Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0563/2019-S1 Sucre, 17 de julio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 27426-2019-55-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 001/2019 de 21 de enero, cursante de fs. 100 vta. a 104, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Medardo Chavez Useda contra Mirael Salguero Palma, Fiscal Departamental de Santa Cruz y Fernando Daniel Mejia Gallardo, Jackeline Severich Garcia y Mirtha Mejia Salazar, Fiscales de Materia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 16 y 28 de noviembre de 2018, cursantes de fs. 37 a 39 y 46 a 47 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 9 de marzo de 2017, formalizó denuncia contra Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera del departamento de Santa Cruz; y, Carlos Montaño Alvarez, Fiscal de Materia -hoy terceros interesados-, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes, para la referida autoridad judicial; y, resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes respecto al señalado Fiscal.
Como antecedente refiere que, dentro del proceso penal seguido en su contra -IANUS 201600031-, por la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica, se dictó Resolución de sobreseimiento el 25 de abril de 2017, que fue puesta a conocimiento de la autoridad judicial -hoy demandada-, quien desde un año atrás tenía la carga de llevar a cabo una audiencia de "imputación formal", contra la cual había interpuesto un incidente de nulidad, que tampoco fue resuelto.
Así, pese al conocimiento del sobreseimiento dictado a su favor, el 4 de mayo del citado año la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera del departamento de Santa Cruz -ahora tercera interesada- decidió celebrar la postergada audiencia de medida cautelar con la "ayuda" del Fiscal de Materia -hoy tercero interesado-, desmantelando todos los principios de la administración de justicia, ante esas circunstancias planteó una acción de libertad teniendo como resultado la , en la que se le concedió la tutela impetrada, por haberse llevado a cabo la referida audiencia de forma ilegal. No obstante estos antecedentes, Fernando Daniel Mejia Gallardo, Jackeline Severich Garcia y Mirtha Mejia Salazar, Fiscales de Materia -hoy codemandados-, dictaron la Resolución Fiscal de rechazo de denuncia de 27 de octubre de 2017, señalando que no existían suficientes elementos de convicción; ante esta ilegal determinación presentó la objeción correspondiente, adjuntando como prueba la antes referida , apoyando su posición respecto al sobreseimiento con el cual fue favorecido, acreditando de esa manera que los denunciados -hoy terceros interesados- tienen coparticipación en el hecho criminal.
No obstante, mediante Resolución Fiscal Departamental FLM OR 162/18 de 6 de marzo de 2018, Freddy Larrea Melgar, entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz, dispuso ratificar el ilegal rechazo a favor de Carlos Montaño Álvarez, Fiscal de Materia y la revocatoria respecto a Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera del referido departamento; sin considerar que, los actos ilegales no habrían ocurrido sin la ayuda de la señalada autoridad fiscal, "...dicho de otra manera: LA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN FORMAL DE 04 DE MAYO DE 2018, NO SE HABRÍA INSTALADO Y COMO CONSECUENCIA, NO EXISTIRÍA NINGÚN MOTIVO PARA PROCESAR A NINGUNA AUTORIDAD" (sic); e interpretando que: "...Con referencia al sindicado Carlos Montaño Alvarez los argumentos de la objeción de rechazo, no son suficientes para cambiar la decisión asumida por los fiscales asignados..." (sic); esta posición es protectora y encubridora hacia el nombrado, cuando no había la posibilidad de que la Jueza denunciada se hubiese adecuado sola a los tipos penales ante descritos, por lo que ambas autoridades "...ESTAN CASADOS EN SU ACTITUD DE COMPLICE..." (sic).
I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados
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