0568/2022-S4

Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a instancia de parte en su contra por la presunta comisión del delito de violación con agravante, el 2 de marzo de 2021, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares donde el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Oruro, en aplicación de lo previsto por los arts. 233.1 y 2; y, 234.2 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del nombrado departamento; motivo por el que, interpuso recurso de apelación contra dicho fallo; empero, al resolver el mismo mediante el Auto de Vista 54/2021-SP1 de 10 de marzo, José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy demandado-, determinó declarar improcedente su recurso, sin responder a los puntos de agravio que formuló; sino más bien, legitimándolos, siendo éstos los siguientes:

1. a)El a quo, no fundamentó el principio de necesidad con relación a la detención preventiva, aspecto que, no mereció respuesta alguna en el Auto de Vista cuestionado;
2. b)La aplicación de la medida cautelar se basó únicamente en la declaración de la víctima para acreditar la probabilidad de autoría; pese a que, propuso elementos que desvirtuaban la misma, consistentes en los informes médico forense, preliminar y psicológico; sin establecer, cuál era y donde estaba dicha declaración, incurriendo así en incongruencia omisiva; y,
3. c)El Juez de primera instancia estableció, con un criterio ambiguo y poco entendible, el plazo de la detención preventiva; extremo que, la autoridad demandada reconoció de manera expresa, indicando que, la detención preventiva únicamente obedecía a los peligros procesales; sin embargo, justificó los dos meses de su detención preventiva favoreciendo a la víctima, con actos de investigación que no guardan coherencia con el orden argumentativo contradictorio del juzgador, cambiando el sentido de la resolución primigenia, la cual, era inconvalidable.

El accionante, por medio de su representante sin mandato, se ratificó in extenso en los argumentos vertidos en su demanda de acción de libertad y ampliándolos; señaló que:

1. 1)La actuación de los Tribunales de alzada se debe limitar a los alcances previstos por el art. 398 del CPP;
2. 2)Los estándares de juzgamiento con perspectiva de género son entendidos "como rótulos y no como contenidos" (sic);
3. 3)Existió falta de respuesta de agravios, con relación al primer agravio, no se hizo consideración respecto a lo previsto en la parte inicial del art. 233 del CPP, vinculado al principio de necesidad de aplicación de la detención preventiva y no de otras medidas cautelares para asegurar los fines de las mismas, conforme la debida fundamentación y el principio dispositivo que obliga a la autoridad judicial a dar respuesta a las pretensiones de las partes, tal como lo señala la SCP 0879/2019-S2 de 25 de septiembre;
4. 4)De la revisión del Auto de Vista cuestionado, hay un texto "ilustrativo" respecto a lo que, se denomina juzgamiento con perspectiva de género, remitiéndose a la Sentencia "Campo Algodonero vs. México" y la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, en las que, el Vocal demandado se basó para determinar que, la declaración de la víctima es primordial para decidir sobre la probable participación en el delito, cuando no son casos similares al tratarse en ellos de víctimas niñas, niños y adolescentes; no así, de mujeres;
5. 5)Con una "carta anónima" se obtuvo el compact disc (CD), donde se evidencia que, el Vocal demandado en ningún momento "ha mirado, ha visto, ha encontrado y ha leído la declaración de la víctima" (sic),
6. 6)Frente a la declaración de la víctima se tiene al informe médico forense que estableció que, cuatro horas después del hecho no se podía determinar elementos de agresión sexual para concluir si existió o no la misma, faltando los resultados de los exámenes biogenéticos siendo éstos necesarios para conocer si hubo penetración o relación sexual; así también, el informe de la psicóloga del Ministerio Público que señaló que, la víctima relató los detalles exactos de lo sucedido; empero, la autoridad judicial solo da credibilidad a la declaración de la víctima;
7. 7)En los actos investigativos faltantes no se requiere la presencia de los imputados; por lo cual, no existiría proporcionalidad en los seis meses de detención preventiva requerido por el Ministerio Público;
8. 8)El "Juez" fundó la detención solo en los riesgos procesales y eso no es posible, no se puede detener a alguien sino concurren los "cuatro requisitos" (sic);
9. 9)"En la primera parte nos dice no hay nada que hacer, que los actos de investigación no sirven para que el imputado este privado de libertad y en la enmienda dice no tiene que estar privado y vuelve a ratificar pero se tiene que hacer entrevista, pero aquí no hay temporalidad y eso hay que reconocer y cuando en una resolución no hay temporalidad abajo, hacia arriba riesgo procesal, probable autoría y principio de necesidad no puede haber detención preventiva" (sic), afectando con razonamientos tan difusos el debido proceso que repercute en el derecho a la libertad; y,
10. 10)La violencia sexual contra menores o mujeres es reprochable "¿pero cuándo alcanza reprochabilidad? cuando la víctima presta su declaración o cuando los sistemas científicos le dicen un momento falta algo para saber si realmente estas diciendo la verdad (...) en Sucre me han dicho que no ha llegado fallos en los que me han revocado la tutela" (sic); y, la autoridad demandada en su cuestionado Auto de Vista demostró que ni siquiera "pone" la norma.

José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por informe escrito presentado el 12 de marzo de 2021, cursante de fs. 37 a 40; señaló que:

1. i)Respecto a que, no concurriría el presupuesto material previsto por el art. 233.1 del CPP, al basar el mismo únicamente en la declaración de la víctima y en la jurisprudencia contenida en el caso "Campo Algodonero vs. México" y la SCP 0353/2018-S2, debe tenerse presente inicialmente que, de acuerdo a lo establecido por los arts. 58.1 de la Ley de Organización Judicial de 24 de junio de 2010 -Ley 025-; y, 51 inc. 1) y 251 ambos, del Código precitado, el Tribunal de apelación tiene la competencia de corregir y subsanar los errores de la autoridad judicial inferior; en cuyo marco, en el Auto de Vista se sostuvo que, si bien el a quo dio por acreditado el referido presupuesto con base en la declaración de la víctima; al respecto, en alzada respondiendo el cuestionamiento de la defensa sobre la veracidad de la declaración de la víctima, en razón a que, el certificado médico forense no hubiese establecido lesiones o coito vaginal; y, que el informe psicológico no determinaría su credibilidad, se respondió que la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de dicha declaración; y, el mencionado informe evalúa la conducta de la víctima y no del hecho en sí; además que, no indica que, la misma carezca de veracidad; en virtud de lo cual, tal presupuesto no fue fundado únicamente en la aludida declaración como pretende hacer ver la parte impetrante de tutela, sino en ejercicio del control de logicidad y generando convicción sobre la probabilidad de autoría del imputado, con base en el informe realizado por el investigador asignado al caso, donde la víctima declaró denunciando la existencia del hecho ilícito identificando al sindicado; declaración y hechos corroborados a su vez en las entrevistas policiales efectuadas a los testigos;
2. ii)La parte solicitante de tutela indica que, su autoridad no vio ni dio lectura a la declaración de la víctima, cuando esta exigencia contraviene el sistema acusatorio que rige el sistema penal actual, pretendiendo que, se retroceda al sistema inquisitivo; ya que, como Vocal no le compete dar lectura a la aludida declaración sino en ejercicio del control de los derechos de los justiciables, verificar la existencia material de los elementos de convicción suficientes para sostener que, el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible, tal como lo exige el art. 233 del CPP, como aconteció en el caso concreto, verificando la probable participación del sindicado; por tanto, no se incurrió en incongruencia omisiva como alega el accionante, habiéndose respondido o satisfecho el agravio expresado con relación al precepto precitado;
3. iii)El caso concreto fue juzgado con perspectiva de género al ser la víctima una mujer en situación de violencia sexual, siendo por ello, parte de un grupo vulnerable históricamente; recordando a la parte impetrante de tutela, que alega que el Caso internacional citado no sería vinculante, que según lo establecido por la SC 0110/2010-R de 10 de mayo, las Sentencias generadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), también forman parte del bloque de constitucionalidad; por tanto, a partir del ejercicio de control de convencionalidad es de aplicación y cumplimiento obligatorio; por otro lado, en cuanto a que la SCP 0353/2018-S2, solamente sería aplicable a casos de menores de edad, de la lectura del ratio decidendi de dicho fallo constitucional; se advierte que, su aplicación es de forma general a delitos de violencia sexual; ya que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir de la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia de 9 de marzo de 2013-Ley 348-, generó una regla general aplicable a delitos de violencia sexual referida a la protección del bien jurídico de la libertad sexual; entendimientos bajo los cuales emitió los razonamientos indicados en el punto previo;
4. iv)Sobre el tercer presupuesto de la detención preventiva referido a la temporalidad de la misma, en el Auto de Vista se aclaró que, el plazo de dos meses determinado por el a quo, estaba justificado en la realización de la pericia psicológica faltante y no en el grado de peligrosidad del imputado, aspecto aclarado por la autoridad inferior, en la vía de la complementación en el fallo recurrido; por consiguiente, en alzada no se cambió el sentido de la resolución primigenia;
5. v)El solicitante de tutela invoca falta de fundamentación sin considerar que, el fundamento jurídico "premisa normativa" de su detención preventiva fue precisamente la concurrencia de los tres presupuestos estipulados en el art. 233 del CPP; por tanto, el derecho presuntamente conculcado carece de relevancia constitucional; y,
6. vi)Finalmente, ante una eventual concesión de tutela deberá considerarse que la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, estableció que, si existiría insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, ésta debe incidir en el cambio sustancial del sentido de la decisión, caso contrario, corresponderá denegar la tutela al carecer de relevancia constitucional.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de la Resolución 25/2021 de 12 de marzo, cursante de fs. 530 a 534 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 54/2021-SP1, dictado por la autoridad demandada, debiendo emitir uno nuevo de acuerdo a lo establecido en el adjetivo penal y sin esperar turno, respetando el debido proceso, en su componente de una debida fundamentación vinculado al derecho a la libertad, con base en los antecedentes de la causa; así como, observando los puntos apelados por el imputado y la jurisprudencia mencionada en la Resolución de garantías; ello, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Si bien el Vocal demandado responde varios aspectos de la apelación; empero, no se refirió concretamente a la "imputación condicionada" a efectos de determinar la autoría;
2. b)Tampoco se pronunció de manera suficiente con relación a los "otros aspectos" de la detención preventiva;
3. c)Se le exigió a la autoridad demandada ponderar la declaración de la víctima con otros informes, para desvirtuar la probabilidad de autoría; sin embrago, en los razonamientos emitidos al respecto, la explicación efectuada resulta insuficiente; y,
4. d)No hay pronunciamiento sobre los principios de razonabilidad y necesidad de la aplicación de la medida cautelar; y, el pronunciamiento realizado sobre la temporalidad de la misma, no fue desarrollado plenamente de manera que el justiciable conozca las razones claras del porqué de la decisión; en virtud de lo cual, se advierte motivación insuficiente.

El solicitante de tutela, por medio de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en su elemento fundamentación de la resolución, vinculado al derecho a la libertad; debido a que, el Vocal demandado, determinó mediante el Auto de Vista 54/2021-SP1, declarar improcedente su recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio 153/2021, que dispuso su detención preventiva por el lapso de dos meses, incurriendo en incongruencia omisiva, al no considerar adecuadamente los agravios que planteó; habiendo sido estos los siguientes:

1. 1)Falta de fundamentación del a quo respecto al principio de necesidad en la aplicación de la merituada medida cautelar y no de otras menos gravosas que puedan asegurar los fines de las mismas, en el marco de lo previsto por la parte inicial del art. 233 del CPP;
2. 2)El Juez de primera instancia basó la aplicación de la detención preventiva únicamente en la declaración de la víctima para acreditar la probabilidad de su autoría; empero, en alzada se reiteró tal fundamento -declaración que no fue leída, "vista" o encontrada en audiencia-; pese a que, propuso elementos que desvirtuaban la misma, como ser el informe médico forense que estableció que, no se podía determinar elementos de agresión sexual para concluir si ésta existió o no; además que, el informe psicológico señaló que, la víctima relató los detalles exactos de lo sucedido sin acreditar la veracidad de aquello;
3. 3)En el fallo recurrido, la jurisprudencia citada, referida a la Sentencia "Campo Algodonero vs. México" y la SCP 0353/2018-S2, no eran vinculantes, al tratarse de casos de víctimas niñas, niños y adolescentes no así de mujeres; no obstante, este aspecto fue convalidado en segunda instancia; y,
4. 4)El de instancia incurrió en incoherencias al momento de determinar la temporalidad de su detención preventiva -dos meses-; empero, el ad quem convalidó dichas incoherencias, favoreciendo a la víctima, justificando ese lapso en actos de investigación que no requieren la presencia del imputado.