0564/2023-S2

La accionante a través de su representante, ratificó los argumentos contenidos en su demanda tutelar, y ampliándolos manifestó que:

1. a)El Fiscal de Materia demandado actuó con negligencia; toda vez que, no atendió a los requerimientos impetrados de manera oportuna, respecto a la documentación solicitada para la audiencia de medidas cautelares, otorgando aquella recién el 15 de marzo de 2022, habiendo transcurrido al efecto un tiempo aproximado de veinticinco días sin que el prenombrado diera respuesta a la petición formulada;
2. b)Los funcionarios dependientes de ese despacho fiscal no facilitaron el acceso al cuaderno de investigación, incluso negaron extender fotocopias simples, así como, legalizadas, ocasionado de esa manera que no se cuente con la documentación necesaria para poder desvirtuar los riesgos procesales en el referido acto procesal programado; y,
3. c)La autoridad fiscal demandada, hizo caso omiso al proveído dictado por la Jueza encargada del control jurisdiccional, quien conminó a cumplir con lo peticionado en el plazo de veinticuatro horas.

Freddy Tarqui Mamami, Fiscal de Materia, a través de informe escrito de 15 de marzo de 2022, cursante a fs. 12 y vta., y en audiencia de garantías señaló que:

1. 1)La impetrante de tutela cuenta con incomparecencia de 21 de enero de igual año, encontrándose pendiente la declaración ampliatoria de la misma por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, falsedad material, uso de instrumento falsificado y estafa; hecho que fue puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional de la causa el 17 de noviembre de 2021; por tal razón, la nombrada no se apersonó de manera constante a las oficinas del Ministerio Público;
2. 2)Debido a la realización de diligencias en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, y a efectos del control de asistencia -todos los lunes- en el marcador biométrico de la Fiscalía Departamental de La Paz, su persona se ausenta del asiento fiscal de la localidad de Caranavi; y,
3. 3)Por razones de distancia y mal tiempo imperante en la carretera Caranavi - La Paz, "...no se pudo remitir en físico el cuaderno de investigaciones del caso 18/2020, sin embargo adjunt[ó] algunos antecedentes del mismo v[í]a digital..." (sic)

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 048/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 39 a 41, concedió la tutela solicitada, disponiendo que, habiendo el Ministerio Público remitido los requerimientos fiscales impetrados el 11 de marzo del citado año, por la accionante; se proceda a la entrega de los mismos a la brevedad posible; con base en los siguientes fundamentos:

1. i)Los requerimientos a los que hizo alusión la impetrante de tutela, fueron solicitados el 15 de febrero de igual año, no por voluntad propia, sino una necesidad de contar con aquellos para la audiencia de medidas cautelares señalada para el 16 de febrero del indicado año a horas 14:00;
2. ii)Si bien el Fiscal de Materia demandado elaboró un informe dirigido a la Jueza encargada del control jurisdiccional, recién lo hizo llegar "...el día de hoy 15 de marzo de 2022 a horas 13:09..." (sic), incluso después de la presentación y admisión de este mecanismo de defensa; por tal aspecto, la prenombrada autoridad fiscal conculcó el principio de celeridad establecido en los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE);
3. iii)Los actuados procesales del Ministerio Público deben ser realizados de forma pronta, oportuna y cumpliendo con los plazos de manera razonable; toda vez que, no resulta coherente que el represente fiscal dé respuesta a una petición con una demora injustificada y después de una solicitud de queja efectuada por el impetrante de tutela al Juzgado de la causa; y,
4. iv)En la presente acción tutelar se concedió la tutela en su modalidad innovativa, la cual debe entenderse como el medio procesal por el que el juez o tribunal de garantías asume un rol de protección de derechos, resultando necesario realizar una declaración sobre la existencia de lesiones sobre aquellos, aunque las mismas hubieran desaparecido, advirtiendo al funcionario o persona particular que su conducta es contraria al orden constitucional.