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TCP

0557/2025-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de noviembre de 2025
Resumen del caso

Auto 0557/2025-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0557/2025-CA Sucre, 27 de noviembre de 2025

Expediente: 77061-2025-155-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz

En consulta la Resolución 408/2025 de 22 de septiembre de "2024", cursante de fs. 104 a 107 vta., pronunciada por el Juez Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Álvaro Rodrigo Ríos Laguna, demandando la inconstitucionalidad del art. 260.I del Código Procesal Civil (CPC), por ser presuntamente contrario a los arts. 56.I y II, 115.II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 8 de septiembre de 2025, cursante de fs. 96 a 97 vta., el accionante manifiesta que, dentro el fenecido proceso de división y partición de bienes seguido contra Yacely Carmen Alejandra Corvera Aguado, mediante diligencia de 6 de febrero de igual año, se practicó una notificación referente a una subasta pública; sin embargo, la descarga de las imágenes fue fallida, situación que fue puesta a conocimiento del Oficial de Diligencias de manera inmediata, quien envió nuevamente la notificación por el mismo medio de comunicación, incurriendo en el mismo problema, cuando tenía otros medios de comunicación para practicar la citada diligencia pero no los hizo efectivos, lo que conllevó a la interposición del incidente de nulidad de notificación; empero, el mismo fue rechazado por el Juez Público de Familia Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto de 17 de ese mes y año, contra la que se planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación, estando pendiente de resolución.

Refiere que, pese a lo anterior, el acto de remate fue llevado a cabo, disponiendo la autoridad jurisdiccional mediante Auto de 26 de agosto del mismo año, la emisión de la minuta judicial de transferencia a favor del adjudicatario, sin considerar que el recurso de apelación se encuentra en trámite, y que en caso de ser "aceptado", conllevaría a que el acto de remate sea declarado nulo, lo que le provoca inseguridad jurídica así como a los supuestos propietarios; aclaró que, el citado Auto fue objeto de impugnación, mismo que no se encuentra firme.

Agrega que, el mencionado Juez se encuentra "...imposibilitado de suspender el acto de transferencia..." (sic); debido a que, el art. 260.I del CPC, determina: "I. La apelación tendrá efecto suspensivo sólo en proceso ordinario cuando se trate de sentencias o autos que pongan fin al litigio, o hagan imposible su continuación"; disposición normativa que lesiona sus derechos a la defensa, a la justicia pronta, a la "seguridad jurídica", al servicio a la sociedad y a la armonía social, contenidos en los arts. 115.I y 178.I de la CPE; todo ello, en relación al derecho a la propiedad privada, previsto en el art. 56.I y II de la misma Norma Suprema, razón por la que planteó acción de inconstitucionalidad concreta.

Conforme a ello, precisa que:

  1. a)La disposición normativa cuestionada es el art. 260.I del CPC, la cual incide directamente en el proceso judicial; aclarando que, no solo las decisiones finales pueden ser objeto de impugnación, sino también aquellas que resuelven incidentes o excepciones, ya que las normas procesales también deben respetar la supremacía constitucional;
  2. b)Es parte del proceso y, mientras no se resuelvan los recursos pendientes, mantiene la calidad de copropietario del bien objeto de controversia, cuya transferencia mediante subasta está siendo cuestionada;
  3. c)El recurso de apelación fue presentado antes que el Auto de 26 de agosto de 2025, el cual no adquirió firmeza, en cumplimiento del principio de oportunidad que exige que la acción de inconstitucionalidad concreta se interponga antes de la ejecutoria de la sentencia; y,
  4. d)La aplicación del art. 260.I del CPC, al caso concreto, podría afectar el sistema constitucional de distribución de competencias, lo cual debe ser evitado por respeto al orden jurídico vigente.

I.2. Respuesta a la acción

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