0553/2021-S1

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga:

1. a)Se deje sin efecto la Sentencia 96 de 4 de septiembre de 2019;
2. b)Se revoque la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1031/2017 de 21 agosto, determinando que el sujeto activo debe previamente devolver el bien despojado al sujeto pasivo en el estado que se encontraba, para poder activar el hecho generador de los impuestos;
3. c)Se imponga que la carga tributaria corresponde ser aplicada por el propio municipio al usufructuario en cumplimiento de los arts. 238 del CC y 5 del Decreto Supremo (DS) 24204 de 23 de diciembre de 1995-;
4. d)Se declare que el municipio de La Paz no puede cargar el impuesto sobre las construcciones realizadas por el mismo municipio, procediendo a borrar de sus registros catastrales e impositivos dichas construcciones;
5. e)Se aperciba de manera severa a la AGIT, por haber conocido sin competencia el recurso jerárquico; y,
6. f)Se imponga la condenación de ley y responsabilidades personales conforme a la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO).

María Cristina Díaz Sosa, Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 13 de julio de 2020, cursante de fs. 311 a 313 vta., expresó los siguientes argumentos:

1. 1)En la actualidad ya no es miembro de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, careciendo de legitimación pasiva, solicitando se amplié el alcance y la participación de la acción de amparo constitucional a los actuales Magistrados de dicha Sala (Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez);
2. 2)El accionante basa su argumento en la presunta vulneración del debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; sin embargo, la naturaleza del proceso contencioso administrativo, radica en el ejercicio del control de legalidad oportuna, a los actos realizados en sede administrativa, correspondiendo analizar al Tribunal Supremo de Justicia si fueron aplicadas de forma correcta las disposiciones legales a los hechos expuestos por el demandante en los actos ejercidos por las instancias de impugnación;
3. 3)En los hechos se tiene que Jockey Club La Paz S.A. "(en liquidación)" recuperó el derecho propietario a través de una orden judicial, inscribiendo el mismo en oficinas públicas, y que si bien la posesión lo tiene la CECOL Ltda., no existe prueba que demuestre la calidad en la cual ocupa dicho inmueble;
4. 4)La RM 0936/85 con la que se cedía en calidad de usufructo el inmueble en favor de CECOL Ltda., fue revocada por la RM 1823/86, por lo que no se puede establecer con precisión la calidad y condiciones en las que ocupan el bien para determinar el hecho generador de los impuestos municipales;
5. 5)La resolución judicial que reconoce el derecho propietario en favor del Jockey Club La Paz S.A. "(en liquidación)", es del 16 de diciembre de 1997, y que al momento de la fiscalización por parte del sujeto activo, transcurrieron más de dieciocho años desde la notificación personal con la Orden de Fiscalización 3 Proceso BI1-3/2016 realizado el 23 de agosto de 2016, en la cual no existe prueba, ni argumento alguno en su favor;
6. 6)No se puede adquirir convicción, del porque el demandante no ha ejercido actos de derecho propietario, más que todo la recuperación de la posesión, ya que le correspondía demostrar que no ejerció dicho derecho por haber sido restringido por terceras personas ya sean públicas o privadas, y al no existir pruebas no puede alegarse un acto que nace de su propia voluntad y liberarse de su obligación tributaria que nace de su derecho propietario que fue reconocido legalmente;
7. 7)Se aplicó de forma correcta la norma para determinar al sujeto pasivo de los impuestos municipales, aplicando de forma adecuada el principio de legalidad y el de verdad material; y,
8. 8)No existe prueba objetiva que determine la calidad en que ocupa el bien inmueble la CECOL Ltda. por la que le genere la obligación impositiva municipal.

Luis Fernando Terán Oyola, Director Ejecutivo General a.i. de la AGIT, a través de sus representantes legales, mediante informe escrito presentado el 23 de junio de 2020, cursante de fs. 260 a 269 vta., manifestó que:

1. i)La parte accionante incumplió los numerales 4 y 5 del art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), por la que deben identificar los hechos y derechos o garantías vulnerados, que al presente es inexistente;
2. ii)No existe causalidad entre los hechos y la lesión alegada, ya que se expone agravios imprecisos y carentes de fundamento que no demuestran las lesiones perpetradas por la Sentencia 96 de 4 de septiembre de 2019, no cumpliendo con los requisitos de admisión, al realizar una somera relación de los hechos que nada explican y relacionan con los derechos supuestamente vulnerados por las autoridades demandadas;
3. iii)La actividad interpretativa del Tribunal Supremo de Justica no puede ser revisado por la justicia constitucional, no siendo su labor el de evaluar la hermenéutica jurídica que fue adoptada y menos ingresar a ver temas controvertidos, al no haber demostrado dentro el proceso contencioso administrativo la forma en que la interpretación y análisis vulneran sus derechos y garantías constitucionales, resultando anacrónico el pretender que la justicia constitucional sea considerada como otra instancia procesal;
4. iv)Los actos de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, se sujetaron al procedimiento y términos de las peticiones por las partes, en apego al debido proceso y al principio de congruencia, ya que: iv.a) Acerca de la emisión de la "Resolución Jerárquica" supuestamente sin competencia, no pudo ser rechazado u observado el recurso ya que pondría en duda los arts. 195.III y 198.I del Código Tributario Boliviano (CTB), poniendo en incertidumbre el derecho a la acción, consagrado en el art. 24 de la CPE; iv.b) Respecto al pago de impuestos previa devolución de su posesión, el impetrante de tutela pretende cual una demanda civil, emplear institutos jurídicos externo de la problemática tributaria, ya que se busca establecer un escenario para afectar el pago de impuestos de las gestiones 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, la cual es la devolución del bien inmueble, que no puede ser ordenado por la vía constitucional, ya que aquel derecho fue definido por la entonces Corte Suprema de Justicia -ahora Tribunal Supremo de Justicia- mediante el 0Auto Supremo 235 de 4 de diciembre de 1997, que ordenó "... la reinvidicación y restitución a favor del Jockey Club La Paz del bien inmueble reclamado que se encontraba ocupado y detentado por el Colegio Loretto de San Migue" (sic); y, iv.c) Por lo que condicionar el pago de tributos con la devolución del inmueble es incongruente, ya que la ejecución de dicho Auto Supremo no influye en la individualización del sujeto pasivo tributario, resultando ser el peticionante de tutela propietario, y por lo mismos sujeto pasivo sobre quien se perfeccionó el hecho generador del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) e Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI) conforme al art. 52 de la Ley de Reforma Tributaria (LRT) -Ley 843 de 20 de mayo de 1986-, y arts. 2, 3, 4 y 5 del DS 24204, y a su vez a los arts. 1, 2, 4 y 5 de la Ley Municipal Autonómica 012/2011, por lo que el propietario tiene la obligación de pagar impuestos en la forma, medios, plazos y lugares determinados por la Administración Tributaria en conformidad a los arts. 22 y 70.1 del CTB;
5. v)La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1031/2017 de 21 de agosto, respecto a la valoración probatoria y verdad material, consideró las fotocopias simples aportadas por el accionante, en las que se concluyó que las mismas no desvirtúan los cargos que determinó la Administración Tributaria, ya que no influyen en absoluto sobre la identidad del sujeto pasivo y querer darle una realidad diferente es incorrecto; por lo que, la Sentencia ahora impugnada al estar apegado a todos los puntos en controversia, no transgredió derechos y garantías constitucionales;
6. vi)La Sentencia 96 realizó una adecuada lectura respecto al derecho a la propiedad, ya que identificó el objeto de la litis, dando respuesta concisa y clara a cada uno de los puntos denunciados, sobre los derechos supuestamente vulnerados, no resultando viable señalar incongruencia, evidenciándose que dicha Sentencia responde a todos los elementos cuestionados; y,
7. vii)Se demostró que el impetrante de tutela no explicó de forma argumentativa de qué manera la Sentencia 96 fue contario al principio presuntamente vulnerado, no siendo tutelables los principios, ya que no señaló las razones por las cuales la decisión jurisdiccional vulnera sus derechos y garantías constitucionales.

A su vez, en su intervención en la audiencia virtual, la AGIT a través de sus representantes legales, argumentó que:

1. a)La AGIT no podía ordenar la restitución del bien inmueble, eso está reservada a la jurisdicción civil, por lo que se debe denegar la acción tutelar, ya que no es un medio de dar cumplimiento a una decisión judicial;
2. b)Cuando existe controversias tributarias optándose por la vía impugnaticia, tanto la regional como la general asumen conocimiento del caso en la cual existen dos partes;
3. c)La petición del accionante que deba dejarse sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1031/2017, es desconocer la naturaleza de la acción de amparo constitucional, puesto que el único acto jurídico que puede ser revisado es la Sentencia 96 de 4 de septiembre de 2019 pronunciada por el Tribunal Supremo de Justicia y no otro acto;
4. d)El impetrante de tutela no demostró el nexo causal entre las actuaciones cuestionadas y la labor interpretativa realizada por el Tribunal Supremo de Justicia; y,
5. e)Se debe incidir en que el peticionante de tutela obtuvo una resolución civil que resolvió por la reivindicación y restitución en su favor el bien inmueble, derecho propietario que se perfeccionó de forma posterior que fue corroborado por el prenombrado, por lo que revisando la normativa es aplicable el art. 52 de la Ley 843 "(...) donde establece (...) que son sujetos pasivos las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas propietarias de cualquier tipo de inmuebles" (sic), así como el art. 3 de DS 24204, y art. 5 de la Ley Autonómica Municipal 012/2011 que prescribe "(...) el hecho generador del impuesto está constituido por el ejercicio de la propiedad de bienes inmuebles urbanos o rurales" (sic).

Dante Ariel Flores Antequera, representante legal del GAM de La Paz, no presentó informe escrito, pero en su intervención en la audiencia virtual señalo que:

1. i)El accionante modificó su acción de amparo constitucional, así como su petitorio y su alcance, incluyendo al municipio como "demandado", debiendo rechazarse dicha pretensión;
2. ii)Solicita que la carga tributaria se aplique al usufructuario, es decir a la CECOL Ltda., y que el municipio no cargue impuestos a nadie sobre las construcciones de la CECOL Ltda., debiendo borrarse de los registros catastrales e impositivos los vestigios de construcción;
3. iii)La naturaleza del proceso contencioso administrativo se centra en que es el mecanismo para realizar el control de legalidad establecido en el art. 4 de la Ley 2342; y,
4. iv)El art. 52 de la Ley 843 que tiene su basamento en el DS 24204, refiere sobre el hecho generador la cual está constituido por el ejercicio del derecho a la propiedad o a falta de este a la posesión de inmuebles al establecer "cuando el derecho propietario del inmueble no haya sido perfeccionado, no conste titularidad alguna en los registros públicos pertinentes, entenderán sus autoridades en las oficinas de derechos reales, se considera a los tenedores poseedores ocupantes o detentadores" (sic), es decir prevalecerá el registro público sobre cualquier otro criterio que se tenga respecto a una obligación tributaria.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 137/2020 de 27 de julio, cursante de fs. 335 a 341, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos:

1. a)No está en discusión el derecho propietario con la que cuenta Jockey Club La Paz S.A., ni sobre el pago de impuestos, ya que la controversia radica en el hecho generador del impuesto constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión del bien inmueble, siendo el hecho generador que da origen a la obligación tributaria;
2. b)Las autoridades ahora demandadas, aplicaron de manera correcta la norma para establecer al sujeto pasivo de los impuestos municipales, ya que no se aportó prueba que demuestre que el ejercicio de su derecho propietario fue fruto de restricciones u oposiciones de terceras personas, aplicando de forma correcta el principio de legalidad y verdad material, determinado que el Jockey Club La Paz S.A. es el propietario del bien inmueble, encontrándose en la obligación de pagar los impuestos municipales conforme a los arts. 22 y 70 del CTB;
3. c)No se ha advertido por parte del accionante postulados que hagan entrever que la autoridad demandada haya incurrido en una resolución carente de fundamentación, motivación y congruencia, específicamente al hecho de haber determinado la titularidad del tributo;
4. d)El impetrante de tutela, no ha dado cumplimiento a los presupuestos para poder ingresar a la valoración de la prueba, descrita en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo que señala "...por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privada y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor:
5. 1)Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
6. 2)No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y,
7. 3)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que se refleje un hecho diferente al utilizado como argumento" (sic), limitándose solamente a mencionarlos y no especifica su vinculación o su directa relación con el fallo;
8. e)Respecto al principio de verdad material, si bien manifiesta su vulneración por desconocimiento por parte de las autoridades demandadas; empero, no existe certeza de que dichas autoridades hayan concluido que no existiera argumento fáctico o documental para poder examinar, analizando la situación de la CECOL Ltda., y la determinación del hecho generador del impuesto municipal que pueda recaer sobre la CECOL Ltda.; y,
9. f)En el folio real 2.01.0.99.0127501 no se observa registro de gravamen por usufructo que refiere, debiendo remitirse al art. 1538 del CC, por lo que el mencionado "instituto" debió estar inscrito en DD.RR., no existiendo dicho presupuesto, no resultando arbitraria, infundada o incongruente la Resolución impugnada.

II.7. Cursa memorial de apelación, presentada ante la ARIT La Paz, por parte de Jockey Club La Paz S.A. "(en liquidación)" el 10 de febrero de 2017, contra la Resolución Determinativa 2511 Proceso N° BI1-3/2016 de 16 de enero de 2017, en la que se solicita:

1. 1)Se revoque la Resolución Determinativa apelada y se declare sin valor alguno;
2. 2)Se determine que el hecho generador para imponer la contribución anual catastral al Jockey Club La Paz S.A., comenzará a correr desde el día de la devolución física del terreno sin construcciones; y,
3. 3)Se determine que los cargos por impuestos sobre el predio, deben ser atribuidos al usufructurario, durante todo el periodo de dicho acto (fs. 33 a 37).

Petitorio planteado bajo los siguientes argumentos:

1. i)Enriquecimiento ilegítimo, establecida en el art. 961 del CC, que no permite al sujeto activo vía extorsión percibir impuestos sobre la propiedad inmueble urbana, ya que Jockey Club La Paz S.A. fue expulsado del predio y también lo fue como contribuyente, rehabilitándola de oficio, sosteniendo que existe enriquecimiento ilícito;
2. ii)Causa ilícita, cuando los actos contradicen la Ley, el orden público y las buenas costumbres, establecido en el art. 489 del CC, conexo con el art. 13 del CTB, por las que se le hizo conocer a la AGIT que el derecho a no pagar se basa en normas vigentes que son los arts. 2 del DS 24204; 11 de la Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos -Ley 154 de 14 de julio de 2011-; 5 de la Ley Municipal Autonómica 012/2011; y, "4 el DM 1", confirmando la causa ilícita en la Resolución Determinativa, que invalida la obligación tributaria, ya que el ejercicio del derecho propietario fue bloqueado por el sujeto activo, pues la propiedad no puede ejercerse sin la respectiva posesión;
3. iii)Hechos ilícitos, determinado en el art. 984 del CC, tras haber concedido el municipio un usufructo, de igual manera debe poner fin a dicho acto por la misma vía administrativa, ya que cuenta con todos los mecanismos necesarios, extinguiéndose el tributo hasta el día en que el obligado cumpla con su deber de devolver el bien tal y como estaba, convirtiéndose el acreedor tributario en deudor obligado a cumplir un acto civil, para que se cumplan con las obligaciones tributarias;
4. iv)Confusión, ya que el municipio de La Paz, cuenta con la calidad de deudor y acreedor, es decir sujeto activo y sujeto pasivo -tributarios-, porque actuó como propietario del terreno, para despojar a la entidad, sin devolverlo, quedando por consiguiente cobrarse a el mismo los impuestos impagos, operando la figura de confusión tanto de hecho como de derecho, y es obligación del municipio terminar con esa calidad;
5. v)Imputación objetiva del impuesto, se argumentó en las dos instancias sobre la existencia de un usufructo realizado por el municipio de La Paz, la que pretende cargar a la entidad burlando los preceptos constitucionales respecto a los principios de igualdad, transparencia y capacidad recaudatoria, ya que no cobra los impuestos a que debe y puede pagar, puesto que la entidad no tiene ejercicio del derecho a la propiedad, menos la posesión, acudiendo a la justicia tributaria creyendo que se practicaría la ciencia del derecho, con total racionalidad y lógica en sus fundamentos, que lamentablemente se equivocó en su función de procurador de entes estatales autónomos;
6. vi)Supresión de falso registro, se destacó que la entidad se apropió del terreno sin realizar una expropiación, haciendo construir un centro educativo que subsiste, que luego de emitir la Resolución Determinativa introdujo en el avalúo del terreno, el valor de las construcciones realizadas sin el consentimiento de la entidad, que en lugar de demolerlas prefiere cargarlas y cobrarlas a la Jockey Club La Paz S.A., contradiciendo el art. 129.I del CC, pedidos que no fueron atendidos ni en primera y segunda instancia, por consiguiente, las construcciones no pueden ser materia de pago de impuestos, debiendo ser retirado del registro catastral, independientemente de su demolición física;
7. vii)Conducta escurridiza de la Autoridad Tributaria, los argumentos de la Autoridad Jerárquica no tienen base principista justiciada, puesto que:
8. a)Se negó a valorar las pruebas presentadas del usufructo, con el solo hecho de decir que se trataban de fotocopias en contra del art. 217.a) del CTB, pero reconoce la existencia del referido instituto;
9. b)Se aplicó la ley tributaria a un caso de naturaleza civil respecto a los indicios de prueba considerados como confesión, establecidos en los arts. 346.2 y 399.4 del Código Procesal Civil (CPC), al tratarse de una ley especial del ordenamiento civil que no entra en conflicto con el Código Tributario; y,
10. c)La Autoridad Jerárquica no se refiere sobre las condiciones de existencia legal y validez del usufructo, solo imputa el impuesto, determinando que cuando un contrato se halla sujeto a la condición resolutoria, la misma se considera perfeccionado desde el momento de su celebración, por lo que el contrato entre el municipio y el usufructario hiso plena prueba de un hecho concreto; y,
11. viii)Fijación de línea jurídica principista, solicitando que la sentencia sirva para exhortar a la justicia, para advertir a todo organismo inferir, que deban cambiar de conducta de forma profunda (fs. 132 a 141).

1. 1.-En el presente caso, es importante dejar claramente establecido que no está en discusión el derecho propietario de JOCKEY CLUB LA PAZ SA (en liquidación), ni el derecho de la Administración Tributaria Municipal a determinar el pago de impuestos municipales; sin embargo, la controversia está en determinar si el hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión del inmueble urbano, lo que constituye el hecho generador y da origen a la obligación tributaria.

1. 2.-En ese orden de cosas, se observa que el fundamento central expuesto en sede administrativa por la sociedad demandante, está referida a dejar establecido que si bien, dicha sociedad luego de un prolongado juicio civil, logró recuperar el derecho propietario del bien inmueble con número de registro N° 182642, ubicado en la Avenida Montenegro N° 1001, Zona San Miguel, nunca pudo ejercer su derecho propietario sobre el mismo y recuperar la posesión de dicho bien, situación que la reprocha precisamente al sujeto activo, es decir al GAM de La Paz, el no dar cumplimiento a decisión de la vía civil.

1. 3.-Del análisis de los antecedentes administrativos, se puede establecer que en fecha 29 de agosto de 2016, Rogelio Miranda Baldivia en representación de JOCKEY CLUB LA PAZ SA (en liquidación), en conocimiento de la Orden de Fiscalización N° 3 Proceso N° BI1-3/2016, presento documentación respaldatoria, por la cual alega que es la Cooperativa Educacional Colegio Loretto Ltda. (CECOL), la que debe pagar los impuestos de las gestiones referidas. La documental adjuntada por la parte demandante, si bien se encontraba en fotocopias simples, estaba constituida por la Resolución Municipal N° 0936/85 emitida por la Alcaldía de La Paz, que entre otras cosas disponía adjudicar en calidad de usufructo el lote de terreno revertido de 6.900 m2 y sus construcciones en favor de la Cooperativa Educacional Colegio Loreto "CECOL LTDA", por el tiempo de 30 años, de igual menera se adjunta la escrtura públic de constitución del usufructo de referencia; consta en el legajo adjuntado, una nota en fotocopia simple de fecha 22 de septiembre de 2010, dirigida a Elvira Mamani Carbajal Fiscal Predial Sub Alcaldía Zona Sur del GAM de La Paz, por la cual la Cooperativa Educacional CECOL LTDA. Colegio Loretto, informa que realiza actividades educacionales en el bien inmueble ubicado en la Avenida Montenegro N° 1001 de la Zona San Miguel de esa ciudad, predio que fue adjudicado a la cooperativa en calidad de usufructo, tanto el terreno de referencia y sus construcciones por el tiempo de 30 años, conforme consigna la Resolución Municipal N° 0936/85; esta documentación si bien se encuentra en fotocopias simples, conforme se tiene ya especificado, constituía un indicio de prueba, que debió ser considerada; es más esta documentación se genera y repepciona en la Alcaldía de La Paz, por lo cual fácilmente pudo constatar su veracidad, si dudaba de su autenticidad; no obstante de ello, la Resolución Municipal N° 0936/85 a la cual se hace referencia, cursa a fs. 24 a 25 de los antecedentes administrativos, en fotocopia legalizadas, sin que la AGIT le haya dado el valor legal correspondiente.

1. 4.-De la revisión meticulosa de antecedentes administrativos, se observa que a fs. 73 a 73 vta., la sociedad demandante luego de un juicio civil, logra que la justicia ordinaria a través del 0Auto Supremo N° 235 de 4 de diciembre de 1997, reconozca su derecho propietario, por lo cual en fecha 26/06/1998, procede a registrar en Derechos Reales su derecho propietario sobre el bien inmueble ubicado en la Avenida Montenegro N° 1001, Zona San Migue, el cual fue objeto de fiscalización por impuestos municipales, este registro sin lugar a dudas constituye un acto que demuestra el legítimo y legal ejercicio del derecho propietario por parte JOCKEY CLUB LA PAZ SA (en liquidación); al respecto el art. 1538 del Código Civil refiere que: "I. Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código. II La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el Registro de los Derechos Reales.", a partir de ello se puede afirmar que quién registra su derecho propietario en Derechos Reales, hace oponible su derecho, lo que supone no solo preferencia en el registro, sino principalmente derechos y obligaciones frente a terceros, no observando ningún gravamen de usufructo a favor de la Cooperativa Educacional Colegio Loretto Ltda. "CECOL".

1. 5.-En ese sentido, si bien en antecedentes cursa el INFORME ATM/UPCF/ATP/IP N° 151/2014 de fecha 18 de marzo de 2014, correspondiente al Proceso de fiscalización N° BI1-0061/2013, por el cual la Unidad de Planificación y Control Predial del GAM de la ciudad de La Paz, realiza un inspección predial al bien inmueble con número de registro N° 182642, ubicado en la Avenida Montenegro N° 1001, Zona San Miguel, concluyendo que dicho inmueble se encuentra en posesión de la Cooperativa Educacional Colegio Loretto Ltda. "CECOL", en los hechos demuestra que JOCKEY CLUB LA PAZ SA (en liquidación), a través de una orden judicial, logro recuperar el derecho propietario y ejerció el mismo, al inscribir su derecho propietario en oficias públicas y si bien los antecedentes administrativos referidos demostrarían que en posesión y en ejercicio real del bien inmueble se encontraría la Cooperativa Educacional CECOL LTDA. Colegio Loretto, no existe prueba para demostrar de manera objetiva en qué calidad ocupa dicho bien inmueble la referida cooperativa educacional, por cuanto la Ordenanza Municipal N° 0936/85 de 15 de julio de 1985 que concedía el usufructo a favor de la misma, también fue revocada por la propia Administración Municipal mediante la Ordenanza Municipal N° 1823/86, por lo tanto esta instancia jurisdiccional no puede establecer con precisión en que calidad y bajo que condiciones ocupa el bien inmueble la Cooperativa Educacional CECOL LTDA. Colegio Loretto, para poder determinar que el hecho generador de los impuestos municipales, nacen del ejercicio de un derecho legítimo y legal concedido a su favor, más aun si conforme se tiene dicho líneas arriba, en la matrícula computarizada N° 2.01.0.99.0127501 expedida en la gestión 2015 cursante a fs. 6 del anexo N° 1, no se observa el registro del gravamen usufructuario al que se hace referencia, por lo cual se debe estar a lo que establece el art. 1538.III del Código Civil, que refiere: "III. Los actos por lo que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados".