0562/2019-S2

Consideran lesionados sus derechos a la dignidad, a la petición, aquellos inherentes a todas las personas adultas mayores y con discapacidad; vale decir:

1. a)A una vejez digna, con calidad y calidez humana;
2. b)A prohibir y sancionar toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación; y,
3. c)A ser protegidas por el Estado; citando al efecto, los arts. 22, 24, 67 y 68.II, 70.1 y 71.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y de forma general, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Solicitan se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:

1. 1)El cese de las referidas omisiones;
2. 2)Ordenar a la autoridad demandada, emitir en el día, las respuestas escritas a sus dos cartas y a los seis memoriales individualizados anteriormente;
3. 3)Llamar la atención a la MAE demandada y a los demás funcionarios del citado Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo; y,
4. 4)El pago e imposición de costas y gastos procesales contra el demandado.

Los accionantes a través de su abogado, reiteraron los términos de su demanda tutelar, además añadieron que:

1. i)Respecto a Paulina Rodríguez Vda. de Mamani, no se reclama la lesión de su derecho a la propiedad privada, sino, de sus derechos a su dignidad, a la petición y a la no discriminación por su condición de persona adulta mayor y con discapacidad; y, con relación a Ángel Mamani Rodríguez, se denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad, a la petición y respuesta oportuna y debida;
2. ii)Acreditan documentalmente su derecho propietario sobre el bien inmueble, sobre el cual se solicitó el inicio del trámite de anexión, regularización y aprobación de plano, petición reiterada desde hace ocho años, a través de varios memoriales presentados ante diferentes oficinas del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, sin tener respuesta alguna;
3. iii)Acudieron ante la MAE de dicho ente municipal a través de cartas adjuntas a los tantos memoriales citados anteriormente, para que pueda otorgar viabilidad a su solicitud o responda a sus peticiones; empero, desde el 13 de febrero de 2019 -data de presentación de su última solicitud- hasta la interposición de esta acción de tutela, la autoridad demandada omitió respuesta; encontrándose en indefensión; dado que, no saben dónde acudir, pues, las Unidades ante las que se presentaron para solicitar respuesta, evaden su petición; y,
4. iv)Respaldan además, su solicitud de recibir una respuesta eficaz por la parte demandada, en lo dispuesto en el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-.

Antonio Montaño Gonzales, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, no presentó informe escrito; empero, a través de su abogado apoderado en audiencia indicó lo siguiente:

1. a)El trámite iniciado por los accionantes ante el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, está relacionado con el cambio de uso de suelo de propiedad; el que recibe un tratamiento específico; y sobre el cual, se brindó respuesta por parte de las Comisiones Primera y Quinta del Concejo Municipal a través de un informe circunstanciado, que sirvió de sustento para la emisión de la Resolución de 23 de enero de 2019; la cual, valorando los antecedentes del caso, recomendó que el informe técnico sería insuficiente; y en razón a ello, ordenó la devolución del expediente a la MAE, a efectos de realizar otros informes; dicha remisión se efectuó mediante Hoja de Ruta de 7 de febrero de 2019;
2. b)Por memorial de 31 de enero de 2019, los impetrantes de tutela, adjuntaron la referida Resolución de 23 de igual mes y año, sin efectuar reclamo alguno sobre la misma; lo cual, acredita que obtuvieron respuesta por parte del Concejo Municipal; asimismo, se generó otra Hoja de Ruta de 15 de febrero del mismo mes y año, para absolver la solicitud de los demandantes de tutela, quienes fueron otorgando plazos a la entidad municipal;
3. c)Los actos administrativos del Municipio de Quillacollo están regidos por la Ley de Procedimiento Administrativo; en ese sentido, las solicitudes de los peticionantes de tutela deben enmarcarse en la misma;
4. d)En lo que respecta al silencio administrativo, la jurisprudencia constitucional sentada en la "SC 1137/2017-S3", refiere respecto al derecho de petición, que si bien no hubo respuesta clara "...la ley establece plazos supletorios asignando tiempos conforme el Art. 71 inc. G) del reglamento que indica plazo de 20 días según el Código de Procedimiento Administrativo..." (sic); entonces, las cartas presentadas por los solicitantes de tutela, no están sujetas a un plazo discrecional; vale decir, que al ser notificados con la citada Resolución, el 31 de enero de 2019, en esta misma fecha presentaron su primera solicitud, encontrándose dentro del plazo de los veinte días para responder, dada la habilitación de la tramitación de remisión; y,
5. e)No existe constancia de la lesión del derecho a la dignidad de la accionante por una supuesta negligencia u obstaculización en su tramitación; dado que, el plazo para responder su petición aún está vigente; además, el trámite de cambio de uso de suelo es complejo. Por lo que, solicita se deniegue la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mediante Resolución AAC-0001/2019 de 25 de febrero, cursante de fs. 96 a 99, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada:

1. 1)Responda de manera formal y material a la petición de los accionantes, efectuada en las cartas de 4 y 13 de febrero de 2019, en el plazo de cuarenta y ocho horas, bajo condenación de ley; y,
2. 2)Haga conocer a la señalada Sala Constitucional Segunda, las repuestas generadas respecto a los memoriales adjuntos a las referidas cartas de petición, motivo de la presente demanda tutelar.

Determinación efectuada en mérito a los siguientes fundamentos:

1. i)El derecho de petición se encuentra previsto en el art. 24 de la CPE y desarrollado por la jurisprudencia constitucional;
2. ii)Se tiene la existencia de dos peticiones escritas efectuadas por los demandantes de tutela, mediante cartas de 4 y 13 de febrero de 2019, dirigidas al Alcalde del Municipio de Quillacollo, solicitando la anexión, regularización y aprobación de un lote ubicado en la localidad de El Paso dentro del Trámite 260/10; ambas solicitudes fueron recibidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo el 7 y 13 de igual mes y año;
3. iii)Existe falta de respuesta material dentro de un plazo razonable a las peticiones realizadas por los impetrantes de tutela, por parte de la autoridad demandada, quien confirmó esta conducta omisiva en la audiencia de consideración de la presente acción tutelar;
4. iv)La autoridad demandada vulneró el derecho de petición de los accionantes; es decir, a recibir una respuesta rápida y oportuna, o en su caso, de informarse sobre la situación en la cual se encuentra el trámite de la señalada solicitud; apartándose de los principios que rigen la función y administración pública contemplados en los arts. 8, 232 y 235.1 de la CPE -compromiso, interés social, eficacia, calidad, calidez y responsabilidad para vivir bien-; siendo que se encontraba impelido a resolver la petición, de manera formal, escrita, ya sea positiva o negativa y en tiempo razonable, para poner a conocimiento de los peticionantes, a fin de posibilitar reclamos, o en su caso, utilizar los recursos que prevé la Ley; y,
5. v)Respecto a la supuesta condición de persona adulta mayor y con discapacidad visual de la accionante Paulina Rodríguez Vda. de Mamani, no se tiene acreditado dichos extremos; por lo que, no fueron objeto de consideración.

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la dignidad; a la petición; y, aquellos inherentes a todas las personas adultas mayores y con discapacidad; vale decir:

1. a)A una vejez digna, con calidad y calidez humana;
2. b)A prohibir y sancionar toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación; y,
3. c)A ser protegida por el Estado; toda vez que, dentro del Trámite 260/10 iniciado el 16 de marzo de 2010 ante el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, desde dicha fecha, se encuentran solicitando, la anexión, regularización y aprobación de plano de su bien inmueble y denunciando irregularidades cometidas por dicha entidad edil sobre el lote de terreno de su propiedad; siendo reiteradas sus peticiones mediante memoriales de 8 de noviembre de 2011; 7 de marzo, 11 y 14 de mayo, 26 de julio y 28 de agosto, todos de 2018; finalmente a través de cartas de 7 y 13 de febrero de 2019; transcurriendo más de ocho años, sin que hasta la fecha de interposición de esta acción de tutela, la autoridad demandada les otorgue respuestas a sus solicitudes y requerimientos; y, sin tomar en cuenta que una de las impetrantes de tutela -Paulina Rodríguez Vda. de Mamani- es una persona de la tercera edad y con discapacidad visual. Por lo que, solicitan que se:
4. 1)Ordene a la autoridad demandada, emitir en el día las respuestas escritas a sus dos cartas y a los seis memoriales individualizados anteriormente;
5. 2)Llame la atención a la MAE demandada y a los demás funcionarios del citado Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo; y,
6. 3)El pago e imposición de costas y gastos procesales contra el demandado.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas:

1. i)Sobre el derecho de petición: i.a) Contenido esencial; i.b) Requisitos de procedencia; i.c) Legitimación activa y pasiva; i.d) Plazo para emitir respuesta; i.e) Lesión del derecho de petición por parte de autoridades o servidores públicos de gobiernos autónomos municipales; y, i.f) La tutela reforzada del derecho de petición, tratándose de personas adultas mayores;
2. ii)Sobre los enfoques de derechos humanos: Especial mención a los enfoques diferencial e interseccional: ii.a) Enfoque diferencial; y, ii.b) Enfoque interseccional,
3. iii)Análisis de los derechos de las mujeres adultas mayores y con discapacidad, a partir de un enfoque interseccional: iii.a) Derechos de las personas adultas mayores; y, iii.b) Derechos de las personas con discapacidad; y,
4. iv)Análisis del caso concreto.

En ese sentido, se abordará las siguientes temáticas relativas al derecho de petición:

1. 1)Contenido esencial;
2. 2)Requisitos de procedencia;
3. 3)Legitimación activa;
4. 4)Legitimación pasiva; y,
5. 5)Plazo para emitir respuesta.

La SC 218/01-R de 20 de marzo de 20011 establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando las características que debe contener la repuesta:

1. i)Pronta y oportuna2; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable;
2. ii)Formal3; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley;
3. iii)Material4, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y,
4. iv)Argumentada5; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

...a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos:

1. a)la formulación de una solicitud expresa en forma escrita;
2. b)que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente;
3. c)que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y
4. d)se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.

Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: "...a) La existencia de una petición oral o escrita;

1. b)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
2. c)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición"; empero, con relación a este último requisito aclaró que: