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TCP

0559/2025-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de noviembre de 2025
Resumen del caso

Auto 0559/2025-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0559/2025-CA Sucre, 27 de noviembre de 2025

Expediente: 77082-2025-155-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Cochabamba

En consulta la Resolución de 12 de agosto de 2025, cursante de fs. 443 a 445, pronunciada por el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, por la que resuelve rechazar la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Carlos Sergio Franco Gutiérrez en representación legal de Servicios de Aeropuertos Bolivianos Sociedad Anónima (SABSA S.A.), demandando la inconstitucionalidad de los arts. 12 de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales -Ley 1602 de 15 de diciembre de 1994-; y, 216 del Código Procesal del Trabajo (CPT), por ser presuntamente contrarios a los arts. 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 3, 7 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 30 de julio de 2025, cursante de fs. 424 a 428 vta., la parte accionante manifiesta que, en el proceso laboral seguido por los extrabajadores de SABSA S.A. contra dicha empresa, esta suscribió un contrato de concesión mediante la Escritura Pública 104/97 de 28 de febrero de 1997, respecto al contrato de concesión de los Aeropuertos de El Alto (La Paz), Jorge Wilstermann (Cochabamba) y Viru Viru (Santa Cruz), este contrato fue celebrado entre la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) y la Compañía Airport Group International (AGI). Conforme al art. 2.3 del referido Contrato, "...AASANA otorga al Concesionario por el Período del Contrato el derecho y privilegio exclusivo para llevar a cabo la administración, operación, mantenimiento, explotación económica y expansión de los Aeropuertos a través de la Compañía de Aeropuertos" (sic), por un período establecido de veinticinco años.

Posteriormente, el Decreto Supremo (DS) 1494 de 18 de febrero de 2013, dispuso la nacionalización a favor del Estado Plurinacional de Bolivia, representado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el paquete accionario de la Compañia TBI Overseas Bolivia, perteneciente a la Sociedad Airport Concessions & Development Limited - ACDL, encabezada por Abertis S.A. y las acciones en propiedad de terceros provenientes de esta sociedad.

Asimismo, de acuerdo al DS 4630 de 30 de noviembre de 2021, se creó la entidad pública descentralizada Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), bajo tuición del referido Ministerio, con personalidad jurídica y autonomía de gestión, este Decreto Supremo estableció que todos los contratos, licencias y convenios suscritos por AASANA serían asumidos por la nueva entidad.

En este contexto, el 28 de febrero de 2022, concluyó el contrato de concesión otorgado a SABSA S.A., extinguiéndose automáticamente sus derechos y cesando su administración sobre los aeropuertos mencionados, los cuales pasaron a ser gestionados por NAABOL. Conforme a lo estipulado en el contrato de concesión, la expiración del mismo no afectaba los derechos u obligaciones acumuladas por AASANA y/o la Compañía de Aeropuertos; sin embargo, establecía expresamente que la explotación económica concluía de manera automática, y que todos los bienes, contratos, convenios y derechos necesarios para la gestión aeroportuaria se transferían sin pago alguno a AASANA, junto con las obligaciones correspondientes.

Como consecuencia de la finalización del contrato de concesión, todos los activos y bienes de SABSA S.A. fueron transferidos inicialmente a AASANA y, posteriormente, a NAABOL, conforme a lo dispuesto en el DS 4630, en tal sentido, el 25 de marzo de 2022, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SABSA S.A., con el 99,97% de votos, resolvió la disolución y liquidación de la empresa, designando como Comisión Liquidadora a Juan Ayala Fuentes y Jaime Mauricio Montes Cano, conforme a la Escritura Pública 244/2022 de 30 de marzo y el Testimonio de Poder 341/2022 de 8 de abril.

No obstante, el 22 de mayo de 2023 se suspendió el proceso de disolución y liquidación de SABSA S.A., reactivando la empresa mediante Escritura Pública 394/2023, con el único propósito de generar recursos destinados al pago de beneficios sociales a sus extrabajadores de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; sin embargo, actualmente, SABSA S.A. no cuenta con recursos económicos, con activos materiales ni inventarios, manteniendo únicamente su experiencia de más de veinticinco años en el ámbito aeroportuario y los procesos judiciales pendientes, en su mayoría laborales.

En este contexto, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, emitió el Auto de 18 de julio de 2025, cuya ejecución depende de la constitucionalidad del art. 12 de la Ley 1602, por ello, mientras se resuelve la acción de inconstitucionalidad concreta planteada, debe suspenderse la ejecución de los mandamientos de apremio emitidos por dicha autoridad, ya que esta disposición contraviene el Pacto de San José de Costa Rica y otros convenios internacionales ratificados por el Estado boliviano, al establecer medidas privativas de libertad por deudas de carácter patrimonial, lo cual está prohibido, salvo en casos relativos a deberes de asistencia familiar.

Considerando que SABSA S.A. dejó de administrar los aeropuertos desde el 28 de febrero de 2022, y que todos sus contratos, bienes y obligaciones fueron transferidos a AASANA conforme al contrato de concesión, resulta irrazonable e ilegal imponer mandamientos de apremio contra la empresa, esta situación vulnera principios fundamentales como la seguridad jurídica y el debido proceso; por lo que, solicita a este Tribunal revisar la constitucionalidad de los arts. 12 de la Ley 1602 y 216 del CPT, que habrían sido la base jurídica para la emisión del Auto de 18 de julio de 2025.

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