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TCP

0559/2025-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
28 de mayo de 2025SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0559/2025-S1

Proceso
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Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0559/2025-S1 Sucre, 28 de mayo de 2025

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 55201-2023-111-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 0057/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 135 a 137 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Benedicta Choque Huanaco de Ayma y Salustiano Ayma Morales contra Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, ex Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes, por memoriales presentados el 27 de enero, 3 y 9 de febrero de 2023, cursantes de fs. 48 a 64, 68 y vta.; y, 72, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), se emitió la Sentencia 01/2022 de 21 de marzo, disponiendo la privación de su libertad; por lo que, las partes procesales interpusieron recurso de apelación restringida, y los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitieron el Auto de Vista 108/2022 de 12 de julio, aumentando el quantum de la pena; además, confirmaron el contenido total de dicha Sentencia y contrariamente refirieron que la pena impuesta era insuficiente.

Contra el Auto de Vista 108/2022 y ante los evidentes defectos absolutos, interpusieron recurso de casación, con la finalidad de que el Tribunal de alzada se pronuncie respecto a la insuficiente fundamentación, lo que generó la inobservancia de lo establecido por el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuyo defecto de "sentencia" se encuentra ligado con lo estipulado por el art. 370.5 del mismo Código, dando lugar a la materialización del defecto absoluto previsto por el art. 169.3 de dicho Código; por lo que, respecto a la denuncia de defectos absolutos, no se requiere el cumplimiento esencial de formalidades a momento de interponer ese recurso. Asimismo, se denunció la defectuosa valoración de la prueba.

Los entonces Magistrados hoy accionados, declararon inadmisible su recurso de casación -por -, vulnerando sus derechos, al incurrir en indebida motivación y no controlar al Tribunal de alzada que a su vez debió controlar al Juez de primera instancia. Dichas autoridades no explicaron las razones suficientes de su decisión, sobre los presupuestos de flexibilización de requisitos previstos para el recurso de casación cuando se acusan defectos absolutos en el proceso penal, limitándose a realizar una descripción netamente formalista y no así garantista, vulnerando sus derechos; manifestando de manera arbitraria que no se cumplió con lo establecido por el art. 416 del CPP, alegando que su planteamiento versa sobre descontentos, lo que resulta falso; ya que, se hizo mención a todos los agravios vulnerados con la emisión del Auto de Vista 108/2022.

Su recurso de casación contiene reclamos con relación a vulneraciones de derechos fundamentales, como el derecho a la doble instancia, a la errónea valoración de la prueba y que no existe fundamentación de la Sentencia 01/2022, lo que fue convalidado por el Auto de Vista 108/2022 emitido por el Tribunal de alzada, con base en hechos inexistentes y no acreditados.

El , al efectuar el examen de admisibilidad en cuanto a la verificación de requisitos de contenido, señaló que los requisitos exigidos por los arts. 416 y ss. del CPP, no fueron cumplidos. El citado argumento vulnera los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, siendo muy genéricos respecto a la exigencia que se realiza para la admisibilidad del recurso de casación, considerando que la exigencia de la actividad procesal defectuosa no fue referida en ese recurso planteado; empero, si se efectúa un análisis y revisión del mismo, se podrá establecer que se menciona de forma, "suscitan" a lo que es la existencia de defectos absolutos.

Ya no es posible limitarse a buscar deficiencias en los recursos de apelación restringida para no ingresar a resolver un recurso de casación, sino que, en compatibilidad a los nuevos principios rectores contenidos en los arts. 1, 8, 9, 13, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE). Dicho recurso de casación debe ser analizado de conformidad con los principios pro actione y pro hómine consagrados por los arts. 8 y 180 de dicha Ley Fundamental, y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que fueron inobservados por los entonces Magistrados ahora accionados, al pronunciar el .

El Recurso de casación planteado, cumplía con las exigencias mínimas de la casación penal; por lo que, correspondía que los entonces Magistrados hoy accionados ingresen a analizar el fondo de los cuatro motivos expuestos; así como, las reiteradas denuncias respecto a la existencia de defectos absolutos inconvalidables, que no tuvieron ninguna efectividad para que verifiquen si realmente ocurrieron o no esos defectos; incumpliéndose con el estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cantos contra el Estado Argentino, sobre el derecho a la protección judicial vinculada a la garantía del recurso efectivo, y con el deber que tienen de revisar de oficio el proceso para garantizar los derechos. Al disponer el la inadmisibilidad de su recurso de casación, determinando de manera indirecta la convalidación de los defectos denunciados en el mismo, sin considerar la flexibilización que se debe tomar en cuenta; puesto que, de por medio existe una mujer y un adulto mayor que son juzgados y que pertenecen a un sector vulnerable de -la población-.

I.1.2. Derechos, principios y garantía supuestamente vulnerados

Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y a la impugnación; a la defensa, a la tutela judicial efectiva o de acceso a la justicia, "de acceso efectivo al recurso de impugnación" y a la doble instancia; así como, a los principios pro actione, pro hómine, de prevalencia del derecho sustancial, interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; citando al efecto los arts. 1, 8, 9, 13, 115, 180.II, 256 y 410 de la CPE; y, 8.1 y 29 de la CADH.

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