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TCP

0557/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0557/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0557/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 56880-2023-114-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 60/2023 de 11 de julio, cursante de fs. 52 a 59 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Agustín Calani Tangara contra Hernán Ocaña Marzana y Aide Mamani Romay, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de julio de 2023, cursante de fs. 15 a 21, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante la Sentencia 36/2023 de 7 de marzo, dictada en el proceso de negación de paternidad seguido en contra de Ruth Rogelia Choque Tapia -ahora tercera interesada-, actuando por sí y en representación de su hijo, se declaró probada la demanda. Dicho fallo dispuso, entre otras medidas de carácter administrativo:

  1. a)La exclusión de su persona como padre del niño y la consecuente ruptura del vínculo de filiación paterno-filial entre ambos; y,
  2. b)El mantenimiento convencional de los datos registrales en las casillas correspondientes al apellido paterno y nombre del progenitor, con la salvedad expresa de que dichos datos no surten efectos legales.

Ante esta resolución, solicitó su complementación y enmienda, solicitud que no prosperó. En consecuencia, interpuso recurso de apelación mediante memorial de 15 de marzo de 2023, fundado en los siguientes motivos:

  1. 1)Si bien la sentencia ordenó la exclusión de la paternidad, resulta contradictorio que se mantenga de manera convencional el apellido Calani junto con su nombre en el registro. Al haberse acreditado mediante prueba de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), que no es el padre biológico, la conservación de su nombre -no solo el apellido- carece de sustento;
  2. 2)Se solicitó que, se precise y ordene el retiro de su nombre de la casilla correspondiente al "padre" en la partida de nacimiento del niño, sin oponerse a que este último conserve de manera convencional el apellido paterno;
  3. 3)La inscripción original del refrido, se realizó por indicación -conforme al art. 65 de la Constitución Política del Estado (CPE)-; lo que, no constituye un reconocimiento voluntario de paternidad. No obstante, el fallo apelado incurre en incongruencia al utilizar en su fundamentación la frase: "A partir de que un niño es reconocido por sus padres..." (sic); y,
  4. 4)Se exigió un pronunciamiento expreso que, ordene la devolución de Bs2 746.- (dos mil setecientos cuarenta y seis bolivianos), abonados para la realización de la pericia de ADN; lo que, no implica modificar el fondo de la sentencia sino complementarla.

A causa de la interposición de dicho recurso, Hernán Ocaña Marzana y Aide Mamani Romay, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandados-, emitieron el Auto de Vista 152/2023 de 3 de mayo, que anuló el proceso "...hasta fs.16..." (sic); y como consecuencia, ordenaron que la Jueza de primera instancia provea el memorial de demanda nuevamente, en aplicación de los arts. 231 y 232 del Código de Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-.

Sin embargo, el Auto de Vista mencionado, lesionó el derecho al debido proceso, específicamente en su elemento de congruencia -ultrapetita- desarrollado en la , al considerar y resolver sobre aspectos que, nunca reclamó, como una presunta aceptación implícita del registro o la existencia de un plazo caducado. Además, al no haber sido la sentencia de primera instancia impugnada por la tercera interesada, esta debió entenderse consentida y firme.

Asimismo, vulneraron el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, desarrollado en la ; al considerar que, el pago de asistencia familiar efectuado en 2013, fue obligado bajo amenaza de privación de libertad, podía interpretarse como una aceptación voluntaria del registro de paternidad; coartándose su derecho a la defensa, al sustentar el fallo con esta especulación subjetiva. Del mismo modo, afirmaron que en 2013 se debió tramitar la negación de paternidad con base en el art. 18.I del CFPF, norma que era inexistente en ese entonces, ya que el Código de Familias entró en vigencia recién en 2016.

Por otro lado, los Vocales ahora demandados, sostuvieron que la acción de negatoria de paternidad, fue interpuesta fuera del plazo legal; ya que, omiten identificar la norma específica que establece dicho plazo, ni existe un razonamiento sobre el mismo, ni el bien jurídico que este pretende proteger; aun si se presumiera que se refieren al art. 18.I del CFPF, este precepto establece un plazo de caducidad de seis meses contados a partir de que se tuvo conocimiento del hecho. Asimismo, el fallo cuestionado invoca la doctrina de Gonzalo Castellanos Trigo; la cual postula que, no puede privarse al marido del derecho a desconocer un hijo que no es biológicamente suyo. Sin embargo, esta doctrina resulta inaplicable al caso concreto; toda vez que, nunca existió una familia constituida por vínculo matrimonial ni, por ende, una relación paterno-filial real cuyo desarrollo hubiera que proteger. En el presente caso, el registro se efectuó por mera indicación, conforme a lo cual, lo que debe protegerse es la identidad del niño.

Finalmente, citaron el , el cual se pronuncia sobre el art. 204 del Código de Familia (CF) -abrogado-, para sostener con base en el principio de interés superior del menor, la obligatoriedad de respetar el plazo de caducidad. Sin embargo, esta conclusión es inaplicable al caso; toda vez que, la norma citada regula específicamente el plazo de caducidad que deriva del reconocimiento voluntario de la filiación; aunque, la paternidad fue atribuida por mera indicación; por lo que, resulta de aplicación el art. 15.II del CFPF, conforme al cual, no importa la vigencia del tiempo de registro.

Por otro lado, los Vocales ahora demandados, vulneraron el derecho al debido proceso en su elemento de aplicación correcta de la ley, así como los principios de legalidad y verdad material. Ello, en razón de que omitieron considerar que, el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, si bien faculta la revisión de oficio, condiciona expresamente esta facultad a aquellos supuestos expresamente previstos por ley. En materia familiar, dicho límite se encuentra establecido en el art. 248.I del CFPF; el cual, prescribe que todo acto procesal será válido siempre que haya cumplido su finalidad y eficacia y en tanto no cause indefensión directa. En el caso concreto, el proceso se tramitó con la debida citación de la parte demandada, quien ejerció su derecho de defensa de forma amplia; asimismo, se aplicó el procedimiento establecido y se practicó la prueba de ADN que, constituye el fundamento de la Sentencia 36/2023, sin que se advierta vulneración alguna. Una limitación adicional se desprende del art. 17.II de la LOJ, que obliga a los tribunales de apelación a pronunciarse exclusivamente sobre los puntos concretos impugnados en el recurso interpuesto.

De igual manera, el artículo 17.III de la LOJ; dispone que, la declaratoria de nulidad solo procede ante irregularidades procesales que hayan sido reclamadas de manera oportuna durante la tramitación del proceso. No obstante, al decretar de oficio la nulidad, sin reposición de los actuados "...hasta fs.16..." (sic), del proceso original, los recurrentes actuaron al margen de sus atribuciones, vulnerando con ello lo establecido en los arts. 250 y 385 del CFPF. Al respecto, la , al interpretar el régimen de nulidades, estableció de manera expresa que, el Tribunal de apelación solo puede anular actuados a pedido de parte.

Por último, el Auto de Vista 152/2023 es arbitrario, porque no cumplió lo previsto en el art. 203 de la CPE; relativo a que, la jurisprudencia constitucional es vinculante y de cumplimiento obligatorio.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de la resolución; y, aplicación correcta de la ley; así como los principios de legalidad y verdad material; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

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