Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 17 de julio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 27640-2019-56-AAC Departamento: Chuquisaca Partes: Álvaro Roberto Azurduy Wayar contra Hugo Bernardo Córdova Egüez y Hugo Michel Lescano, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, Luis Eduardo Gonzales Romero y Luis Benjamín Rojas La Torre, ex y actual Juez de Sentencia Penal Primero, respectivamente, del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con la mayor parte de los razonamientos y términos dispositivos de la , que confirma la Resolución 02/2012 de 15 de febrero, pronunciada por el Tribunal de garantías; y en consecuencia: concede en parte la tutela impetrada, únicamente respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 257/2018 de 27 de agosto, exclusivamente en lo relativo al cuarto agravio expuesto en apelación y manteniendo firmes y subsistentes los razonamientos y decisión con relación a los puntos de agravio primero, segundo, tercero y quinto. Por las siguientes razones:
- a)No estoy de acuerdo con la autolimitación que se realiza en dicha Sentencia, respecto al examen de la Resolución de primera instancia, que también fue impugnada por el accionante; debiendo haberse sometido a control de constitucionalidad tutelar tanto el Auto Interlocutorio 215c/2017 de 23 de junio y el Auto de Vista 257/2018 de 27 de agosto; y,
- b)Tampoco comparto el criterio, que ameritaría dejar sin efecto el Auto de Vista 257/2018 en lo relativo únicamente al cuarto agravio expuesto en la apelación; supuestamente porque los Vocales codemandados al tiempo de dar respuesta a este cuestionamiento hubieran lesionado solamente el debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; en todo caso, la suscrita Magistrada al haber sometido a control de constitucionalidad tutelar tanto el Auto Interlocutorio 215c/2017 y el Auto de Vista 257/2018, advirtió que las autoridades demandadas en ambas instancias, lesionaron no solo el referido derecho, sino además, los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva, al haber emitido Resoluciones arbitrarias en todo su contexto, tal cual se analizará en el presente Voto Disidente. Consiguientemente, considero que la referida Sentencia Constitucional Plurinacional debió: REVOCAR en parte dicha Resolución Constitucional; y en consecuencia: CONCEDER totalmente la tutela solicitada, conforme a los siguientes fundamentos y términos dispositivos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
El accionante alega la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración probatoria, congruencia y legalidad; a la defensa; y, a la tutela judicial efectiva; en razón a que el ex Juez de Sentencia Penal Primero demandado, declaró infundada la excepción planteada, sin la suficiente fundamentación ni valoración probatoria; y, los Vocales de la Sala Penal Segunda codemandados, declararon parcialmente procedente el recurso de apelación incidental interpuesto, manteniendo el rechazo a la excepción de la extinción de la acción penal por prescripción, sin fundamentación, motivación ni congruencia; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada; se dejen sin efecto el Auto Interlocutorio 215c/2017 y el Auto de Vista 257/2018; y, se disponga la emisión de nuevas resoluciones.
En consecuencia, correspondía que la , verifique si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; debiendo desarrollar los siguientes temas:
- 1)La motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones como elementos del debido proceso;
- 2)Sobre la imprescriptibilidad establecida en los arts. 112 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 29 Bis del Código de Procedimiento Penal (CPP);
- 3)Sobre la tutela judicial efectiva; y,
- 4)Análisis del caso concreto.
II.1. La motivación, fundamentación y congruencia de las resoluciones como elementos del debido proceso
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la 1, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la 2, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En la , se determinan los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:
...a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
- b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
- c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
- d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
- e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
- f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la 3 precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Por su parte, la 4 se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la 5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:
- i)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
- ii)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
- iii)Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación;
- iv)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
- v)La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la 6-.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la como la , señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:
- a)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
- b)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
- c)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
- d)Por la falta de coherencia del fallo, se da:
- d.1)En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y,
- d.2)En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la 7, así como en la 8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la 9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la 10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
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