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TCP

0555/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0555/2026-S3

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0555/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistro Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 56957-2023-114-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 104/2023 de 4 de mayo, cursante de fs. 146 a 149, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Victoria Apolinia Cortéz Montecinos y Hernán Vince Torrez Cortéz contra José Luis Rodríguez Mages, Secretario General; Ariel Rojas Mollericona, Secretario de Relaciones; Emilio Gersón Butrón Barreto, Secretario de Hacienda; Rosario Virginia Tito Flores, Secretaria de Actas; Anacleto Olorio, Secretario de Conflictos; Armín Diego Cortéz Argandoña, Secretario de Deportes; Daniel Pomacagua, Régimen Interno; Simón Mamani Guarachi, Fiscal General; y, Ebert Quisbert, Tribunal de Honor, todos del Sindicato Mixto de Transporte "Las Delicias Central"; y, Juan Carlos Quispe Yapu, Jefe de Grupo Consata.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 24 de noviembre de 2022; y, 30 de enero de 2023 cursantes de fs. 35 a 50; y, 54 a 58, los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición -la accionante- de afiliada del Sindicato Mixto de Transporte "Las Delicias Central" cumplió de manera habitual y orgánica con los aportes y participación en reuniones, así como con las determinaciones emanadas por dicha institución, mientras que Hernán Vince Torrez Cortéz -coaccionante-, es el conductor del motorizado en el marco de la afiliación que ostenta la primera, quien desempeñó sus funciones en las rutas establecidas por dicho Sindicato; sin embargo, en una situación que dio paso a actitudes hostiles y en desmedro de su integridad personal, se fueron dando una serie de acciones y omisiones que los tienen en una situación incierta.

Es así que, el 29 de agosto de 2022, se le notificó como afiliada con el memorándum llamada de atención de 26 del mismo mes y año, por supuesto "trato inadecuado al usuario", citando al efecto el art. 38 de su Estatuto Orgánico, determinación que carece de sustento normativo, ya que el referido artículo solamente establece el deber de los sindicalizados a mantener una buena conducta.

Manifiesta que se vio sorprendida con la notificación de dicho memorándum, ya que en momento alguno pudo tomar conocimiento sobre los motivos de tal determinación, afectando con ello su derecho al debido proceso y a la defensa; además que, tal deterimnación en su contra carece de sustento documental y probatorio, ya que no se especifica el acto, una fecha, un lugar o el trayecto, una situación concreta en la que se produjo tal trato inadecuado; lo que, también afecta al principio de presunción de inocencia respecto al conductor Hernán Vince Torrez Cortéz, ya que tal determinación tomada en su contra como afiliada implícitamente también afectaba a su conductor.

Tiempo después, el 30 de septiembre de 2022 se le extendió un segundo memorándum; en el que, de manera arbitraria dispuso la suspensión de actividades laborales de su vehículo por supuestas denuncias que pesaban en contra del conductor, sin los argumentos normativos y procedimentales que impliquen acciones concretas para tal determinación. Asimismo, a dicho memorándum se adjuntó una nota de 10 de septiembre de 2022, en la que Ximena Choque Ríos, profirió acusaciones sobre supuestas faltas e infracciones; empero, sin especificar con nombre y apellido de la persona denunciada; puesto que, cualquier tipo de acusación debe estar sustentada y basada en elementos objetivos y con las pruebas suficientes, pues resulta fácil elaborar cartas con denuncias temerarias.

El 1 de noviembre de 2022, se le notificó con una nota de la misma fecha; por la cual, se le informó de manera contradictoria que la Asamblea General Ordinaria de 28 de octubre de ese año, levantó la suspensión del vehículo; exigiendo que, cambie de chofer, sin tomar en cuenta que tanto su persona como afiliada y el conductor no fueron sometidos a ningún tipo de proceso interno donde se les garantice el derecho a la defensa en su condición de afiliados del Sindicato.

En ese sentido, dichas determinaciones arbitrarias fueron asumidas por el Directorio del mencionado Sindicato a la cabeza de su Secretario General, sin sustento normativo y fáctico, cuando debieron señalar hechos, acciones u omisiones y fechas concretas sobre lo que supuestamente se hubiera suscitado, correspondiendo ser abordadas y contextualizadas en función al contenido y alcance de lo que está previsto en el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno del Sindicato; sin embargo, los ahora demandados se limitaron a exigir que debe cambiar de chofer, cuando el conductor también ostenta la calidad de afiliado; por lo cual, goza de todos los derechos y prerrogativas previstos en la normativa interna del Sindicato; empero, se lo apartó del conflicto, determinando en franca vulneración del debido proceso y la presunción de inocencia su cambio inmediato, dejándolos en total estado de indefensión, y vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva, pues tampoco contaron con una instancia o autoridad competente para poder ejercer defensa frente a esas medidas conforme la norma vigente y hacer prevalecer sus derechos fundamentales, acciones y omisiones con las cuales los demandados incurrieron en "vias de hecho"; puesto que, se encuentran frente a una decisión exagerada y desmedida, que por razones de índole personal están siendo perjudicados por un grupo de personas que se arrogan la representación del mencionado Sindicato sin el respeto al ejercicio de los derechos fundamentales de todos sus afiliados, pues el motorizado no está trabajando desde el 30 de septiembre de 2022 "...(4 meses hasta el momento)..." (sic), y por ende no está generando ingresos económicos, situación que afecta su sostén y el de sus familias y que pueda cubrir sus obligaciones con entidades financieras, vulnerando sus derechos laborales y de subsistencia vital; a partir de lo cual, se exigió que todo el daño material, económico y moral que se causó debe ser reparado.

Frente a tales determinaciones, en su condición de afiliada, por memorial presentado el 18 de octubre de 2022, ante el Secretario General -ahora demandado-, describiendo los hechos, denunció la vulneración y afectación de sus derechos al trabajo, al debido proceso y a la defensa, e interpretación errónea y arbitraria del Estatuto Orgánico y del Reglamento Interno del Sindicato, solicitando: La nulidad de ambos memorándums; reparación de daños y perjuicios causados por la emisión de decisiones arbitrarias; respuesta motivada en cuarenta y ocho horas; y, una disculpa pública, procediendo a la devolución de la nota de 10 de septiembre de 2022. Solicitud que fue reiterada mediante escritos presentados el 21 de octubre y 1 de noviembre del mismo año; sin embargo, "hasta la fecha" dichos escritos no obtuvieron respuesta formal, pronta y oportuna.

Aclara que, el 25 de octubre de 2022, fue convocada a una reunión en la sede sindical; en la que, mediante una actitud hostil, se le negó la reparación por el tiempo de suspensión y se condicionó su retorno al cambio de conductor, sin reconocer responsabilidad ni perjuicios económicos, señalándole que se le convocaría a una nueva reunión para analizar nuevamente su situación y dar una solución definitiva.

El 28 de octubre de igual año, mediante una llamada Simón Mamani Guarachi, Fiscal General, le comunicó a su hija que debía asistir a una reunión improvisada, pues se habría emitido un comunicado; lo cual desconocía, ya que desde el 6 del referido mes y año, fue eliminada del grupo de WhatsApp del sindicato.

Asimismo, frente a las determinaciones asumidas en la nota de 1 de noviembre de 2022, por memorial de 8 de igual mes y año, en su condición de afiliada, representó la misma, impetrando también su nulidad, además de su habilitación inmediata para retomar sus actividades laborales sin la exigencia de cambiar de chofer; se establezca un mecanismo de reparación económica de los daños y perjuicios causados por las arbitrarias determinaciones asumidas por el Directorio; que en el plazo de cuarenta y ocho horas, se emita una respuesta motivada y fundamentada a los memoriales que presentó y se le haga conocer por escrito las supuestas denuncias en su contra como afiliada y contra su conductor; asimismo, se le extienda copias legalizadas de la Convocatoria a la Asamblea General de 28 de octubre de ese año, y el Acta de Asamblea de referencia; no obstante, al igual que sus anteriores escritos, no se respondió a dicha solicitud, en los términos requeridos, vulnerando así su derecho a la petición.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

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