Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0561/2019-S3 Sucre, 9 de septiembre de 2019
SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional
Expedientes: 25189-2018-51-AAC 25335-2018-51-AAC (acumulado) Departamento: Tarija
En revisión las Resoluciones 06/2018 de 15 de agosto (expediente 25189-2018-51-AAC) y 01/2019 de 26 de febrero (expediente 25335-2018-51-AAC), cursantes de fs. 248 a 259 vta., y fs. 442 a 445, pronunciadas dentro de las acciones de amparo constitucional interpuestas en la primera por Oscar Gerardo Montes Barzón y en la segunda por Ruth Natty Ponce Pérez de Montes en ambas contra Jorge Alejandro Vargas Villagomez y Blanca Carolina Chamón Calvimontes, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Expediente 25189-2018-51-AAC
I.1.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 10 de agosto de 2018, cursante de fs. 144 a 156 vta., el accionante manifestó que:
I.1.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, encontrándose en etapa de juicio oral, interpuso excepción de extinción de la acción penal por prescripción e incidente de actividad procesal defectuosa, ante la falta de prueba objetiva que demuestre la existencia de "...DINERO DEL ESTADO QUE CUYA PERDIDA SEA PRESUNTAMENTA ATRIBUIDA..." (sic) a su persona y a la coimputada; y, el incumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 341 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en la acusación formal; excepción e incidente que fueron resueltos mediante Auto Interlocutorio 01/2018 de 9 de enero, por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Tarija, declarándolos fundados y con lugar; decisión que fue objeto de apelación incidental por parte de la Fiscalía Departamental de Tarija, el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija en calidad de víctima y como "...tercero ajeno al proceso..." (sic) el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
En ese sentido, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Auto de Vista 79/2018 de 20 de julio, declaró con lugar las apelaciones formuladas, revocando la decisión de extinguir la acción penal por prescripción, sin fundamentar, motivar ni valorar correctamente la prueba aportada, además de no tomar en cuenta las contestaciones a los recursos de apelación planteados; invalidando los fundamentos de la decisión que lo liberó de un proceso injusto, basado en una interpretación errónea y restrictiva del principio de irretroactividad de la ley; puesto que, en la gestión -2008- en que se originaron los supuestos hechos que se le endilgan, no se encontraba vigente la Ley 004 de 31 de marzo de 2010 -Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz"-; por último, la permisión de que un tercero como el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, sea recurrente sin tener legitimación activa para tal efecto, resulta impertinente.
I.1.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y valoración razonable de la prueba; a la igualdad procesal de las partes; y, a la defensa; citando al efecto los arts. 13, 115, 117, 119 y 121.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 79/2018 y en su lugar se mantenga firme el Auto Interlocutorio 01/2018, que declaró la extinción de la acción penal por prescripción.
I.1.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia pública el 15 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 239 a 248, se produjeron los siguientes actuados:
I.1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su demanda, señalando además que:
- a)El art. 123 de la CPE, dispone que la ley no tendrá carácter retroactivo y sólo dispone para lo venidero, y para aplicarse una sanción debe ser sobre un delito que esté vigente al momento de la comisión del hecho;
- b)El Auto de Vista impugnado no refiere que se presentó contestación individual a cada uno de los recursos impetrados, eludiendo fundamentar respecto a ello;
- c)Una vez que se declaró la prescripción, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción intervino e interpuso recurso de apelación incidental sin haber participado en la excepción, por lo que no tiene legitimación activa en el proceso;
- d)Resulta erróneo establecer que se puede procesar con una norma que incorpora un tipo penal desde la gestión 2010 y pretender aplicarlo cuando al momento del hecho, éste resultaba inexistente;
- e)El Tribunal de alzada omitió valorar los fundamentos vertidos estableciendo una situación de desigualdad respecto a los terceros interesados;
- f)Debió aplicar el principio de favorabilidad, puesto que en caso de duda entre dos articulados o normas, debió aplicar la más favorable al imputado; y,
- g)Al no haber sido valoradas las pruebas por el Tribunal de apelación, solicitó se considere los antecedentes y se ordene a las autoridades demandadas emitir una nueva resolución que se enmarque en los lineamientos y requisitos que establece el principio de intervención normada, sin apartarse de la norma vigente.
I.1.2.2. Informe de los demandados
Jorge Alejandro Vargas Villagomez y Blanca Carolina Chamón Calvimontes, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante informe escrito presentado el 15 de agosto de 2018, cursante de fs. 170 a 171 vta., precisaron que:
- 1)La acción de amparo constitucional no es supletoria a otros medios ordinarios para hacer valer derechos, no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas;
- 2)El instituto de la prescripción no es aplicable para el caso, puesto que los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito, de acuerdo a los arts. 112 y 123 de la CPE, y el , son imprescriptibles;
- 3)el Auto de Vista cuestionado señaló que el daño contra el patrimonio del Estado radica en el desconocimiento del origen de los fondos para la adquisición de dos inmuebles y un vehículo, crecimiento ilícito de su patrimonio sin exponerlos en su condición de funcionarios públicos, en su respectiva declaración jurada de bienes y rentas, adecuándose de esta manera a los requisitos establecidos en el art. 112 de la Norma Suprema;
- 4)El art. 15.III de la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción -Ley 974 de 4 de septiembre de 2017- refiere que el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción está facultado a interponer toda acción o recurso que le franquee la ley, la autoridad jurisdiccional y el Ministerio Público deben notificarle con todas las actuaciones de aquellos procesos penales en los que sea coadyuvante;
- 5)Respecto a la motivación de las resoluciones, esta puede ser concisa pero clara y debe satisfacer todos los puntos demandados, expresando las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente la decisión; y,
- 6)De ningún modo se apartaron de la ley, puesto que se realizó una interpretación de acuerdo a la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia; en atención a estos fundamentos solicitaron se deniegue la tutela impetrada.
I.1.2.3. Intervención de los terceros interesados
Rodrigo Paz Pereira, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, a través de sus representantes, en audiencia señaló que:
- i)Los Vocales ahora demandados, resolvieron punto por punto cada uno de los argumentos donde supuestamente se habrían vulnerado derechos;
- ii)La fundamentación del impetrante de tutela en la acción de amparo constitucional interpuesta, se circunscribió a desvirtuar la existencia de la comisión de un hecho delictivo, sin referir de qué manera el Auto de Vista 79/2018 lesionó sus derechos;
- iii)No corresponde a la justicia constitucional la revisión de resoluciones que dicten otras autoridades;
- iv)El accionante realizó una incorrecta interpretación de los arts. 112 y 123 CPE, puesto que los delitos cometidos por los servidores públicos que atenten contra la economía del Estado son imprescriptibles; y,
- v)No hizo mención que el delito de legitimación de ganancias ilícitas por el que es acusado fue tipificado mucho antes de la vigencia de la Norma Suprema y que si bien fue modificado por la Ley 004, no deja de ser valedero, por lo que solicitó se deniegue la tutela.
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