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TCP

0563/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
8 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0563/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0563/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 56009-2023-113-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 074/2023 de 20 de junio, cursante de fs. 1087 a 1090 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Patricia Rosa Moreno Bacarreza, Rocío Terceros Nogales, Stephany Pino Morales y Claudia Arcila Balderas Córdova en representación legal del Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.) contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de marzo de 2023, cursante a fs. 1 y 1003 a 1010 vta., la entidad accionante, a través de sus representantes, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En la demanda de mejor derecho propietario y restitución de inmueble interpuesta por Vicente Roger Rivero López y Fernando Farid Eid Caballero -ahora terceros interesados- en su contra, la Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, dictó Sentencia 59/2020 de 20 de marzo, declarando improbada la demanda tras considerar que acreditaron su derecho propietario mediante adjudicación judicial con inscripciones matrices de 1992 y 1995, anteriores al registro de los demandantes de 2010.

Apelada dicha Sentencia, se emitió el Auto de Vista 14 de 25 de febrero de 2022 que revocó la misma y declaró probada la demanda, sosteniendo que el antecedente dominial más antiguo acreditado correspondía a los demandantes con registro de su vendedor primigenio el 15 de abril de 1978, mientras que su derecho propietario provenía del registro de la empresa "PEÑA TIM S.R.L." el 8 de septiembre de 1980, aplicando al efecto el art. 1545 del Código Civil (CC).

Contra ese Auto de Vista, interpusieron recurso de casación que fue conocido por Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, quienes pronunciaron el , declarándolo infundado.

No obstante, las autoridades demandadas incurrieron en motivación por remisión, debido a que, el sin explicar las razones propias que sustentan su decisión:

  1. a)Se circunscribió a señalar que la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz contrastó debidamente los antecedentes dominiales, pero no explicó por qué ese contraste era correcto ni identificó con precisión los datos contrastados ni expuso razones propias para validar la decisión del tribunal de apelación, reproduciendo simplemente la conclusión del Auto de Vista 14;
  2. b)Afirmó que fue correcta la decisión impugnada al determinar la necesidad de cotejar los antecedentes dominiales, pero no motivó por qué esa necesidad era jurídicamente exigible en el caso concreto ni expuso razones propias sobre la pertinencia del cotejo, remitiéndose nuevamente a la decisión inferior; y,
  3. c)Declaró correcta la interpretación extensiva del art. 1545 del CC aplicada por el tribunal de apelación, argumentando que cotejó adecuadamente los certificados de tradición, pero no describió por qué lo argumentado por el tribunal de apelación era jurídicamente correcto, los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica ni valoró explícitamente cada medio probatorio ni estableció un nexo de causalidad entre la norma y los hechos acreditados.

Por otro lado, las autoridades demandadas omitieron totalmente pronunciarse sobre el contenido del Testimonio Público 2411 de 15 de septiembre de 1980, pese a que dicho medio probatorio fue valorado en primera instancia y a que uno de los agravios del recurso de casación consistió precisamente en la omisión valorativa en la que incurrió el Auto de Vista impugnado respecto de aquel documento, el cual constituía elemento demostrativo de que su antecedente dominial primigenio era de la empresa Forestación Boliviana S.A., con inscripción del 20 de agosto de 1975, más antiguo que el de los demandantes, registrado el 15 de abril de 1978, extremo que se encontraba expresado en el contenido de dicho Testimonio Público.

Esta omisión configura un vicio argumentativo constitucionalmente relevante, pues el ignoró una prueba pertinente útil y legalmente producida cuya consideración podía modificar el sentido del fallo al demostrar un antecedente dominial más antiguo en su favor.

I.1.2. Garantía y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de la garantía del debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación y valoración de la prueba; así como del principio de verdad material, citando al efecto los arts. 9, 13.IV, 115.II, 116, 119.II, 120, 203, 256.II y 410.II.2 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8.1 y 2 inc. b), c) y f); y, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.2 y 3 inc. b), c) y d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:

  1. 1)Se deje sin efecto el ; y,
  2. 2)Se emita nueva resolución pronunciándose sobre los agravios formulados en su recurso de casación con la debida motivación y fundamentación.

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