0571/2023-S4

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó los fundamentos de su memorial de acción de libertad y ampliándolos señaló que:

1. a)El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su función de interpretador de la Constitución Política del Estado, ha establecido que, la valoración de la prueba es competencia y función de los Jueces ordinarios; sin embargo, el control jurisdiccional ingresa en situaciones excepcionales, cuando existe fundamentación arbitraria; toda vez que, la valoración no está reflejando lo que realmente se tiene contenido en un documento, o simplemente cuando las autoridades se han apartado del marco de legalidad; y,
2. b)En el caso concreto, el análisis se apartó del marco de legalidad; razón por la que, se ha cumplido con la carga argumentativa, la prueba ofrecida y las normas legales a efectos que se declare procedente y se tutele esta acción de libertad, por indebida valoración de la prueba y que afecta directamente el derecho a la defensa.

María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante informe escrito, presentado el 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 234 a 237, refirió que:

1. 1)La parte imputada, interpuso una apelación incidental contra la Resolución de 25 de febrero de 2022, que fue pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Betanzos del citado departamento, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, que dispuso la detención preventiva del ahora accionante a cumplir en el Centro De Readaptación Productiva Santo Domingo De Cantumarca de Potosí;
2. 2)Respecto a los agravios señalados por el imputado, su fundamentación fue generalizada, primero en relación a los indicios de participación en el hecho y sobre los riesgos procesales incursos en los arts. 234.1 y 4 y 235.2 del CPP, debiendo aclararse que, en relación al primer artículo, la exposición fue escueta, sin lograr establecer cual el agravio expresado, culminado en un reclamo sobre el tiempo de duración de la detención preventiva;
3. 3)En el segundo considerando del fallo, se estableció la norma penal y procesal vigente, habiéndose aplicado el art. 302 de citada norma penal; que dispone que, para esta etapa se necesitan indicios, habiendo el apelante a través de su defensa técnica nombrado normas de carácter civil; empero, se aplicó la norma sustantiva penal para establecer los elementos constitutivos del tipo penal de avasallamiento;
4. 4)En esa fase del proceso, se debe determinar en primera instancia los agravios expresados en la apelación y posteriormente comprobar si la resolución apelada contiene lógica y razonabilidad prevista por el art. 235 ter del CPP; por lo que, se determinó que la resolución de la Jueza a quo, se encontraba debidamente fundamentada;
5. 5)Sobre el reclamo referido al tiempo de duración de la detención, la misma no fue fundamentada en derecho, puesto que el apelante no expresó agravio alguno, es así que, su autoridad en cumplimiento del art. 398, no podía ir mas allá de lo pedido y aun así se fundamentó dicho aspecto;
6. 6)La pretensión de la parte impetrante de tutela es que la vía constitucional establezca la existencia o no de los indicios de participación del imputado, cuando lo que le corresponde es verificar si se emitió una resolución cumpliendo la normativa, la razonabilidad y proporcionalidad o en su caso comprobar si cuenta o no con fundamentación y motivación; y,
7. 7)El Auto de Vista emitido por su autoridad cumplió con la debida fundamentación; ya que, el hecho que no se le hubiera dado la razón al apelante no implica el incumplimiento de los arts. 124 y 173 del CPP; asimismo, en la presente acción de libertad, no se señala de qué manera no se habría valorado la prueba, habiéndose referido solamente al testimonio de propiedad alegando que no cumpliría con la norma civil, dejando de lado otra documentación que fue presentada por el Ministerio Público, debiendo tomarse en cuenta que el art. 173 de la norma adjetiva penal, es clara, al establecer que se debe realizar un análisis integral de toda la prueba bajo la sana crítica.

Mary Jackeline Barrientos Argandoña, Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Betanzos, presentó informe escrito el 30 de marzo de igual año, cursante de fs. 238 a 240, manifestando que:

1. i)Elías Quecaño Copa, fue puesto a disposición de su autoridad, bajo aplicación de procedimiento inmediato, al haber sido aprehendido en flagrancia; por lo que, en audiencia de medida cautelar previa fundamentación del Ministerio Público el imputado se sometió a proceso abreviado, habiendo sido, condenado a una pena de reclusión de cuatro años, tiempo que no fue objetado ni retirado en el momento procesal oportuno, por el abogado de la defensa, habiéndose consentido de manera tácita la aceptación;
2. ii)En virtud al principio de independencia y separación de poderes, reconocido en el art. 12.I de la CPE, no se puede atacar en esta vía las resoluciones emanadas por autoridad judicial, más aun tomando en cuenta que la resolución emanada en audiencia de fundamentación de riesgos procesales fue apelada por la parte accionante; la cual fue, resuelta por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, instancia que aplicando la normativa y la sana critica ratificó la Resolución impugnada; por lo que, no se evidencia la vulneración del debido proceso en referencia a la valoración de la prueba, toda vez que todos los elementos de prueba fueron valorados debidamente, habiendo obrado de manera correcta e imparcial; y,
3. iii)Si bien su autoridad señaló audiencia para realizar el control de detención preventiva; empero, advertida de su error, en la vía de complementación dejó sin efecto la detención; toda vez que, el imputado se había sometido a un procedimiento abreviado que ya cuenta con Sentencia, razón por la que, el proceso penal ya no se encuentra en etapa preparatoria, siendo lo más correcto que el impetrante de tutela solicite la cesación de la detención, desvirtuando los riegos procesales, que fueron fundados para su detención.

Adolfo Mamani, a través de su abogado, en la misma audiencia, refirió:

1. a)Han hecho referencia a una mala valoración de la prueba atacando a lo sustancial, que es en ese caso su calidad de propietario que a título mismo que observa no estaría inscrito en DD.RR. citando el art. 16 de la LOJ que hace referencia a la continuidad del proceso y la preclusión, llevándose a cabo una audiencia de medidas cautelares en el "Juzgado de Instrucción de Betanzos" en la cual, en ese momento oportuno la parte accionante no ha observado la imputación formal en su momento, tampoco presentó ningún incidente por falta de acción, con referencia a lo que ahora reclama conforme el art. 14 de la norma adjetiva penal;
2. b)De la igual manera, en audiencia de 25 de febrero de 2022, en el Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo De Cantumarca de Potosí, tampoco ha observado lo que ahora cuestiona, esa audiencia dio inicio con la fundamentación del Fiscal, con referencia al requisito sustancial, donde pudo interponer un incidente con referencia a que, el título no estaría registrado en DD.RR., al no hacerlo, convalidó tal circunstancia; por lo que, se encuentra convalidado y precluido;
3. c)Respecto al reclamo de flagrancia, de igual forma la misma no ha sido observada en su momento, no pudiendo alegar ahora tal circunstancia; y,
4. d)Asimismo, el imputado se ha sometido a un procedimiento abreviado, admitiendo el hecho, ahora viene a objetar lo que ha admitido estando en audiencia con su defensa, teniendo la oportunidad de apelar incidentalmente el auto cautelar de la detención preventiva; por lo que, solicitó se deniegue la tutela solicitada.

Antonio Lenis, Fiscal de Materia, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, manifestó que:

1. 1)Ya ha existido una acción de libertad por similares circunstancias dentro de este proceso exceptuando la participación de María Luz Flores Mollinedo, Vocal ahora demandada, repitiendo hoy la misma consulta; sin embargo, pone a conocimiento estos aspectos;
2. 2)Jamás sea lesionado ningún derecho del accionante, entendiendo la labora de la defensa quien debe velar por todos los derechos del imputado, sin que esto signifique que se intente valorar nuevamente la falta de cumplimiento de derechos fundamentales y garantías constitucionales, el hecho de haber valorado un elemento presuntamente contra el imputado, no representa que se hubiera lesionado ningún derecho al debido proceso, peor aún si no se ha llevado adelante las acciones de recursos a los cuales estaba libremente el imputado habilitado, al momento mismo de los hechos; ya que, en estos momentos todavía no existe una divergencia del derecho propietario; es decir, no se está en divergencia si el propietario es o no propietario "Quecano" más aun cuando no se han llevado adelante las acciones de recursos a los cuales, estaba libremente el imputado al momento de los hechos;
3. 3)Por otro lado el imputado nunca ha hecho uso de una objeción al momento de llevar adelante la valoración de un elemento probatorio como es el que se ha visto; sino, a solicitud de una aclaración que al final ha sido ratificada; y,
4. 4)Refirió que a la fecha el ahora impetrante de tutela, se encuentra con Sentencia de primera instancia, a ello existe dos formas de poder recuperar la libertad en medida cautelares, una razón errónea por parte de la defensa respecto a un plazo, aclarando por la SCP 0049/2021-S4, y sujeta respecto al art. 233.1 del CPP; por ello, solicitó a las autoridades demandadas que jamás actúen en extra petita, como en el presente caso; por lo que, no ampara los supuestos derechos lesionados del solicitante de tutela.

El Juez Publico Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Betanzos del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 02/2022 de 30 de marzo, cursante de fs. 247 a 255 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

1. i)En cuanto al agravio referido a la incorrecta valoración de la prueba; se advierte que, la Juez cautelar al emitir el Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022, resolvió de manera fundamentada, motivada y congruente; toda vez que, a tiempo de establecer la concurrencia del art. 233.1 del CPP, determinó que fueron todos los documentos presentados y no solamente el Testimonio 06/2004, que dieron lugar a que se llegue a la conclusión de la concurrencia de dicho requisito, documentos que cursan en obrados y que fueron presentados a tiempo de la audiencia de medidas cautelares, donde la Jueza hizo referencia a la personalidad jurídica de la comunidad Bartolillos quienes serían propietarios del inmueble, señalando dicha autoridad que, los títulos ejecutoriales presentados corresponden a diferentes personas, que se encontrarían registrados en DD.RR.; asimismo, consideró que otros elementos que a su criterio configuran la concurrencia de dicho presupuesto, eran los formularios de pago de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles que fueron adjuntados en la audiencia; así como, los muestrarios fotográficos que dieron cuenta de la participación del acusado en el ilícito que se le indica;
2. ii)En esa línea, el Auto de Vista 66/2022, pronunciado por la Vocal ahora demandada, resolvió de manera fundamentada, motivada y congruente, al agravio reclamado por el ahora accionante dejando entrever, que no fue solamente el Testimonio 04/2006, el que dio lugar a determinar la concurrencia del art. 233.1 del CPP; sino, todos los documentos presentados que hubieran sido valorados de forma integral por la Jueza de primera instancia; por lo que, en su actividad valorativa tampoco se advierte que, se hubiese incurrido en alguno de los presupuestos establecidos en la SCP 1215/2012;
3. iii)Respeto a la incorrecta valoración de la prueba que hubiera dado lugar a la concurrencia del peligro de fuga previsto en el art. 234.4 del referido Código, la Jueza a quo, estableció que dicho peligro se configuro al haberse individualizado al testigo que hubiera presenciado los actos que se considera fueron reticentes ante la autoridad jurisdiccional por parte del imputado; por lo que, en dicha medida se entiende que también se cumplió con el deber de fundamentar y motivar su decisión respecto a la concurrencia de dicho presupuesto; asimismo, el argumento del impetrante de tutela al señalar que la aprehensión no se hubiera producido dentro de un proceso, no corresponde, habida cuenta que la aprehensión como tal dio lugar a que se pueda concretizar el proceso penal;
4. iv)En apelación, la Vocal hoy demandada confirmó lo resuelto por la autoridad de primera instancia estableciendo que, se dio respuesta al reclamo efectuado por el accionante en cuanto a la mala valoración de la prueba que dio curso a la concurrencia del art. 234.4 del CPP, precisando los motivos por los cuales fundo la determinación de confirmar la concurrencia de este riesgo de fuga, habiendo cumplido con los parámetros de fundamentación y motivación de la resolución;
5. v)En cuanto a la valoración de la prueba respecto al riesgo procesal de obstaculización inserto en el art. 235.2 de la norma adjetiva penal; se entiende que, la Vocal recurrida también dio respuesta a dicho reclamo, fundamentando su resolución en el hecho que la Jueza de primera instancia, identificó y escuchó de forma directa a la persona que sufrió amenazas; por lo que, también consideró la concurrencia de dicho riesgo, sin advertirse la falta de valoración que alegó el impetrante de tutela;
6. vi)Respecto a la vulneración del art. 22 de la CPE, que agravó la situación del solicitante de tutela; se advierte que, efectivamente la Jueza inferior dejó sin efecto los treinta días de detención preventiva para dar lugar a la cesación sujeta a desvirtuar los riegos procesales previa solicitud; se advierte que efectivamente se moduló la resolución que emitió en primera instancia la autoridad jurisdiccional señalada, ante la solicitud de complementación y enmienda efectuada por el representante del Ministerio Público; decisión que, fue motivada y fundamentada en el hecho que el proceso ya cuenta con una Sentencia condenatoria pronunciada en primera instancia; por lo que, no correspondía fijar un plazo para la detención preventiva; toda vez que, esta se realiza a los fines de la etapa preparatoria y los actos investigativos;
7. vii)Esta determinación fue confirmada por la Vocal ahora demandada, que a través de una resolución motivada confirmó la decisión de disponer la detención preventiva sin establecer un plazo o límite; ya que, el caso al encontrarse con Sentencia no existía ningún elemento que se tuviera que recolectar por parte del Ministerio Público; Resolución que se encuentra concordante con el art. 221 del CPP, en cuanto a la finalidad de la medida cautelar; y,
8. viii)Por tanto se advierte que, las autoridades demandadas al emitir la Resolución de 25 de febrero de 2022, y el Auto de Vista 66/2022, resolvieron de manera fundamentada, motivada y congruente la decisión de disponer la detención preventiva del accionante.

El accionante denuncio la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación y valoración razonable de la prueba; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de avasallamiento:

1. a)La Jueza de primera instancia ahora codemandada, en audiencia de medidas cautelares, dispuso su detención preventiva mediante la Resolución de 25 de febrero de 2022, al haber considerado la concurrencia de los riesgos procesales insertos en los arts. 234.4 y 235.2 del CPP, a través de meras presunciones y una valoración errónea de la prueba;
2. b)Asimismo, la Jueza antes mencionada, agravó la situación jurídica del impetrante de tutela; ya que, dispuso su detención preventiva sujeta a desvirtuar previamente los riesgos procesales, sin establecer el plazo de duración de dicha medida; y,
3. c)Habiendo interpuesto recurso de apelación contra la Resolución de medidas cautelares, la misma fue resuelta mediante el Auto de Vista 66/2022; por el cual, la Vocal ahora demandada quien declaró improcedente la apelación y ratificó la resolución impugnada; sin embargo, dicha autoridad también incurrió en vulneración del debido proceso por falta de fundamentación, motivación y valoración irracional de la prueba.