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TCP

0569/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
8 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0569/2026-S2

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0569/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 56610-2023-114-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 64/23 de 5 de junio de 2023, cursante de fs. 84 a 87, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ronald Edwin Torricos Loayza contra Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, entonces Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 41 a 48, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 21 de septiembre de 2015, interpuso demanda de pago de salarios devengados, beneficios sociales y otros derechos por despido indirecto contra la empresa PETROSUR Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), en cuya calificación se consideró, entre otros, los sueldos devengados de diecisiete meses, comprendidos de enero a diciembre de 2014, y de enero a junio de 2015; en ese sentido, mediante Sentencia 551 de 28 de agosto de 2018, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró probada en parte dicha demanda, otorgando como sueldo promedio de los tres últimos meses la suma de "Bs. 16.017.05"; en cuanto los sueldos devengados, el pago de noviembre y diciembre de 2014 y de enero a junio de 2015; decisión que, en apelación, por Auto de Vista 64 de 13 de mayo de 2022, fue confirmada totalmente.

Posteriormente, en grado de casación, los ahora demandados, pronunciaron el , casando en parte el citado Auto de Vista, y deliberando en el fondo, modificaron el salario promedio indemnizable de "...Bs. 16.021.05 a Bs. 17.630,90..." (sic); no obstante, en su emisión se vulneró la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; por cuanto, se omitió valorar todos y cada uno de los medios probatorios producidos sobre los sueldos devengados; entre ellos, el comprobante de pago de deuda y/o beneficios sociales laborales y cesión de crédito realizada por la empresa PETROBRAS Bolivia Sociedad Anónima (S.A.) de favor a la empresa PETROSUR S.R.L. respecto al sueldo de octubre de 2014; el cheque de gerencia que respalda el finiquito -siendo un comprobante de pago de octubre de 2014-; el finiquito presentado por la empresa -que reconoce no solo el adeudo de los sueldos de enero del citado año hasta febrero de 2015 sino también el anticipo entrega-; el acta de audiencia de testigos de descargo; y, el memorial de demanda de pago de beneficios sociales. Y, en lugar de valorar dicha documental, los demandados sustentaron su decisión a partir de presunciones, estableciendo que al admitirse el pago del haber mensual correspondiente a octubre de 2014, los sueldos relativos de enero a septiembre de ese año se encontrarían pagados, presunción que denotó ostensiblemente un apartamiento de lo dispuesto en el art. 182 inc. g) del Código Procesal del Trabajo (CPT); ya que, para efectuar esa presunción, debió verificarse el pago real y efectivo de los sueldos de octubre, noviembre y diciembre de 2014; y, enero, febrero y marzo de 2015; asimismo, no se aplicó la presunción prevista en el inc. f) del señalado artículo, estableciendo que todos los sueldos anteriores a junio de 2015, se encontraban devengados, debido a que los últimos meses se encontraban estaban pendientes de pago.

Por otra parte, se vulneró la garantía del debido proceso en su vertiente congruencia, así como su derecho a una justa remuneración, ya que en referido el Auto Supremo se manifestó que: "...no se puede efectuar una presunción legal, apartándose del contexto probatorio y de la realidad de los hechos, en resulta inverosímil el hecho que se pagó el salario del mes de octubre de 2014 y no los anteriores meses trabajados a este mes, pues si así hubiera sido, el trabajador podría incluso, iniciar las acciones legales por despido indirecto ante el no pago de sus salarios, de los cual no consta en constancia, máxime si el trabajador era antiguo en sus funciones, habiendo trabajado más de 15 años en la empresa y recibido sus quinquenios. de forma anterior" (sic); sin embargo, la demanda que se interpuso fue por pago de salarios devengados, beneficios sociales y otros derechos por despido indirecto.

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