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TCP

0557/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
8 de abril de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0557/2026-S1

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0557/2026-S1 Sucre, 8 de abril de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad

Expediente: 55068-2023-111-AL Departamento: Beni

En revisión la Resolución 01/2023 de 5 de "marzo" -siendo lo correcto abril-, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Giovana Carol Crespo Figueredo en representación sin mandato de Carlos Guery Manú Gamarra y Luís Alberto Ortíz Yalauma contra Marco Antonio Ugarte, Gobernador del Centro Penitenciario de Mocovi (varones) de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Los accionantes a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 3 de abril de 2023, cursante de fs. 1 a 2, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Guery Manú Gamarra y Luís Alberto Ortíz Yalauma -ahora accionantes-, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP), encontrándose con detención preventiva en el Centro Penitenciario de Mocovi (varones) de Beni; el 31 de marzo de 2023, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado, dictándose una sentencia condenatoria de tres años; por lo que, solicitaron la suspensión condicional de la pena, disponiéndose en tal razón el mandamiento de libertad de la misma fecha; empero, desde el 1 de abril de igual año, continuaron retenidos bajo el pretexto de no contar con sus cédulas de identidad, documento que, presentaron al ingresar al referido Centro Penitenciario; por lo cual, no existiría impedimento para que obtengan su libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denunciaron la vulneración de su derecho a la libertad de circulación, a la dignidad y a la libertad personal; citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

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