0573/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0573/2022-S1 Sucre, 6 de julio de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 31438-2019-63-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 187/2019 de 12 de septiembre, cursante de fs. 109 a 113, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Herminio Condori Huanca contra Margot Pérez Montaño y Henry David Sánchez Camacho, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 16 y 26, ambos de agosto; y, 5 de septiembre, todos de 2019, cursantes de fs. 49 a 60; 65 a 74 vta.; y, 81 a 82 respectivamente, el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Christian Lino Chávez Baldeon -ahora tercero interesado- contra Benita Filomena Quispe de Condori y otro, por la presunta comisión del delito de estafa (en el que su persona no es parte); el 6 de febrero de 2018, en audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter real, los entonces Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, a través de la Resolución 20/2018 disponen el secuestro de su camión marca Volvo color blanco con placa de control 3990 LIP (que es su instrumento de trabajo para el sustento de él y toda su familia), ordenando que Benita Filomena Quispe de Condori" efectúe el depósito del camión, para lo que se nombra como depositaria a una tercera persona de nombre Josselin Cortez Cahuana.

Asimismo, con la emisión del Auto de Vista 142/2019 de 28 de mayo, se vulneró sus derechos a la propiedad y al trabajo, debido a que al secuestrarse su vehículo y dejar en manos de una tercera persona no puede disponer del mismo, además no se le permite trabajar y generar dinero para la manutención de su familia.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció como vulnerados sus derechos a la defensa, a la petición, a la propiedad, al trabajo, a una vida digna, y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 6.1 del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 142/2019 y de manera inmediata se le restituya la posesión del tracto camión marca Volvo, color blanco, con placa de control 3990 LIP, más el pago de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de esta acción tutelas se realizó el 12 de septiembre de 2019, según se tiene del acta cursante de fs. 104 a 108, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

I.2.3. Intervención del tercer interesado

Christian Lino Chávez Baldeon no presentó memorial alguno ni asistió a la audiencia programada, pese a su legal notificación cursante a fs. 89. Y conforme se tiene del acta de audiencia de consideración de la acción de defensa si bien su abogada defensora "Betcy G. Padilla" asistió a dicho actuado, no se le permitió el uso de la palabra por no contar con poder suficiente.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

Martha López, Fiscal de Materia asignada al caso penal, en audiencia, conforme consta a fs. 107 vta. a 108, en lo más relevante manifestó que se tiene la orden de secuestro del camión FH13 emitido por la "fiscal Dra. Yesenia Pérez".

I.2.5. Resolución

I.2.6. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 20 de agosto de 2020 cursante a fs. 123 de obrados, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a efecto de recabar documentación complementaria; empero, no habiendo sido remitida la misma, por decreto constitucional de 4 de julio de 2022 (fs. 140), se procedió a la reanudación del cómputo de plazo a partir de la notificación con el presente proveído; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal establecido.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.2. Mediante Resolución 61/2018 de 10 de abril (fs. 19 y vta.), el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, deniega el nombramiento del depositario a Herminio Condori Huanca -accionante-, manteniendo lo dispuesto con anterioridad, bajo los siguientes fundamentos:

"...expuestos los fundamentos de ambas partes se establece el art. 252 del Código de Procedimiento Penal y art. 253 del mismo cuerpo legal establece que la incautación se aplicará sobre el patrimonio los medios e instrumentos para la comisión o Financiamiento del delito y el tribunal ha establecido de acuerdo a la acusación y los medios de prueba de ambas partes sin que se considere que está aseveración el tribunal constituye adelanto de criterio que de por medio está el camión marca Volvo con marca de circulación 3990-LIP y también se ha dispuesto a petición de parte interesada el secuestro del camión que está a cargo de una tercera persona que conocen las partes a la misma y que ha dispuesto este tribunal por precautelar los derechos de los acusados y de la víctima que en sentencia resolverá sustancialmente la situación jurídica de los acusados y que va a acarrear también sobre el vehículo que el presente proceso se encuentra en postimeria de la sentencia dado que ya han agotado todos los medios de prueba ambas partes y solamente falta una prueba extraordinaria que ha ofrecido la señora Benita Quispe de Condori, que una vez que el señor fiscal y la víctima se pronuncien resolver el tribunal y posteriormente dictar la sentencia sea positiva o negativa.

Que, es evidente que el vehículo correspondería un 50% a Herminio Condori Huanca y otro 50% a Benita Quispe de Condori sin embargo de acuerdo a la Escritura Pública y a lo mencionado por señor fiscal se evidencia qué quién ha transferido el 50% a Herminio Condori Huanca es su esposa Benita Quispe de Condori actualmente acusada por el delito de estafa que está de por medio el vehículo y a la señora Benita Quispe le ha transferido un ciudadano de nombre Raúl Miguel LLanco Tancara persona que ha venido a declarar ante este tribunal y que el tribunal va a valorar en su debida oportunidad esta declaración para dictar Sentencia.

Por consiguiente se considera que en materia penal es diferente a materia civil, en materia civil la prueba es tasada el juez tiene que valorar la prueba conforme a lo que le muestran; en materia penal la prueba no es tasada bajo razonamiento de ingentes Sentencias Constitucionales y Autos Supremos sino prima la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia que se aplicara estos presupuestos en sentencia" (sic).

II.4. A través de Auto de Vista 142/2019 de 28 de mayo (fs. 90 a 91), los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados-, declaran la improcedencia del recurso de apelación formulado por el ahora peticionante de tutela, y confirman la Resolución 61/2018, en base a los siguientes fundamentos:

"Considerando: Mediante Resolución No. 61/2018, de fecha 10 de abril de 2018, cursante de fojas 20 a 20 vuelta, el Tribunal de Sentencia Sexto de la Capital, por unanimidad dispone no ha lugar el nombramiento de depositario del Señor Herminio Condori Huanca y se dispone que continúe el bien mueble el vehículo con se ha dispuesto por este tribunal, notificadas las partes con la presente resolución.

Si no están de acuerdo con esta resolución tienen la facultad de plantear es recurso de apelación incidental conforme enseña el Art. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal.

Considerando: Notificadas las partes con la resolución, por memorial de fojas 21 a 23 vuelta, Herminio Condori Huanca, deduce recurso de apelación incidental en contra de la resolución No. 61/218, de fecha 10 de abril de 2018, con los siguientes fundamentos:

1.-Que la prueba documental aportada y que acredita la propiedad de vehículo en materia penal no surten los efectos que en materia civil pues esta prueba es tasada, sin tomar en cuenta que el incidente es accesorio y que la tasación de la prueba es más rigurosa para las cuestiones de fondo.

2.-La resolución no expresaría los motivos por los cuales su persona en calidad de propietario no puede ser nombrado depositario, más aún si lo solicito de modo alternativo al de secuestro que atentaría al derecho de fundamentación y la jurisprudencia constitucional SC. 0752/2002-R de fecha 25 de junio.

3.-Que el Tribunal de lo dispuesto por el Art. 252, que establecería que el secuestro seria dispuesto por el juez para garantizar la reparación de los daños y perjuicios surgiría la pregunta ¿se pretende cancelar los daños y los perjuicios con un bien de una persona ajena al proceso?

(...)

Considerando: De la revisión del presente caso se tiene que el recurso de apelación incidental interpuesto por Herminio Condori Huanca es presentado dentro el plazo previsto por la primera parte del Art. 404 del CPP, correspondiendo en consecuencia admitir dicho recurso pasar a su análisis y consideración acorde al Art. 398 del mismo compilado formal que rige la materia, para lo que se exponen los siguientes fundamentos:

1. Del agravio que la prueba documental aportada que acreditaría la propiedad de vehículo en materia penal no surten los efectos que en materia civil pues esta prueba es tasada, sin tomar en cuenta que el incidente es accesorio y que la tasación de la prueba es más rigurosa para las cuestiones de fondo.

1.1. Este relación del agravio es el que considera como fundamento el Tribunal que dicto la resolución transcrita en su memorial de apelación por el apelante pero no se tiene el nexo el perjuicio que se habría ocasionado con el mismo para que este Tribunal de Alzada pueda reparar más aún que quien debe dar los motivos para la fundamentación en alzada es el apelante elemento que no se cumplió a efecto de que este Tribunal de Alzada pueda fundamentar los mismo conforme establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los AASS. 788/2015-RRC-Ley de fecha 6 de noviembre, 417/2015-RRC., de fecha 25 de junio y la SC 1306/2011 de fecha 26 de septiembre, El accionante tiene el deber de fundamentar los agravios, para que no solo la parte contraria pueda resolver en total orden y coherencia los agravios denunciados en los que habría incurrido el juez a quo.

2. Del agravio que la resolución no expresaría los motivos por los cuales su persona en calidad de propietario no puede ser nombrado depositario lo que atentaría al derecho de fundamentación.

3. El art. 189 del CPP., (Devolución). Los objetos secuestrados que no estén sometidos a incautación, decomiso o embargo, serán devueltos por el fiscal a la persona de cuyo poder se obtuvieron tan pronto como se pueda prescindir de ellos. De los datos del proceso se tiene que el Tribunal ya ha tomado conocimiento y ha decidido en razón del depositario persona que conocerían los sujetos procesales sin bien se ha demostrado que el solicitante es dueño del 50%, hecho que no se desconoció por el tribunal A quo y una de las procesadas también sería propietaria menos se ha probado que ha momento del secuestro del bien se encontraba en posesión de la hoy apelante.

4. Que el Tribunal de lo dispuesto por el Art. 252, que establecería que el secuestro sería dispuesto por el juez para garantizar la reparación de los daños y perjuicios surgiría la pregunta ¿se pretende cancelar los daños y los perjuicios con un bien de una persona ajena al proceso?

4.3. El Tribunal de Alzada tiene la facultad conforme el Art. 398 del CPP., (Competencia). Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución. Es una limitación establecido a los Tribunales de Alzada a momento de conocer y resolver los recursos presentados por las partes entonces los tribunales deben resolver afectaciones del derecho del apelante en relación a la resolución no preguntas sino agravios que no las hizo en apelante a momento de haberse dictado la misma en aplicación del Art. 125 del CPP., y no en esta fase, en esa línea se tiene la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el AS 041/2016-RRC, de fecha 21 de enero de 2016, donde se establece que el tribunal de Alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante.

5. Por los fundamentos antes expuestos se tiene que las autoridades judiciales a quo han obrado con criterio procesal adecuado, correspondiendo en consecuencia emitir resolución en base a todo lo expuesto, máxime si se considera que los fundamentos expuesto por la apelante no ameritan un cambio de criterio de la resolución recurrida".

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables1, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

...el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH), en el Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela2, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación "es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión". El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las "debidas garantías" incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

...(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad...".

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor jurisdiccional y sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. La acción de amparo constitucional no se constituye en la vía para dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos

Al respecto, el Tribunal Constitucional en SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, expresó que el ámbito de la acción de amparo constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho.

Posteriormente, la SC 1079/2010-R de 27 de agosto, siguiendo entre otras la línea jurisprudencial establecida en la SC 0680/2006-R de 17 de julio3, determinó de manera clara que los hechos controvertidos o aún pendientes de ser resueltos en la vía judicial o administrativa, no pueden ser solucionados por la vía constitucional. Asimismo, la SC 1539/2011-R de 11 de octubre, siguiendo la línea jurisprudencial desarrollada señaló:

"El art. 128 de la CPE, establece que la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.

Del texto de este precepto constitucional, es posible inferir que quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa o estén en controversia" (las negrillas son nuestras).

El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0977/2012 de 22 de agosto4, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado en forma precedente señaló:

"En consecuencia, claro está que, a la jurisdicción constitucional no le corresponde el conocimiento de las acciones de amparo constitucional cuando se tengan que dilucidar derechos controvertidos pues es la justicia formal u ordinaria la instancia competente para el conocimiento y la resolución de aquellas causas, ello debido a que en dicha instancia se podrá dilucidar el litigio a partir de la demostración mediante los medios probatorios existentes conducente a demostrar las situaciones respecto a las cuales se generó la controversia".

Finalmente, la SCP 0712/2020-S1 de 10 de noviembre, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado estableció que:

"...quien activa la acción de amparo constitucional reclamando sus derechos sobre un bien, deberá demostrar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, lo que implica que no será posible plantear esta acción de defensa invocando derechos que se encuentren en disputa o estén en controversia

(...)

ya que tal labor corresponde a la jurisdicción judicial ordinaria correspondiente, instancia en la cual las partes actualmente procesales, podrán demostrar en el proceso civil correspondiente, el derecho propietario que les asista a cada una de las partes" (las negrillas son nuestras).

De lo señalado en forma precedente, se establece que no corresponde a la jurisdicción constitucional el conocimiento de las acciones de amparo constitucional en el caso que se invoque derechos que se encuentren en disputa o estén en controversia, siendo que esta acción de defensa se instituye como un instrumento no sustitutivo para la dilucidación de hechos controvertidos, pues ello corresponderá su conocimiento y resolución -de acuerdo al caso- a la jurisdicción ordinaria o administrativa.

III.3. Cambio de razonamiento de la Magistrada relatora respecto a la protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto

En relación al derecho a la petición, la suscrita Magistrada en la SCP 0112/2020-S1 de 21 de julio asumió un razonamiento progresivo en cuanto a la protección de la tutela vía acción de amparo constitucional al haber decidido aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0276/2019-S2 de 24 de mayo, que se constituyen en el estándar más alto de protección de los derechos en relación al derecho señalado.

En ese marco, según la referida jurisprudencia constitucional, las denuncias por presunta vulneración del derecho de petición, serán tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, mediante la acción de amparo constitucional comprendiendo que el derecho de petición tiene como finalidad obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; además, con la debida fundamentación, tomando en cuenta que el tratamiento que se otorgará al referido derecho a momento de su análisis se contextualizará en el cumplimiento de los presupuestos que constitucional y jurisprudencialmente se han venido desarrollando por parte de este Tribunal, lo cual no significa que vía acción del derecho de petición, se tengan que absolver las problemáticas de fondo planteadas dentro de un determinado proceso sea judicial o administrativo.

En mérito a la asunción del razonamiento más progresivo, señaló que la petición al ser un derecho que se encuentra comprendido dentro del catálogo de derechos fundamentales y previsto en el art. 24 de la CPE, debe ser protegido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme manda el art. 196.I de la CPE que establece: "El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales".

A partir de dicha previsión, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión esta la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas5; constituyéndose en el máximo protector del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Norma Suprema, siempre con una visión progresiva y garantista en la interpretación de los derechos, conforme prevé el art. 13 de la CPE; en ese comprendido, dentro de ese catálogo de derechos fundamentales, se encuentra el derecho a la petición, previsto por el art. 24 de la CPE, que establece: "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario", de ahí que el derecho a la petición, se constituye en una prerrogativa primordial que incumbe realizar todo tipo de solicitudes o reclamos, e inclusive posibilita acceder al ejercicio de otros derechos.

"Con referencia a los requisitos de procedencia, debe hacerse mención a la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, que en su Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:

...dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad.

En relación a la legitimación activa, haciendo referencia a la SCP 0470/2014 de 25 de febrero, manifestó que puede solicitar la tutela del derecho a la petición cualquier persona individual o colectiva, con el único requisito, cual es de identificarse como peticionario. Este razonamiento fue reiterado entre otras por las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0083/2015-S3 de 10 de febrero; 0449/2017-S3 de 26 de mayo; 1111/2019-S2 de 18 de diciembre.

Finalmente, en cuanto a las denuncias por presunta lesión del derecho a la petición dentro de un proceso judicial o administrativo; la jurisprudencia constitucional descrita precedentemente, reflexionó que es posible atender dicha denuncia mediante la acción de amparo constitucional, comprendiendo que la finalidad de dicho derecho es la obtención de una respuesta pronta, formal, material y argumentada; para dicha finalidad, el juez constitucional en cada caso concreto debe centrar su análisis en el cumplimiento de los presupuestos detallados líneas arriba; no obstante, debe quedar claro que, el derecho a la petición ejercida dentro de un trámite judicial o administrativo, no implica que la autoridad respectiva tenga que absolver positiva o negativamente problemáticas de fondo que atañen a la resolución misma del asunto (judicial o administrativo).20

III.4. La garantía general del debido proceso y el derecho a la defensa

El debido proceso se encuentra consagrado en la CPE como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, SC 902/2010-R, de 10 de agosto, SC 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 902/2010-R, SC 0981/2010-R de 17 de agosto, SC 1145/2010-R de 27 de agosto, asimismo en la SCP 0270/2012 de 4 de junio, SCP 2493/2012 de 3 de diciembre, SCP 0903/2019-S4 de 16 de octubre, SCP 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional; en ese sentido configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos

En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones.

Configuración, contenido o alcance que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia.

En el contexto antes señalado, como uno de los elementos de la garantía del debido proceso, es el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115.II de la CPE, que tiene dos connotaciones: la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, por ello en caso de constatarse la restricción al derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional.

III.5. Análisis del caso concreto

Ahora bien, para analizar las problemáticas planteadas, resulta necesario hacer alusión al contexto del cual emergen las mismas; así, conforme se tiene de las Conclusiones a las que se arribaron en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Benita Filomena Quispe de Condori y otro, habiéndose dispuesto el secuestro y entrega del vehículo marca volvo, con placa de control 3990 LIP a un tercero; el 15 de febrero de 2018, el accionante planteó incidente sobre la calidad de bienes, solicitando se deje sin efecto el secuestro y en caso de mantenerse el secuestro del vehículo sea el impetrante de tutela que actué como depositario (Conclusión II.1); así, en virtud a dicho incidente, el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz profirió la Resolución 61/2018 denegando el nombramiento requerido, manteniendo lo dispuesto con anterioridad (Conclusión II.2). De manera posterior, ante la determinación asumida en la Resolución 61/2018, el ahora peticionante de tutela interpuso recurso de apelación (Conclusión II.3), impugnación que, al ser de conocimiento de los Vocales ahora demandados, mereció el Auto de Vista 142/2019 de 28 de mayo, por el que se declaró la improcedencia del recurso de apelación formulado por el accionante (Conclusión II.4).

Bajo el contexto señalado, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados son evidentes y si en efecto las autoridades judiciales demandadas actuaron apartándose de la normativa vigente, lesionando los derechos del peticionante de tutela; en tal sentido, se tiene que:

III.5.1 En relación a la primera problemática