Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0564/2019-S1 Sucre, 17 de julio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 27465-2019-55-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 01 de 28 de enero de 2019, cursante de fs. 65 vta. a 67 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jamil Espíndola Perales y Juan Carlos Saldaña Tomasi en representación legal de Marlon Chaux Mosquera contra Hugo Juan Iquise Saca y David Valda Terán, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Juan José Subieta Claros, Juez de Instrucción Penal Sexto del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 8 de enero de 2019, cursante de fs. 15 a 27, el accionante, a través de sus representantes legales, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 28 de septiembre de 2017, el Ministerio Publico inició una investigación contra su persona por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, mismo que puso en conocimiento del "...juez sexto de instrucción penal cautelar..." (sic), que determinó se expida la orden de allanamiento de 28 del referido mes y año; y, una vez presentada la imputación formal, se señaló audiencia de medidas cautelares para el 29 de mayo de 2018, notificándosele en su domicilio procesal y advertido el error por el abogado patrocinante, se procedió con su notificación personal el 28 de igual mes y año conforme dispone el art. 163 inc.1) del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, el Juez demandado no tomó en cuenta "este plazo" ni que el 31 de ese mes y año, era un día feriado.
Señala que en el transcurso de la investigación se generaron procedimientos con vicios de nulidad absoluta, dejándolo en indefensión y lesionando el debido proceso; por lo que, mediante memorial de 11 de junio de 2018, planteó los siguientes incidentes de nulidad:
- a)Por vulneración de los arts. 202 y 282 del CPP y el derecho a la igualdad de las partes al desconocerse el "...origen de la información del supuesto ilícito..." (sic) y su consecuente indefensión, teniéndose solo la referencia de que se recibió información de la sección de inteligencia SS-II del G.A.E.F., sin saber si se cumplió o no el procedimiento para la declaración y si ello era conocimiento de la autoridad judicial;
- b)Devino de los ocho requerimientos que signan como principal investigado a Oscar Roca Justiniano y otros desconociendo su participación en dichas investigaciones; además, que las pruebas materiales a las que hace alusión el informe policial no cursan en el cuaderno de investigaciones; asimismo, en su caso se solicitó allanamiento, toma de declaraciones y otras actuaciones que no fueron requeridas para los otros investigados;
- c)Versa sobre la nulidad del dictamen pericial y la pérdida de la cadena de custodia debido a que el dictamen 432/17 resulta ambiguo e incongruente, siendo la fecha de ingreso al laboratorio anterior al inicio de la investigación; haciéndose referencia al micro aspirado en una avioneta y luego de un departamento; el número del caso; el resultado para cannabis sativa "NO CONTIENE" y luego "CORRESPONDE"; la omisión en el formulario de cadena de custodia signar el detalle de las pruebas colectadas; empero, hacen referencia a la muestras M-1, M-2 y M-3; y, los espacios vacíos e inexistencia de firma en el formulario de pericias colectadas;
- d)Denuncia la falta de control jurisdiccional; toda vez que, el 3 de octubre de 2017, el Ministerio Público informó el inicio de investigación y el 13 de igual mes y año, informó la ampliación por ciento veinte días y con relación a su persona se informó el 31 del citado mes y año; sin embargo, la imputación recién se presentó el 21 de mayo de 2018, fuera del término de ampliación; además, el informe de los asignados al caso fueron realizados sin control jurisdiccional al ser presentado el 23 de febrero de mismo año, constituyendo un defecto absoluto no susceptible de convalidación; finalmente,
- e)Radica en la nulidad de imputación en razón a que el Ministerio Público presentó la referida imputación formal el 21 de mayo del referido año, fuera del plazo de investigación pese a su ampliación y obviamente del control jurisdiccional, inobservando e incumpliendo lo dispuesto por los arts. 54, 279, 300 y 301.2 del CPP (modificado por la Ley 586).
Señala que mediante Auto Interlocutorio 242/18 de 13 de junio de 2018, emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de Santa Cruz -hoy demandado-, el incidente de nulidad fue rechazado in limine sin entrar a considerar el fondo, bajo el argumento que fue planteado fuera de los diez días previstos por el art. 314 del CPP, sin considerar que se notificó personalmente con la imputación formal el 28 de mayo de igual año, según establece el art. 163 inc. 1) del citado Código y que el 31 de ese mes y año era feriado, Resolución que le niega el acceso a la justicia y que fue confirmada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, sin la fundamentación legal suficiente mediante Auto de Vista 179 de 3 de agosto del mencionado año, siendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció los lineamientos para resolver los incidentes de nulidad a través de las y , señalando que los incidentes no tienen el mismo tratamiento que las excepciones según el art. 314 del adjetivo penal.
Finalmente, indicando que el Juez a quo -hoy demandado- no compulsó correctamente los plazos procesales desde la notificación con la imputación de 28 de mayo de 2018, utilizando solo el plazo establecido por el art. 314 del CPP, omitiendo sujetarse a lo previsto por el art. 124 del citado Código, ya que en materia penal rigen los principios de favorabilidad, de interpretación progresiva de la norma y pro homine que no fueron considerados al momento de rechazar el incidente de nulidad, mientras que el Auto de Vista 179 de 3 de agosto de igual año, avala esa ilegal Resolución sin la debida fundamentación.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
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