0566/2021-S1

A tal efecto, previa interposición del recurso de apelación, se dictó el Auto de Vista 350/2020 de 20 de agosto, a través del cual se declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas y se confirmó la resolución apelada. Dicha resolución de alzada incurre en la vulneración de sus derechos fundamentales por los siguientes motivos:

1. a)Frente a su reclamo de que el Auto apelado rechaza la cesación a la detención preventiva con el único argumento de la existencia de la sentencia condenatoria emitida en su contra que no constituye un riesgo procesal previsto en los arts. 234 y 235 del CPP; la Vocal demandada se limitó a relacionar el primigenio Auto 024/2020 que establece la persistencia del riesgo procesal de fuga por la venta del inmueble que habitaba y la omisión de pronunciamiento de su persona hacía dicha determinación;
2. b)El Tribunal de alzada no determinó cuál de los presupuestos de fuga se halla vigente máxime si el indicado pronunciamiento fue reconducido por Auto de Vista 110/2020, cuando señala: "...necesariamente se debe identificar cuál es el acto preparatorio de fuga, uno de ellos presumiblemente desde el punto subjetivo y que el tribunal toma en cuenta es el vender el domicilio que tenía (...) ahora que lo ha vendido este hecho es considerado por el tribunal como un acto preparatorio de fuga, esto es una condición enteramente subjetiva, porque, porque una persona puede vender un inmueble por necesidad, porque no razono en ese sentido puede ser que tenga necesidades económicas y venderlo, porque siempre tiene que pensarse que la venta de un inmueble es para que se dé a la fuga una persona, pueden ser otros aspectos que motiven la transferencia de un inmueble (...) el simple hecho de presentar un folio real o informe en todo caso de Derechos reales que establezca la enajenación del bien inmueble como tal, no es motivo suficiente como para revocar una medida que estaba gozando, la medida sustitutiva..." (sic);
3. c)Sobre la falta de referencia de su parte respecto al Auto 024/2020 se tiene que la Vocal ahora demandada no revisó el pronunciamiento apelado porque de su lectura se advierte que el debate se abrió en base al Auto 58/2020 y la Resolución de alzada 309/2020 que lo confirma, resultando ilógico que la defensa nuevamente se refiera respecto a la venta del inmueble cuando este razonamiento ya fue superado por el anterior Auto de Vista 110/2020; y,
4. d)No procede la detención preventiva cuando al menos no concurre la vigencia de un riesgo procesal, condición mínima de validez para la restricción a la libertad que en el caso de autos no se presenta porque el único riesgo procesal vigente se sustentaba en el peligro de fuga respecto a la ausencia de domicilio vinculada a la sentencia condenatoria emitida; consecuentemente, una vez enervado el aludido riesgo de fuga conforme se dispuso por Auto Interlocutorio 59/2020 quedó tan solo la existencia de una sentencia condenatoria que no logra subsumirse en ninguna de las causales previstas en los arts. 234 y 235 del CPP.

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito de 10 de septiembre de 2020, cursante de fs. 68 a 69, refirió los siguientes aspectos:

1. 1)Del análisis de la demanda planteada se establece que ésta carece de explicación respecto al modo en que se hubieran lesionado los derechos invocados; toda vez que, solo se hizo referencia a que se desvirtuaron los riesgos procesales y que el imputado se encuentra con sentencia condenatoria cuando en el Auto de Vista emitido se realizó un análisis integral de los fundamentos fácticos pronunciados por el a quo;
2. 2)La parte accionante no interpuso "recurso" de explicación, complementación y enmienda conforme establece el art. 125 del CPP; por ende, existe subsidiariedad; y,
3. 3)Se debe tener presente que la jurisdicción constitucional no es otra instancia para revisar decisiones emitidas por la justicia ordinaria; es decir, que la revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos y del derecho no es labor propia de la justicia constitucional salvo que se hubiera efectuado una sucinta y precisa relación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa argumentativa que no se presenta en el caso de autos.

La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 27/2020 de 11 de septiembre, cursante de fs. 74 a 77, denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos:

1. i)La jurisdicción constitucional no puede ser utilizada para revisar la resolución dictada por la autoridad judicial demandada, menos para establecer si efectuó una correcta valoración de las pruebas, antecedentes o motivos que fundaron su decisión; puesto que es exclusiva de las autoridades ordinarias que conocen el proceso; y,
2. ii)La pretensión de la parte accionante es que la jurisdicción constitucional realice un nuevo examen de la Resolución emitida por el Tribunal de apelación como si fuera una instancia más de la vía ordinaria, labor que no es pertinente ni viable ya que ello importaría una doble valoración de la prueba que podría conllevar a un conflicto de competencia entre ambas, tampoco se demostró la vulneración de los derechos a la vida y a la libertad del impetrante de tutela.

El accionante considera vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que la Vocal demandada, mediante la Resolución cuestionada:

1. a)Se limitó a relacionar el primigenio Auto 024/2020 con la persistencia del riesgo procesal de fuga por la venta de su inmueble, justificando esta mención en que omitió reclamar la citada determinación, esto sin considerar que el Auto de Vista 110/2020 recondujo dicho razonamiento tildándolo de subjetivo e insuficiente para revocar las medidas sustitutivas a la detención preventiva de las que gozaba, máxime si el debate se abrió en base al Auto 58/2020 y el de alzada 309/2020 resultando ilógico que su defensa técnica se vuelva a referir sobre una circunstancia ya superada; y,
2. b)No examinó que la procedencia de la detención preventiva depende de la concurrencia de al menos un riesgo procesal, que en el caso no se presenta porque el único que persistía obedecía al peligro de fuga latente ante la falta de acreditación de domicilio vinculada a la sentencia condenatoria emitida; consecuentemente, una vez que enervó el aludido riesgo de fuga conforme se dispuso por Auto Interlocutorio 59/2020 quedó tan solo la existencia de una sentencia condenatoria que no logra subsumirse en ninguna de las causales previstas en los arts. 234 y 235 del CPP. Por lo que solicita se conceda la tutela; y, se deje sin efecto el Auto de Vista 350/2020, disponiendo que se emita un nuevo fallo con las formalidades de ley.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. 1)La fundamentación y motivación de las resoluciones y la garantía del debido proceso;
2. 2)La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los Tribunales de apelación y la interpretación de art. 398 del CPP;
3. 3)El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres;
4. 4)Sobre los riesgos procesales de obstaculización y fuga, especial mención al peligro efectivo para la víctima en delitos relacionados a violencia contra la mujer desde una visión de género; y,
5. 5)Análisis del caso concreto.

...a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,

1. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
2. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
3. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
4. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
5. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4, se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. i)El sometimiento a la Constitución y al bloque de constitucionalidad;
2. ii)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. iii)Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación;
4. iv)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y,
5. v)La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²6-.