0563/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0563/2019-S3 Sucre, 9 de septiembre de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 28499-2019-57-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 001/2019 de 8 de abril, cursante de fs. 181 a 185 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dora Chambilla de Bautista contra Máximo Alanoca Valda, Secretario General, Juan Tito Apaza, Secretario de Justicia, Máximo Choque Oquendo, Secretario de Actas, Melanio Chipana Valda, Secretario de Agricultura, Pablo Nina Mendoza, Secretario de Relaciones, Placido Tito Mamani, Secretario de Educación -Exautoridades-; e, Ismael Ramos Amaru, Secretario General, Javier Oquendo Chipana, Secretario de Relaciones, Pablo Queso Mendoza, Secretario de Justicia, Juan Mamani Chipana, Secretario de Educación, Juanito Guaraguara Mendoza, Secretario de Agricultura y Marcelino Mamani Ramos, Secretario de Deportes -actuales autoridades-; Juan Carlos Huarahuara Nina, antes Secretario de Deportes, ahora de Actas; y, Víctor Huarahuara Oquendo ex y actual Presidente de Saneamiento de Tierras; todos Autoridades Indígena Originario Campesinos (IOC) de la comunidad agraria de Cusijata del departamento de La Paz. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memoriales presentados el 13 de marzo y 3 de abril de 2019, cursante de fs. 74 a 79 y 83;y, 122 a 124, la accionante señaló que: I.1.1. Hechos que motivan la acción La comunidad agraria Cusijata ubicada en el municipio de Copacabana de la provincia Manco Kapac del departamento de La Paz, se encuentra en proceso de saneamiento de la propiedad agraria efectuada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), socializados como fueron los resultados en marzo de 2018, se pudo evidenciar que de siete hermanos, tres tienen mayor cantidad de parcelas que serán tituladas a su favor, contando ella con una; no obstante aquello, uno de ellos ingresó de manera prepotente a su parcela y construyó una casa de dos pisos; por lo que, presentó queja ante el Secretario de Justicia de la Comunidad, la misma que no fue recibida, reiterada por nota de atención dirigida al Secretario General, se convocó a una reunión donde en lugar de ejercer justicia "...se parcializó..." (sic) siendo ella objeto de amedrentamiento. Ante esa actitud recurrió al INRA, solicitando que mientras se solucione el problema familiar se paralice el proceso de saneamiento -solo para ellos y continúe para el resto de los comunarios-; las autoridades IOC de la referida Comunidad al enterarse de la precitada nota consideraron analizar el problema de la familia "Chambilla Mendoza", emergiendo como resultado la Resolución 3 de 13 de octubre de 2018, mediante la cual establecieron: "'La señora Dora Chambilla no cumple con ningún función social de acuerdo al reglamento interno y al Estatuto Orgánico de la comunidad Agraria Cusijata, tal como indica la Constitución Política del Estado Art. 397, la Ley Nª 1715 y Ley 3545 la tierra es de quien la trabaja, DETERMINAN LA EXPULSIÒN DEFINITIVA DE LA COMUNIDAD CUSIJATA'" (sic), habiendo sido presentada a dicha institución el 16 del mes y año citados y tal instancia le dio a conocer la misma. Para la emisión de la Resolución antes referida, en ningún momento fue notificada, por lo que no fue escuchada ni pudo presentar pruebas, menos ejercer sus derechos a la defensa y al debido proceso, se le impuso una sanción gravosa como es la expulsión de la Comunidad donde vivió toda su vida, sin considerar lo establecido en el art. 190.II de la Constitución Política del Estado (CPE), ni su condición de mujer adulta mayor con 71 años de edad, no obstante la previsión contenida en el art. 5.III de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ), privándola de un lugar para vivir y poder trabajar en su parcela, pues a su avanzada edad ya no tiene la capacidad física para migrar en busca de nuevas oportunidades lo que le genera angustia; por lo que, plantea la presente acción. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante consideró como lesionados sus derechos a un hábitat y vivienda, al trabajo, a la propiedad individual, a su auto identificación cultural, a una vejez digna con calidad y calidez humana, a la defensa y al debido proceso, citando al efecto los arts. 19, 21.1, 46.I.1, 56, 67.I, 115.II y 119 de la CPE.

I.1.3. Petitorio