Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0560/2019-S4 Sucre, 29 de julio de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 27843-2019-56-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 18/2019 de 11 de febrero, cursante de fs. 280 a 282 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Verónica, María René y Diego Alejandro, todos Assaff Cruz contra Irma Villavicencio Suárez y Samuel Saucedo Iriarte, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y Alberto Guzmán Méndez, Juez Público Civil y Comercial Séptimo del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 3 de diciembre de 2018, cursante de fs. 253 a 261 vta., y el de subsanación el 9 de enero de 2019, cursantes de (fs. 268 y vta.), los accionantes manifestaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante Testimonio 417/2014 de 2 de junio, Flavio Montaño, otorgó préstamo de dinero por el monto de $us3 000 (tres mil dólares estadounidenses), con un interés del 3% mensual a favor de Aniceto Algarañaz Román, constituyendo como garantes a Jorge Alejandro Assaff Justiniano y Paula Cruz de Assaff, quienes afianzaron con un inmueble ubicado en la zona sur oeste, urbanización 113, manzano 27 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, registrado en Derechos Reales (DD.RR.), bajo la matrícula computarizada 7.01.1.99.0029338.
El 2 de agosto de 2016, el acreedor inició una demanda ejecutiva contra Aniceto Algarañaz Román y Paula Cruz de Assaff, mencionando que de igual forma, demandaba contra los presuntos herederos de Jorge Alejandro Assaff Justiniano; toda vez que, el mismo había fallecido; posteriormente, el 9 del señalado mes y año, el Juez hoy codemandado, declaró probada la demanda y condenó al pago del capital más intereses convenidos a los mencionados.
Continuando con la tramitación de la causa, en cumplimiento a la providencia de 30 de septiembre de 2016, Flavio Montaño, se apersonó al Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Santa Cruz y procedió a realizar el juramento de desconocimiento de domicilio respecto a los presuntos herederos de Jorge Alejandro Assaff Justiniano, pidiendo que sean citados mediante edictos, falseando la verdad, ya que, en el documento de préstamo, constaba la dirección del inmueble dado en garantía, mismo que constituía el domicilio de los ejecutados, garantes, y por ende, de sus herederos. Consiguientemente, y pese a este vicio, recién fueron notificados mediante edictos, cuando el bien ya fue rematado y adjudicado; es así, que el 9 de mayo de 2018, el Oficial de Diligencias del Juzgado donde se ventilaba la causa, les hizo conocer sobre la existencia de una conminatoria que les otorgaba el plazo de diez días para desocupar el inmueble, el cual contenía los datos exactos donde sus personas moraban, contrariando lo señalado por el ejecutante en el acta de juramento de desconocimiento de domicilio.
Una vez que asumieron conocimiento sobre la tramitación del proceso ejecutivo, el 16 de mayo del 2018, interpusieron demanda incidental de nulidad por fraude procesal y oposición al desapoderamiento, resuelto mediante Auto Interlocutorio 149 de 8 de junio de igual año, que la rechazó; dando lugar a que interpusieran recurso de reposición bajo alternativa de apelación, bajo los mismos argumentos esgrimidos en el incidente planteado, siendo resuelto por los Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandados-, a través del Auto de Vista 427-18 de 21 de septiembre de 2018, el que incurrió en las siguientes ilegalidades:
- a)Se circunscribieron a citar los principios procesales y a nombrar a quienes interpusieron la demanda incidental, olvidando que sus personas se constituían en herederos de Jorge Alejandro Assaff Justiniano, y que por ende, les correspondía ser parte procesal por subrogación, ya que al inicio de la demanda ejecutiva y en franca violación a sus derechos, fueron notificados por edictos, pese a que se conocían sus domicilios reales, sin darles la oportunidad de asumir defensa;
- b)Se lesionó los principio de legalidad y lealtad procesal al haber sido notificados de forma inadecuada, lo que vulneró sus derechos a la vivienda y al debido proceso; y,
- c)No contó con la debida congruencia entre lo demandado y lo resuelto.
El citado Auto de Vista no fundamentó respecto a la diligencia de citación errada realizada a sus personas, incurriendo en las siguientes omisiones:
- 1)No determinó con claridad, los hechos atribuidos a las partes procesales, referidos al recurso de reposición con alternativa de apelación;
- 2)No cumplió con otorgar una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes;
- 3)No describió expresamente, los supuestos fácticos de hechos contenidos en la norma aplicable al caso concreto; es decir, respecto a las razones y motivos sobre la competencia del juez natural;
- 4)No puntualizó de forma individual todos los medios de prueba aportados por las partes procesales; y,
- 5)No determinó el nexo de causalidad entre las pretensiones de las partes del proceso.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Los impetrantes de tutela consideraron lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación y congruencia, al juez natural y competente, a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la vivienda, a la propiedad privada, al habitad y a la seguridad jurídica; así como principios de lealtad procesal y legalidad, citando al efecto los arts. 19, 20, 56, 115, 119.II, 120 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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