Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0556/2025-CA Sucre, 27 de noviembre de 2025
Expediente: 77059-2025-155-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución 51/2025 de 29 de agosto, cursante de fs. 18 a 23 vta., pronunciada por el Juez Disciplinario Tercero de la Oficina Departamental de La Paz del Consejo de la Magistratura, por la que resolvió rechazar la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Claudia Marcela Castro Dorado, ex Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, demandando la inconstitucionalidad del art. 188.I.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); por ser presuntamente contrario al art. 117.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Mediante memorial presentado del 21 de agosto de 2025, cursante de fs. 5 a 12, la accionante señala que se aperturó en su contra, un proceso disciplinario por la presunta falta inmersa en el art. 188.I.3 de la LOJ, en cuyo tenor establece: "I. Son faltas gravísimas y causales de destitución", "3. El uso indebido de la condición de funcionario judicial para obtener un trato favorable de autoridades, funcionarios o particulares", denuncia que versa sobre hechos "...IMAGINARIOS y aun NO COMPROBADOS, aspecto que se ENCUENTRAN EN INVESTIGACIÓN, pero la parte denunciante, ya da por hecho el SUPUESTO E IMAGINARIO hecho que se investiga, sin embargo, ese hecho, refiere que mi persona supuestamente hubiera llamado al Juez Lea Plaza, para manipular una acción popular, en la cual seria PERJUDICADA la Dra. Coaquira y Beneficiado supuestamente el Dr. Iván Campero, en el cual, se hubiera establecido que mi persona hubiera tenido reuniones con el Dr. Lea Plaza" (sic).
Con esos antecedentes, argumenta lo siguiente:
- a)No llega a entender de manera clara y precisa, el contenido de esa falta disciplinaria, siendo el primer elemento de la presunta falta disciplinaria, que hubiese hecho uso "INDEBIDO" de su condición de funcionaria judicial, y el segundo elemento sería de "TRATO FAVORABLE". Sin embargo, su persona no cometió en absoluto, ningún acto ilegal propio de sus funciones, puesto que jamás intervino como vocal ni como funcionaria judicial dentro esa acción tutelar, ya que en ese imaginario caso simplemente participó como particular, entonces los hechos subsumidos a esa falta no son taxativos, cuando se refiere a un trato favorable, más aun cuando su persona no fue parte de esa acción constitucional; por lo que, ese resultado no le puede favorecer o desfavorecer, porque no especifica si ese trato favorable es directo, es para terceros, es en la condición de vocal o funcionaria judicial, o es de manera personal, resultando en hechos abstractos, que no dan certeza sobre la comisión de una falta; y,
- b)La garantía jurisdiccional establecida en el art. 117.I y II de la CPE, está siendo groseramente lesionada en su elemento del principio de legalidad que también es aplicable al ámbito administrativo sancionador; y el debido proceso en su vertiente de "lex certa", que implica que las leyes deben ser redactadas de manera que no den lugar a interpretaciones diversas o confusas, permitiendo a los ciudadanos prever las consecuencias de sus acciones y evitando la arbitrariedad en la aplicación de la ley por parte de los jueces; y en su caso, la falta que se le atribuye no establece de manera clara y precisa, la conducta que se subsumiría a determinado tipo penal; por lo tanto, la norma impugnada no es clara.
I.2. Respuesta a la acción
Mediante providencia de 22 de agosto de 2025, cursante a fs. 13, se corrió "TRASLADO la Acción de Inconstitucional Concreta" (sic), para que en el plazo de tres días sea contestada por los denunciantes.
Por memorial presentado el 28 de agosto de 2025, ante el Juez Disciplinario Tercero de la Oficina Departamental del Consejo de la Magistratura, cursante de fs. 15 a 16, Claudia Fernández Ticona, Profesional de la Unidad de Transparencia Institucional del Consejo de la Magistratura, contestó a la acción, manifestando lo siguiente:
- 1)La procesada ha promovido incidente de inconstitucionalidad concreta respecto al art. 188.I.3 de la LOJ, bajo el argumento de que dicha disposición vulneraria el principio de legalidad, al no contener supuestamente una descripción clara y precisa de la conducta reprochada;
- 2)La naturaleza del principio de legalidad en el ámbito disciplinario, y la diferencia con el derecho penal; se tiene que, el debido proceso y la garantía de legalidad se extiende al ámbito administrativo y disciplinario; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido una distinción crucial en cuanto a su rigor, que diferencia del derecho penal, donde rige el principio de lex stricta,, mientras que el derecho disciplinario admite la utilización de conceptos jurídicos indeterminados, debido a que la función disciplinaria busca sancionar el incumplimiento de deberes inherentes a una función o cargo público, cuya descripción fáctica puede ser más flexible que la de un delito;
- 3)El precepto legal impugnado sanciona como falta gravísima "El uso indebido de la condición de funcionario judicial para obtener un trato favorable de autoridades, funcionarios o particulares", texto que no es arbitrario, sino que responde directamente a los principios de independencia, probidad y ética consagrados en los arts. 178 y 180 de la CPE, constituyéndose en un mecanismo legítimo para garantizar la transparencia en el servicio judicial; la conducta de obtener un trato favorable es comprensible a la luz del principio de verdad material y la deontología judicial, abarcando cualquier beneficio indebido que comprometa la imparcialidad; y,
- 4)La acción de inconstitucionalidad concreta carece de sustento, pues, el precepto legal cuestionado no contradice la Constitución Política del Estado, sino que la desarrolla y la hace operativa; y, la presunta indeterminación alegada es en realidad una característica propia del derecho disciplinario, que ha sido avalada y legitimada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que pide sea rechazada.
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