Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0568/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 56571-2023-114-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 063/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 200 a 206, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marfa Liz Aduviri Marca contra Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 17 y 26 de mayo de 2023, cursantes a fs. 1, 90 a 94; y, 98 y vta., la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Tras sufrir la sustracción de su hija de ocho años a manos del padre de esta -Freddy Quispe Poma-, formalizó denuncia penal el 16 de noviembre de 2022, por los delitos tipificados en los arts. 246 y 281 bis del Código Penal (CP) -substracción de menor o incapaz y trata de personas-, caso identificado con el Código Único de Denuncia (CUD) 309102042201615; sin embargo, el Fiscal de Materia emitió la Resolución de Desestimación 80/2022 de 21 de noviembre, desestimando la denuncia. Dicha determinación resulta arbitraria, pues resolvió cuestiones de fondo cuando la desestimación opera exclusivamente ante el incumplimiento de requisitos formales.
Objetada dicha determinación, Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba -ahora demandada-, por Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OD 208/2022 de 9 de diciembre, ratificó la indebida desestimación de la denuncia, incurriendo con ello en una abierta arbitrariedad al valorar aspectos de fondo propios de una sentencia, vulnerando los límites normativos de la etapa de admisibilidad. Esta vulneración es aún más gravosa considerando que la víctima es una menor de ocho años desaparecida y buscada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, considerando que las niñas y niños gozan de prioridad en todas las instancias.
I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de la garantía al debido proceso, así como su derecho de acceso a una justicia penal efectiva y al principio pro actione, citando al efecto los arts. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
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