Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0572/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 56699-2023-114-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 117 de 28 de junio de 2023, cursante de fs. 273 vta. a 276, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erwin Federico Rek López contra Roger Rider Mariaca Montenegro, ex Fiscal Departamental de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 7 y 19 de junio de 2023, cursantes de fs. 1, 104 a 111; y, 129 a 132 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra y de su hermano, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199 y 203 del Código Penal (CP), se emitió la Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 20 de julio de 2022, en aplicación del art. 304 incs. 3) y 4) del Código de Procedimiento Penal (CPP), al considerar que el Ministerio Público no acreditó la existencia del hecho investigado y que, además, el plazo de la etapa preparatoria se encontraba vencido; sin embargo, ante la objeción presentada por la parte denunciante, Roger Rider Mariaca Montenegro, entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz -hoy demandado- emitió la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-571/22 de 4 de octubre de 2022, revocando la referida Resolución de Rechazo y -a su criterio- lesionando sus derechos y garantías constitucionales.
En primer término, considera que se vulneró su derecho a una resolución fundamentada, motivada y congruente; toda vez que, la Resolución cuestionada fue emitida de manera escueta, sustentándose únicamente en consideraciones generales sobre la labor fiscal, sin desarrollar una fundamentación suficiente conforme a los arts. 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) y 73 del CPP. Asimismo, que la autoridad demandada omitió explicar las razones por las cuales desestimó los fundamentos del rechazo fiscal, los cuales establecían que no existían elementos suficientes para sustentar una acusación; debido a que, el presunto daño al derecho propietario del denunciante no se encontraba consolidado mediante una resolución definitiva del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), correspondiendo acudir a dicha instancia para hacer valer cualquier pretensión sobre el bien inmueble; además de haberse vencido el plazo de investigación previsto para la etapa preparatoria, siendo aplicable el art. 304 incs. 3) y 4) del CPP.
De igual forma, la Resolución impugnada no precisó las razones por las cuales consideró insuficientes los actos investigativos realizados ni explicó por qué el rechazo fiscal habría carecido de debida diligencia, extremo que no guardaba coherencia con los fundamentos expuestos por el Fiscal de Materia ni con las previsiones del art. 304 del CPP.
Asimismo, la Resolución cuestionada resultaba incongruente, debido a que incorporó referencias a actuaciones ajenas al caso -vinculadas a una investigación por violencia en razón de género- y presentaba contradicciones entre su parte considerativa y dispositiva. Además, observó que la autoridad demandada sugirió la realización de actos investigativos que habían sido practicados, sin exponer de manera clara y concreta las razones que justificarían su pertinencia o necesidad para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Por otra parte, denunció que la autoridad demandada se apartó de los parámetros de razonabilidad y equidad en la valoración de la prueba; toda vez que, a diferencia del Fiscal de Materia, la Resolución impugnada omitió considerar documentación relevante contenida en la carpeta de saneamiento "San Manuel" del INRA, entre ellas: la Resolución Administrativa DDSC-RA 000192/2010 de 8 de diciembre, de inicio del trámite de saneamiento simple de oficio; su publicación mediante edicto de prensa; memoriales de apersonamiento y presentación de documentación; así como los Informes Técnico JRLL-SCE-INF-SAN 1056/2016 y Legal DGST-JRLL-INF-SAN 60/2021, los cuales acreditaban que el predio se encontraba aún en trámite de saneamiento.
Dichos elementos permitían concluir, conforme lo estableció el Fiscal de Materia, que el derecho propietario sobre el bien inmueble objeto de investigación no se encontraba consolidado, correspondiendo su definición a la jurisdicción agraria a través del INRA.
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