Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0571/2019-S2 Sucre, 17 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 27683-2019-56-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 01/2019 de 15 de febrero, cursante de fs. 68 a 71 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dainor Ariel Choque Solares contra Orlando Agustín Zapata Sánchez, Fiscal Departamental de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 1 de febrero de 2019, cursante de fs. 24 a 27 vta., el accionante señaló lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra a denuncia de Milena Justiniano Sarmiento de Ventura, por la presunta comisión del delito de violación -a su hija menor de edad-, el 19 de noviembre de 2018 se emitió Resolución de Rechazo, y mediante Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 82/2018 de 21 de diciembre, la autoridad demandada revocó la misma, haciendo una ligera reproducción de algunos antecedentes del proceso, sin percatarse en lo mínimo de la ausencia de elementos constitutivos del tipo penal de violación denunciado, como:
- a)La falta de congruencia entre las denuncias de 24 de septiembre y 2 de octubre del citado año, y el contenido del certificado médico forense, que establece que no existió abuso sexual, siendo que el autor sería un chofer desconocido, respecto a la identidad del autor, al lugar del hecho, al color del vehículo involucrado y a las circunstancias de la agresión sexual; y ante la insuficiencia de prueba se emitió un requerimiento conclusivo de rechazo de denuncia; y,
- b)Al fundamentar únicamente la revocatoria en el hecho que no se realizó la inspección ocular y no se agotó con la colección de los medios de prueba, dando lugar a generar actos de investigación contradictorios, no existe un aporte intelectivo que establezca qué medios probatorios estarían pendientes de realización; cuando en los hechos nunca se produjo la agresión sexual, que fue plasmada incluso en un documento privado.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, citando al efecto los arts. 115.I, 116 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la anulación de la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 82/2018 y se emita nuevo fallo.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar se celebró el 15 de febrero de 2019, según consta en acta cursante de fs. 61 a 67 vta., produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional y ampliándolo, señaló que no hubo agresión sexual de acuerdo al certificado médico forense y que no existen signos de violencia por la ex temporalidad del día del hecho. Asimismo, por haber concurrido en estado de ebriedad a la casa de la víctima con el propósito de conocerla, se suscribió un documento privado que estipula que no ocurrió ningún hecho delictivo. De igual modo, el Fiscal Departamental demandado no fundamentó adecuadamente la su Resolución, indicando que el Fiscal inferior no ejercitó plenamente la dirección funcional de la investigación, sin señalar qué actos de investigación; por lo que, al someterlo a un proceso arbitrario e injusto se vulneran sus derechos invocados; cuando la víctima -además- no hace ningún aporte probatorio.
Asimismo, solicitó se complemente que el titular de la investigación, en el plazo de cinco días pronuncie la resolución que corresponda, ante lo cual, el Juez de garantías, conminó agotar la investigación en el menor tiempo posible.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada
Marina Mafalda Portillo Llanque, Fiscal Departamental de Oruro, en suplencia legal, por informe escrito presentado el 14 de febrero de 2019, cursante de fs. 57 a 59, solicitó denegar la tutela impetrada e informó que no se agotó la investigación en la obtención y colección de los elementos probatorios; además, habiéndose fijado audiencia de declaración informativa para el 12 de noviembre de 2018, el accionante no se presentó; por lo que, se dispuso la continuación de la investigación para que el Fiscal de Materia emita el requerimiento que corresponda.
I.2.3. Intervención de la tercera interesada
Milena Justiniano Sarmiento de Ventura, por memorial presentado el 13 de febrero de 2019, cursante de fs. 37 a 38 vta., solicitó declarar improcedente la acción de amparo constitucional, argumentando que en la objeción al rechazo, se denunció una serie de irregularidades como la dilación ocasionada por el imputado, quien no se presentó a su declaración informativa, además de su pretensión de cambiar de domicilio para que no se le pueda encontrar; finalmente, no se valoró correctamente un informe preliminar, existiendo prueba verosímil como el informe psicológico; en tal razón, no puede decirse que no hay prueba.
I.2.4. Resolución
El Juez Público Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Caracollo del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2019 de 15 de febrero, cursante de fs. 68 a 71 vta., denegó la tutela solicitada, refiriendo que la Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 82/2018, al disponer la continuación de la investigación al no haberse agotado los medios necesarios en la obtención y colección de elementos probatorios, no constituye prejuzgamiento contra el accionante, como tampoco lesiona el derecho a la eficacia del cumplimiento de las normas legales al aplicar el art. 305 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concordante con el art. 34.17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP).
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Al no existir consenso en la Sala, de conformidad con el art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa documento privado de 21 de septiembre de 2018, mediante el cual Dainor Ariel Choque Solares -ahora accionante- se compromete a brindar garantías personales a favor de la víctima, misma que no debe ser intimidada, acosada ni perseguida en la calle; por lo que, el nombrado no podrá acercársele (fs. 1).
II.2. Consta Recepción de Denuncia suscrita por la Responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo, por la presunta comisión del delito de violación a menor de edad, en la que se describe la identidad del denunciado -ahora accionante-, las circunstancias del hecho y los actos de intimidación y acoso hacia la víctima (fs. 2).
II.3. Se tiene el Informe Psicológico con Cite: INF. PSI INTERNO DNA 02/2018 de 1 de octubre, en el que se consignan los antecedentes referidos en la entrevista efectuada a la víctima, estableciendo la conclusión diagnóstica y recomendaciones (fs. 4 a 6). II.4. Mediante memorial presentado el 3 de octubre de 2018, Milena Justiniano Sarmiento de Ventura -ahora tercera interesada- interpuso denuncia contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, describiendo los antecedentes y la relación de los hechos; asimismo, ofreció prueba documental y propuso diligencias investigativas, como la valoración psicológica de la víctima (fs. 7 a 8 vta.).
II.5. El Fiscal de Materia asignado al caso, a través de la Resolución Fundamentada de Rechazo de 19 de noviembre de 2018, dispuso el rechazo de la denuncia invocando el art. 304 incs. 3) y 4) del CPP; realizando un detalle de las actuaciones investigativas, la documental acumulada e indicando que existen contradicciones entre la denuncia y lo referido en el Certificado Médico Forense; asimismo, que existe un documento privado de 21 de septiembre de igual año, que no ocurrió ningún hecho delictivo, y pese a las citaciones al imputado para recibir su declaración informativa, éste pidió nuevos señalamientos sin haberse efectivizado la declaración, lo que constituiría un obstáculo legal para el desarrollo de la investigación; finalmente, manifiesta que la carga de la prueba corresponde a los acusadores (fs. 10 a 12).
II.6. Por memorial de 5 de diciembre de 2018, la denunciante -tercera interesada- objetó la Resolución de Rechazo, argumentando que la misma fue emitida por irresponsabilidad del Fiscal de Materia, quien no realizó el seguimiento necesario al caso; existiendo error al forzar el inc. 3) del art. 304 del CPP, debido a que utilizó un modelo de plantilla que está fuera de contexto, tardó en el señalamiento para la declaración informativa del imputado y no consideró el Informe Preliminar emitido por la Investigadora asignada al caso Karen Carrillo Gómez; asimismo, existe error al forzar el inc. 4 del art. 304 del CPP, al hacer referencia a la falta de declaración informativa del imputado, sin fundamentar cuál sería el obstáculo legal; por lo que, la Resolución de Rechazo carece de fundamentación y motivación, extremo que vulnera su derecho al debido proceso; además, que el Fiscal de Materia deberá agotar la investigación y no fundar la resolución en el argumento que la denunciante no logró acumular elementos suficientes para acusar (fs. 13 a 17 vta.).
II.7. El Fiscal Departamental de Oruro -autoridad ahora demandada-, mediante Resolución Jerárquica F.D.O./O.A.Z.S. 82/2018 de 21 de diciembre, revocó la Resolución de Rechazo del Fiscal inferior, disponiendo la continuación de la investigación, señalando en el subtítulo "Fundamentos de la Resolución":
- 1)No se realizó la inspección ocular;
- 2)El Fiscal de Materia no ejerció plenamente la dirección funcional de la investigación; pues, resulta que no agotó los medios necesarios en la obtención y colección de elementos probatorios, para emitir un criterio legal sobre la participación o no del imputado en el hecho investigado; por lo que, la investigación no estaría concluida; y,
- 3)Si bien el Ministerio Público tiene la obligación de la persecución penal, la víctima y/o denunciante debe proporcionar datos, elementos probatorios y otros indicios, "...debe tener una actitud activa para demostrar lo que dijo en su denuncia (...) por lo que se conmina a la denunciante a coadyuvar con la investigación" [sic (fs. 19 a 23 vta.)].
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