entregada, siendo que a éste sí se lo comunicó, otorgándole el derecho a la defensa, en cuyo ejercicio formuló recurso de revocatoria, demostrando que no existió daño económico al Estado y que se habían cumplido con los plazos.

Debiendo resguardar la vida del ser por nacer, al tratarse de un embarazo de alto riesgo, fue obligada por su esposo a descansar; sin embargo, el 12 de septiembre de 2018, al apersonarse a su seguro de salud a efectos de realizarse exámenes complementarios, éstos le fueron negados al no contar con la última boleta de pago correspondiente el mes de agosto, viéndose obligada a acudir a un centro de salud privado, donde se le extendió el carnet prenatal.

En enero de 2019, cuando finalmente pudo contratar los servicios profesionales de un abogado que, luego de revisar los documentos del proceso sumario, evidencia la negligencia de los funcionarios ediles al no haberla notificado personalmente con el mismo, dejándola en estado de indefensión al haber procedido a su citación mediante edictos, cuando en los contratos suscritos se encontraba plenamente establecido su domicilio y que, no obstante haberse solicitado al Servicio de Registro Civil (SERECI) certificación al respecto, la indicada entidad requirió la identificación de su apellido materno, petición que no fue debidamente cumplida por la institución; en tal razón, actuándose de forma contraria respecto al coprocesado, se imprimió toda la diligencia necesaria para la averiguación de su domicilio y correspondiente citación.

A ello se suma que la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, omitiendo considerar de manera precisa los hechos y efectuando una errónea apreciación del informe del SERECI, dispuso su notificación por edictos, siendo que la sumariada, en el mes de abril de 2018, cuando aún se ejecutaban actuaciones procesales, prestaba nuevamente sus servicios en la entidad y sus datos personales se encontraban consignados en el documento de contratación; no obstante, ningún actuado le fue notificado personalmente a efectos de que pueda hacer uso de los mecanismos de defensa que le franquea la ley, continuando por el contrario de manera ilegal, con la publicación de edictos.

Todo lo anterior -según la impetrante de tutela- denota que las demandadas pretenden hacer valer dichos actuados con tal de justificar su desvinculación, la cual se generó debido al hecho de encontrarse en estado de gestación, pretendiendo eludir los derechos constitucionales y legales que dicha condición le garantizan; no otra cosa puede inferirse, del hecho de haber sido removida de su cargo por un proceso que se sustanció en indefensión y que finalmente, conforme reconocen las autoridades demandadas, carece de responsabilidad administrativa.

Manifestó que en su caso aplica la excepción al principio de subsidiariedad, debido a que se encuentra en riesgo su fuente laboral en el presente y futuro, debido a que los antecedentes del mencionado proceso, fueron remitidos a la Contraloría General del Estado, lo que le impediría volver a trabajar; asimismo, indica que todo lo sucedido pone también en riesgo su salud y su embarazo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante alegó la lesión de sus derechos al trabajo, a la maternidad segura, a la salud, a la estabilidad laboral, al debido proceso, a la defensa y a ser oída y juzgada previamente, citando al efecto los arts. 45.V; 48.II; 49.III; 62; 115.II; 117; 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y 14 de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre.

I.1.3. Petitorio