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TCP

0566/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
8 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0566/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0566/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 56552-2023-114-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 90/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 232 a 236 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Bertha Canchari Quispe y Javier Troncoso Chambi contra Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia; Eve Carmen Mamani Roldán y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Rosario Inés Rodríguez Sánchez, ex Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 26 de mayo y 2 de junio de 2023, cursante a fs. 1 y 81 a 89; y, 92 a 93, los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, la entonces Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro -hoy codemandada- emitió la providencia de radicatoria de 9 de febrero de 2021, mediante la cual dispuso la notificación al Fiscal de Materia que presentó el Requerimiento Conclusivo de Acusación, otorgándole el plazo de veinticuatro horas para la presentación física de las pruebas de cargo; sin embargo, dicha autoridad presentó las referidas pruebas, fuera del plazo previsto por el art. 340.I del Código de Procedimiento Penal (CPP), concordante con los arts. 130 y 172 del mismo cuerpo normativo, ocasionando una alteración sustancial del procedimiento penal.

Asimismo, en audiencia de juicio oral se permitió a las víctimas consultar documentos mientras prestaban declaración testifical, a efectos de responder las preguntas formuladas, pese a la prohibición contenida en el art. 351 del CPP; no obstante dichas observaciones, la autoridad judicial emitió la Sentencia 033/2021 de 19 de octubre, otorgando validez a las pruebas documentales cuestionadas por su introducción a juicio sin las debidas observaciones del Adjetivo Penal y concluyendo en la credibilidad de la prueba testifical producida. Frente a ello, interpusieron recurso de apelación restringida, denunciando que la referida Sentencia incurrió en los defectos previstos en el art. 370 incs. 1), 4) y 5) del CPP.

Posteriormente, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy codemandados- mediante Auto de Vista 80/2022 de 2 de junio, declaró improcedente el recurso de apelación restringida que interpusieron y confirmó íntegramente la aludida Sentencia. Esta decisión lesionó sus derechos, debido a que no efectuó un análisis minucioso de los agravios expuestos ni consideró el principio de última ratio o la doctrina legal aplicable respecto al carácter excluyente de los delitos de estafa y estelionato. Asimismo, el indicado Auto de Vista incurrió en incongruencia al señalar, antes de la parte dispositiva, la existencia de dos momentos diferenciados del hecho investigado, acusado y sentenciado: por una parte, la disposición patrimonial de las víctimas bajo el compromiso incumplido de entrega de un inmueble en calidad de anticrético; y, por otra, la venta posterior del mismo inmueble bajo la creencia de que este era libre y alodial, pese a soportar diversas obligaciones económicas. Tales afirmaciones contradecían el contenido de la referida Sentencia y evidenciaban falta de fundamentación legal.

En mérito a ello, interpusieron recurso de casación, reiterando los fundamentos expuestos en apelación restringida e invocando los precedentes contradictorios previamente citados, bajo el argumento de que el citado Auto de Vista no resolvió los agravios planteados, ampliando además la denuncia a la vulneración del derecho a la "seguridad jurídica".

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