0566/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0566/2019-S2 Sucre, 17 de julio de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 27644-2019-56-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución de 31 de enero de "2018" -lo correcto es 2019-, cursante de fs. 128 a 129, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mijaíl Caballero Saavedra contra Juan José Subieta Claros, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; Mirael Salguero Palma, Fiscal Departamental de Santa Cruz; Saúl Balcázar Reyes, Rubén Dario Ordoñez, María del Carmen Roca Mercado, Matilde Vaca Chávez y Carly Erika Barrancos Rojas, Fiscales de Materia adscritos a la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP) Corporativa 3, todos del mismo Departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 22 de noviembre de 2018 y 14 de enero de 2019, cursantes de fs. 66 a 74; y, 81 a 86 vta., el accionante expresa lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal de violencia familiar o doméstica seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Yssela Giles Manjón, efectuada el 31 de diciembre de 2015; la entidad fiscal dispuso medidas de protección de manera provisional consistentes en la desocupación de su vivienda en el plazo de setenta y dos horas y el pago de una asistencia familiar de Bs1000.- (mil bolivianos), en favor de "la demandante". El 10 de abril de 2017, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió conminatoria para que los representantes del Ministerio Público pronuncien Resolución Conclusiva de la investigación preliminar; emitiendo los Fiscales de Materia adscritos a la FEVAP, Corporativa 1, Resolución de rechazo, debido a que en la investigación no se pudieron obtener elementos suficientes de convicción para fundar una imputación, ni acusación por ese delito; fallo que fue presentado ante la autoridad judicial, quien ordenó que por Secretaría se proceda al archivo de obrados y a la baja del sistema.

En ese marco, el 5 de junio de 2017, solicitó al mencionado Juez, el levantamiento de las medidas de protección provisionales; quien el 12 de ese mes y año, resolvió que acuda ante la autoridad que ordenó las medidas de protección. Razón por la que, el 22 de igual mes y año, se apersonó con este objeto ante la Fiscal de Materia de la FEVAP, quien a través de proveído de 27 de junio de 2017, dispuso acudir ante autoridad competente.

En tal sentido, concurrió nuevamente ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, el 13 de julio de 2017, solicitando el cese de las medidas de protección, quien a través de Auto de 17 de ese mes y año, conminó a la Fiscalía para que responda al pedido de levantamiento de medidas de protección y las deje sin efecto. Así, el 24 de octubre de 2017, solicitó a la Fiscal de Materia de la FEVAP, el cumplimiento del Auto precitado, notificándose a la denunciante el 26 del mismo mes y año; habiendo informado los Fiscales de Materia codemandados al Juez de Instrucción Penal Sexto, el 11 de diciembre de 2017, que la conminatoria se encontraba a espera de pronunciamiento de las partes.

Finaliza, señalando que el 30 de enero de 2018, presentó memorial ante el Juez de la causa, solicitando que se ordene el archivo de obrados, la baja de sistema y conmine nuevamente al Ministerio Público, a fin que se dejen sin efecto las medidas de protección, dictando la autoridad judicial el decreto de 1 de febrero del mismo año, disponiendo no ha lugar al pedido de dejar sin efecto las medidas de protección, al no haber sido el órgano jurisdiccional la instancia que las dictó; sino el Ministerio Público, obviando con ello su labor de contralor de las investigaciones. Provocando con todo ello, una dilación innecesaria en el proceso penal, por no analizar de manera correcta la normativa y no asumir su responsabilidad; por cuanto al existir una Resolución de rechazo de denuncia a su favor, correspondía levantar todas las medidas emergentes de la misma.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la petición, a la propiedad, al debido proceso en sus elementos de congruencia, motivación y fundamentación y a la defensa, así como de los principios de seguridad jurídica y legalidad; citando al efecto los arts. 24, 56, 109, 115.II, 116, 117.I, 119.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela que impetra y en consecuencia, se ordene levantar las medidas de protección provisionales dispuestas por los Fiscales de Materia adscritos a la FEVAP Corporativa 3, en su contra; restituyéndole inmediatamente la posesión real del inmueble del que fue despojado.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Las audiencias públicas fijadas para el 21 y 29 de enero de 2019, a efectos de la consideración de esta acción tutelar fueron suspendidas por falta de notificación a todas las partes y a fin de notificar a la tercera interesada, respectivamente (fs. 88; 114 y vta.), realizándose finalmente dicho acto procesal el 31 de igual mes y año, según consta en el acta cursante de fs. 127 a 128, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado se ratificó en el contenido de su demanda tutelar, precisando que el motivo de la presente acción de defensa es que alguna autoridad jurisdiccional levante las medidas de protección que le impusieron.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas