0555/2019-S1

Expediente: 27765-2019-56-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 01/2019 de 20 de febrero, cursante de fs. 81 a 85, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rene Alexandro Verduguez Gallardo en representación sin mandato de Lorenzo Porfirio Chambi Mollericona contra Gregorio Orosco Itamari y José Romero Solíz, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Mediante memorial presentado el 19 de febrero de 2019, cursante de fs. 1 a 4, el accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito; el 18 de enero de 2019, en audiencia pública de consideración de aplicación de medidas cautelares, el "Juez de Instrucción Penal No. 3" (sic), le impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva; no obstante, las mismas no correspondían ser aplicadas debido a la naturaleza del proceso y los antecedentes contenidos en la imputación formal; por lo que, en la misma audiencia planteó recurso de apelación incidental contra esa decisión. Señala que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista dictada en audiencia de 12 de febrero, declaró improcedente el recurso de apelación incidental, manifestando que no podían dar un criterio anticipado aceptando su petitorio, más aun tomando en cuenta la existencia de un fallecido y una persona con cincuenta días de impedimento legal, sin considerar que no concurre el presupuesto del art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por no existir elementos de convicción para sostener su autoría o participación en el delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, por el cual se le imputó y que si bien el Juez le otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva, de acuerdo a lo mencionado correspondía que disponga su libertad pura y simple. I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23.1 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicita se le conceda la tutela, disponiendo anular el Auto de Vista 24/2019, debiendo pronunciarse una nueva resolución. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública el 20 de febrero de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 70 a 80, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La parte accionante, por intermedio de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra lo expresado en el memorial de acción de libertad y ampliándola manifestó que:

1. a)Con relación a que el Juez a quo a momento de emitir la Resolución 56/2019, refirió aspectos contradictorios respecto a que si en la imputación formal hubo o no indicios que determinen la probabilidad de autoría, los Vocales -ahora demandados- manifestaron que existe indicios suficientes y razonables que ameritaron su participación, a pesar de la duda razonable de la aplicación de la medida cautelar puesto que la misma no correspondía:
2. b)Existe contradicción en el Auto de Vista 24/2019 emitido por los Vocales demandados, pues por una parte refirieron que no pueden dar criterios adelantados sobre su participación o no en la comisión de delito por el cual se le acusa; y, por otra manifiestan que deben verificar los elementos indiciarios que hacen entrever que hubiera pasado el ilícito (certificado médico forense), suficiente prueba para determinar la comisión del hecho, restringiendo su libertad;
3. c)En el referido Auto de Vista, las aludidas autoridades señalaron que los fiscales son autónomos; por lo que, usan los elementos probatorios respecto del hecho denunciado; por cuanto, no podrían entrometerse en la investigación, sin considerar que en el presente caso se mantiene una medida cautelar, debido a que de forma totalmente infundada se sostiene que incurrió en el ilícito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito; y,
4. d)Se presentó la acción de libertad ya que se estaría restringiendo su libertad con la aplicación de medidas sustitutivas, pues no concurrirían los elementos suficientes para determinar los hechos fácticos. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas José Romero Solíz, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia de acción de libertad manifestó que:
5. 1)El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona considere que su vida está en riesgo, se encuentra ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o esta indebidamente privada de su libertad personal; empero, el accionante no se encuentra detenido; por lo que, no se adecua a ninguno de los presupuestos;
6. 2)El Fiscal de Materia en la resolución de imputación formal efectuó una fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, recogiendo elementos indiciarios para la averiguación de la verdad histórica del hecho, así como el certificado médico forense que refleja la existencia de una persona fallecida y otra con lesiones que le provocó un impedimento de cincuenta días, hecho real que se estaría investigando; y, al existir flagrancia hay detención preventiva; por lo cual, no se puede plantear una acción de libertad en tal situación;
7. 3)Los fiscales de materia son autónomos sobre la compulsa de elementos probatorios relacionados a la comisión del hecho denunciado así como de la participación de la parte imputada; en consecuencia, la valoración de la prueba recogidos en cuanto al fondo de la investigación está exenta de una nueva compulsa; además, después de transcurrida la etapa preparatoria podrá emitirse sobreseimiento; sin embargo, la determinación es por parte del Ministerio Público;
8. 4)Si existe una evidente observación a la imputación formal, se señaló que se acuda al incidente de nulidad de imputación formal de acuerdo a lo establecido por el art. 314 del CPP; y,
9. 5)La acción de libertad tutela el debido proceso solo cuando exista indefensión absoluta manifiesta y la resolución emitida hubiese sido causal para la detención preventiva; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. Gregorio Orosco Itamari, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia manifestó que:
10. i)El fundamento del recurso de apelación incidental versaba sobre la existencia de una persona fallecida y otra herida sin atribuírsele la culpabilidad del hecho -accidente de tránsito-; reclamo planteado ante el Juez a quo, quien no atendió al mismo y por el contrario aplicó medidas sustitutivas, pese a que el Ministerio Público hubiese solicitado detención preventiva;
11. ii)El Tribunal de alzada no puede adelantar criterios de su participación, siendo el Ministerio Público quien establecerá responsabilidad para acusar o de lo contrario determinará la inexistencia de responsabilidad dictando resolución de sobreseimiento;
12. iii)Al emitir el Auto de Vista 24/2019 y mantener la resolución recurrida no se ha afectado ningún derecho; además, existen vías idóneas para solicitar la modificación de las medidas; y,
13. iv)En el referido Auto de Vista se resolvió los puntos alegados, cumpliéndose con la estructura necesaria y analizando el contenido de la imputación formal; por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela. I.2.3. Resolución La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 01/2019 de 20 de febrero, cursante de fs. 81 a 85, denegó la tutela bajo los siguientes fundamentos: a) Las medidas cautelares aseguran la presencia del imputado en el transcurso de toda la investigación y la finalidad principal es que se pueda asumir defensa por una parte; en ese entendido, es evidente que se hubiera aplicado medidas cautelares, pero no en el concepto de restricción de manera discrecional de la libertad del imputado, sino como una medida de asegurar su presencia durante la etapa preparatoria; b) No se advierte que los Vocales -ahora demandados-, al haber confirmado la decisión de la autoridad judicial de la causa hubieran vulnerado los derechos establecidos en la Constitución Política de Estado, no habiéndose acreditado la presunta errónea interpretación de la norma; y, c) El accionante refirió que la imposición de medidas cautelares constituiría una afectación a su libertad; sin embargo, tomando en cuenta lo señalado por el art. 47 del CPCo (procedencia de la acción de libertad) respecto a la indebida privación de libertad personal, es preciso referir que el ahora impetrante de tutela se encontraría en libertad; por lo que, no habría restricción a ese derecho; además, que como se señaló la aplicación de medidas cautelares busca asegurar a la víctima que el proceso llegue a establecer la verdad de los hechos. II. CONCLUSIONES Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Mediante memorial presentado el 17 de enero de 2019, Fernando Sergio Pardo Ameller, Fiscal de Materia, comunicó el inicio de investigación e imputó formalmente a Lorenzo Porfirio Chambi Mollericona, por la supuesta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, previsto y sancionado por la primera parte del párrafo primero del art. 261 del Código Penal (CP), señalando que el acta de aprehensión, acta de secuestro de vehículo y el informe del investigador asignado, son suficientes indicios para concluir que el hecho existió y se subsume en el tipo penal, siendo que el sujeto activo se encontraría identificando; en ese entendido, solicita la aplicación de la medida cautelar de carácter personal de detención preventiva a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro (fs. 11 a 13 vta.). II.2. Se tiene la Resolución 56/2019 de 18 de enero, de aplicación de medidas cautelares, emitida por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Santiago de Huari del departamento de Oruro, en suplencia legal el Juez de Instrucción Penal Tercero de igual departamento, señalando la existencia del art. 233.1 del CPP (que el imputado sería autor del hecho investigado); por lo que, dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor de Lorenzo Porfirio Chambi Mollericona, consistentes en: 1) La obligación de presentarse todos los días viernes de cada semana ante ese despacho, al efecto ordenó la apertura el Libro de Presentaciones y ante el Ministerio Público mediante registro biométrico; 2) La prohibición de comunicarse con la víctima, peritos y testigos y cuando no afecte su derecho a la defensa; 3) Una fianza personal de dos personas fiables u abonables en derecho mayores de 18 años y menores de 60, los cuales deberán constituirse en audiencia correspondiente; 4) Arraigo; y, 5) Que el imputado -ahora accionante- presente en el plazo de tres días antecedentes sobre su domicilio de manera documental, decisión que una vez notificada fue apelada por el abogado de la defensa de forma oral en audiencia (fs. 49 a 52). II.3. Del Acta de audiencia pública de apelación incidental de 12 de febrero de 2019, se establece que el hoy accionante señaló como agravios que: i) La imputación formal presentada por el Ministerio Público en su contra, en la relación circunstancial del hecho, no refirió la conducta u omisión que hubiera asumido el mismo, para que suceda el ilícito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito; toda vez que, de acuerdo al informe preliminar de tránsito "...la Unidad A, por inclemencia del tiempo, ha invadido el carril contrario, llegando a chocar con la parte anterior de la unidad B..." (sic); ii) Se estableció la existencia de indicios contra el imputado, porque hay una persona fallecida a causa de dicho accidente de tránsito, cuando no tiene ninguna responsabilidad en ese hecho; iii) El Juez de la causa, señaló que existen los indicios necesarios para determinar la concurrencia del art. 233.1 del CPP, sin considerar que los elementos de convicción se constituyen a partir de informes que se realizan para formar una teoría del caso y así poder atribuir la comisión de un delito al impetrante de tutela puesto que no tiene razón de ser, pues los antecedentes de la imputación son diferentes al informe preliminar señalado anteriormente, razón por la que, interpusieron el recurso de apelación contra la citada disposición al no existir tales elementos que determinen que aquel es con probabilidad el autor o partícipe del ilícito que se le imputa; y, iv) De acuerdo a lo señalado respecto al art. 233.1 del CPP, no correspondía que se aplique en su caso medidas sustitutivas a la detención preventiva, sino la libertad pura y simple o irrestricta, solicitando se declare procedente el recurso de apelación planteado al existir una indebida restricción a su libertad (fs. 64 a 66 vta.). II.4. Consta Auto de Vista 24/2019 de 12 de febrero, emitido por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través del cual declararon improcedente el recurso de apelación planteado por el ahora accionante, confirmando la Resolución 56/2019, en virtud a los siguientes fundamentos: a) El caso se encuentra en la etapa preliminar; por lo que, las referidas autoridades judiciales estiman que se estuviesen realizando otros actos investigativos y que la imputación formal presentada por el Ministerio Público fue en virtud a los primeros indicios obtenidos del hecho, respecto al informe forense y al policial; b) "...en esta etapa solo se requiere indicios, porque al cuestionar algo que corresponde en definir el fondo de esta investigación y de la causa, nos estuviese solicitando que este Tribunal dicte una prematura Sentencia, al descartar que no concurre el num. 1) del Art. 233 del Código de Procedimiento Penal, que es la libertad irrestricta, ya no habría más que investigar..." (sic); c) Los Fiscales son autónomos al momento de la compulsa de los elementos probatorios del hecho, respecto a la comisión del hecho, así también al determinar la intervención de la parte imputada en el mismo, es así que la valoración de las pruebas recogidas en la investigación le corresponde a dicha autoridad, razón por la que, este Tribunal no podría intervenir en los actos investigativos; d) El accionante señala que de acuerdo al entendimiento expresado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0495/2016-S3 y 0984/2017-S3, no procedería la detención preventiva en el presente caso, lo que no es evidente; toda vez que, el art. 261 CP señala que:"los delitos que tengan una Penalidad inferior a tres años, no procede la detención preventiva..." (sic); y,
14. e)El Juez de la causa ha considerado los arts. 221 y 222 del CPP; debido a que, las medidas cautelares son justamente para averiguar la verdad de los hechos, pero en una interpretación de los principios pro homine y pro actione ha determinado medidas menos gravosas; sin embargo, la parte recurrente -hoy impetrante de tutela- manifiesta que es exagerado, pero sin fundamentar porqué lo considera así y de qué forma le causaría un perjuicio, por cuanto el Juez de primera instancia obró con criterio legal y no vulneró ningún precepto legal (fs. 67 a 69 vta.). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad debido a que los Vocales -ahora demandados- a través del Auto de Vista 24/2019 de 12 de febrero, declararon la improcedencia del recurso de apelación incidental que interpuso contra la Resolución 56/2019 de 18 de enero, emitido por el Juez de la causa, señalando sin fundamento que no podían dar un criterio anticipado, sin considerar que en su caso el presupuesto del art. 233.1 del CPP, no concurre por no existir elementos de convicción para sostener que es autor o que tiene participación en el delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. Corresponde establecer en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada. III.1.Jurisprudencia reiterada sobre la obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales que dispongan, modifiquen o mantenga una medida cautelar Precisando la línea jurisprudencial establecida al efecto, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, asumió lo siguiente: "El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: '...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes'. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: '...está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva'. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: 'Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el Tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar'. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP" (las negrillas son nuestras). III.2. La aplicación del principio iuria novit curia, en las acciones tutelares