0569/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0569/2023-S1 Sucre, 5 de junio de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 40265-2021-81-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 08/2021 de 30 de abril, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fabio Khalil Miranda Murillo contra Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda y Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta; ambas de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de abril de 2021, cursante de fs. 4 y vta., el accionante a través de su defensa técnica, expreso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, la autoridad jurisdiccional en audiencia de medidas cautelares de 11 de noviembre de 2020 dispuso su detención preventiva por noventa días, por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas; en tal sentido, solicitó a la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda -ahora demandada- cesación a la detención preventiva y a la fecha -se entiende a la presentación de la acción de libertad- no instaló las dos audiencias; la primera conforme al art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la segunda en el marco del art. 239.2 del mismo cuerpo legal, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y tampoco el Ministerio Público presentó ampliación de la investigación, conforme se tiene del informe de 2 de marzo de 2021 emitido por el Secretario del Juzgado; y, en el hipotético caso que se hubiese ampliado por sesenta días, este feneció el 11 de abril de 2021.

Asimismo, refirió desconocer el actuar "malicioso" de la demandada; toda vez que, cuando solicitó audiencia, la autoridad judicial sale con permiso o "simplemente se hace la enferma", vulnerando el debido proceso y el derecho a la libertad; Finalmente, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta -codemandada-, se negó a realizar la audiencia con el "pretexto" que no fue notificada con la suplencia legal; por lo que, solicita se conceda la tutela y se ordene a la Jueza suplente señalar audiencia de cesación a la detención preventiva conforme al art. 239.2 de la Ley 1173.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela alega la vulneración al derecho a la libertad y al debido proceso, citando los arts. 22, 23, 115, 116, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se señale audiencia de cesación a la detención preventiva, en el plazo de veinticuatro horas, sea por la titular de la causa o la "Jueza suplente".

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 30 de abril de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 23 se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

I.2.3. Resolución

En respuesta por auto de 4 de igual mes y año el Juez de garantías declaró no ha lugar solicitud, bajo el fundamento que la aclaración, enmienda y complementación es para precisar conceptos oscuros, corregir errores materiales o subsanar omisiones de forma, pero de ninguna manera para efectuar nuevo análisis.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 13 de julio de 2022, cursante a fs. 32, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de su notificación con el decreto constitucional de 23 de mayo de 2023, cursante a fs. 88; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante memorial de 16 de abril de 2021, suscrito por Fabio Khalil Miranda Murillo, solicitó a la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda, señale audiencia de cesación a la detención preventiva al amparo de los arts. 5, 9, 12 del CPP y art. 239.2 de la Ley 1173. Señalando en el único otrosí 1, su domicilio procesal, correo electrónico, números de celulares además de impetrar fotocopias legalizadas del cuaderno procesal. Asimismo, se advierte sello de recepción de la Auxiliar del referido Juzgado el 19 de abril de 2021 (fs. 70 y vta.)

II.2. Por decreto de 20 de abril de 2021, suscrita por Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 22 de abril de 2021 a horas 13:15 pm, en atención a la solicitud del ahora accionante Fabio Khalil Miranda Murillo (fs. 71)

II.3. Cursa Auto de 22 de abril de 2021, emitida por la autoridad jurisdiccional ahora demandada, mediante el cual rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de Fabio Khalil Miranda Murillo, por no haberse cumplido el plazo que establece el art. 239.2 del CPP y los autos que fueron confirmados por el Tribunal de alzada. Asimismo, se advierte en dicha resolución fue complementado a solicitud de la defensa técnica del imputado, señalando que: "...conforme al art. 235 y 233 al momento que se llevo a cabo la audiencia de Medidas Cautelares en al cual no era usted el abogado del imputado, quedaron notificados legalmente notificados con la audiencia de 11 de Febrero como se tiene que realizar sin mayores formalidades, así lo establece la Ley para que ese día directamente se presenten a la audiencia, por lo que se va a señalar una audiencia en este momento para volver a considerar la situación jurídica al cabo de los 60 días, los 60 días serían el 02 de Mayo que cae el día Domingo, por lo tanto lo vamos a señalar para el día 29 de Abril a efectos de considerar nuevamente la situación jurídica del imputado en fecha jueves 29 de Abril a las 08:30 am. audiencia en la cual quedan notificados conforme el art. 233 Ter y 235 sin mas formalidades a efectos de que se hagan presentes para considera la situación jurídica del señor Fabio Kalhil." (sic [fs. 74 a 75]).

II.4. Mediante memorial de 23 de abril de 2021, Fabio Khalil Miranda Murillo, impetró a la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda señale audiencia de cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP., refiriendo lo siguiente:

"II.- PETITORIO ...solicito muy respetuosamente me señale fecha y hora de audiencia de cesación y que dicha audiencia se señalada cinco (5) Minutos antes de la que tengo Señalada para el día 29 de Abril del 2022 a Horas 08:30, por el Art. 239.2 de la ley 1173..." (sic [fs. 76 y vta.])

II.5. Consta decreto de 26 de abril de 2021, emitido por la Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda, señaló audiencia de cesación de medidas cautelares para el 29 de abril de 2021 a horas 8:15 am (fs. 77).

II.6. Por nota de 26 de abril de 2021, suscrita por Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda, mediante el cual impetró a Edil Robles Lijeron, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, licencia sin goce de haberes para el 28, 29 y 30 de abril de 2021, dicha solicitud fue recepcionado en la precitada fecha (fs. 78).

II.7. Consta nota de 29 de abril de 2021, suscrita por Jorge Alberto Vaca García, Secretario de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo; donde hace constar lo siguiente: "...dentro del Proceso Penal Público con CÓDIGO ÚNICO: 701102302000007, que sigue el MINISTERIO PÚBLICO en contra de FABIO MIRANDA MURILLO, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, se tiene que la AUDIENCIA DE CESACIÓN A LA DETENCIÓNN PREVENTIVA del imputado FABIO MIRANDA MURILLO señalada para el día de hoy jueves 29 de abril de 2021 a horas 8.15 a.m. no se pudo instalar por motivo de que la Sra. Juez se encuentra con licencia sin goce de haberes y hasta la presente fecha y hora no se ha notificado al Juez correspondiente con la suplencia legal." (sic [fs. 79]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

El art. 8.II de la Constitución Política del Estado, se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad -arts. 178 y 180.I de la CPE-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema.

Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE1 de parte del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando las tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa.

En tal sentido, la 0SCP 0044/2010-R de 20 de abril2, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.

En esa misma línea, la 0SCP 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:

"Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales."

A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, esta misma 0SCP 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:

"Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (0SC 0044/2010-R de 20 de abril)."

En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:

"...en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad"

III.1.1. Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho

De lo desarrollado y explicado precedentemente se llega a la comprensión de que la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Bajo ese razonamiento el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello, que ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia a su observancia.

En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de este tipo de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando sub reglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos:

La 0SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas:

Ahora bien, posterior a la 0SCP 0078/2010-R, la 00384/2011-R de 7 de abril3, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que:

"d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley. "

Asimismo, la 0110/2012 de 27 de abril4, siguiendo el entendimiento de que en las solicitudes de cesación de la detención preventiva, las autoridades están obligadas a tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, moduló la sub regla establecida en el inc. b) de la 0SC 0078/2010-R, señalando que al estar expresamente fijado el plazo para señalar audiencia en el art. 132.1 del CPP al tratarse de un actuado de mero trámite, estableciendo que dicho señalamiento deberá ser providenciando en el plazo de 24 horas, bajo el siguiente texto:

"...ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento."

Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación5, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva.

Por otro lado, de manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio6, advierte que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, debiendo ser resuelta por el tribunal de alzada en el pazo improrrogable de setenta y dos horas, de no hacerlo dentro del plazo señalado significa dilación indebida en el proceso, vulnerando así los derechos a la libertad, vida y otros, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la señalada resolución.

De la misma forma, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero²7, entienden que es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, de manera excepcional, es decir, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, vencido dicho plazo la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que también puede ser denunciado ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

En el mismo sentido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre afirma que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual, se computa el plazo previsto en el art. 251 del referido Código.

Con similar entendimiento, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente de la forma siguiente:

"i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.