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TCP

0573/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
8 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0573/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0573/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 56730-2023-114-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 80/2023 de 16 de junio, cursante de fs. 92 a 96, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rubén Jaime Rejas Quispe contra Nelly Vega Barriga, Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Novena de la Capital del Departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 30 de noviembre de 2022 y 11 de mayo de 2023, cursantes de fs. 27 a 38; y, 47 a 49 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A raíz de un préstamo de dinero, el 10 de mayo de 2011, Jinlong Zeng y Yicali Lu -terceros interesados-, constituyeron garantía hipotecaria a favor del Banco Económico Sociedad Anónima (S.A.) sobre el inmueble ubicado en la zona noroeste "...UV 30, MZ N° P1..." (sic) con una superficie de 1 089 m2, situado sobre el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra e inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula 7.01.1.99.0022321. Posteriormente, transfirieron dicho inmueble a la Empresa Constructora IPCRE Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), de la cual es socio, por el precio de $us505 000.- (quinientos cinco mil dólares estadounidenses), del cual se canceló la suma de $us295 092,63.- (doscientos noventa y cinco mil noventa y dos 63/100 dólares estadounidenses), mediante cheque de gerencia 0028051 del Banco Bisa S.A., quedando un saldo a cancelación mediante subrogación de deuda. No obstante, el 30 de mayo de 2016, los señalados vendedores ratificaron la garantía hipotecaria previamente constituida, obstaculizando la subrogación de la deuda y el registro del contrato de transferencia en DD.RR.; asimismo, modificaron unilateralmente las condiciones del préstamo inicial, mantuvieron la ocupación del inmueble y promovieron contra la Empresa Constructora IPCRE S.R.L. una demanda ordinaria de resolución del contrato de compraventa.

El 22 de febrero de 2019, el Banco Económico S.A. instauró proceso ejecutivo contra Jinlong Zeng y Yicali Lu, ante la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, quien declaró probada la demanda mediante Sentencia Inicial de 11 de marzo del mismo año. Posteriormente, el 12 de julio de igual año, se suscribió acta de conciliación con Jhonny Zeng Lu -hijo y apoderado de los vendedores- con quien se comprometió a cancelar la deuda bancaria que su poder conferente tenía con su acreedor -Banco Económico S.A.-; sin embargo, pese al cumplimiento de pagos, fue notificado con la Resolución de 4 de marzo de 2020, dictada por el Juez Público Civil y Comercial Octavo de la Capital del indicado departamento, que dispuso la resolución del contrato de compraventa y ordenó, previo al desapoderamiento, la restitución del monto pagado, además de la anotación preventiva, prohibición de innovar y embargo del bien.

En el mismo proceso ejecutivo, el 4 de marzo de 2022, se señaló audiencia de remate, cuya notificación por cédula fue fijada en el inmueble objeto de remate como supuesto domicilio, extremo que no era evidente. Al día siguiente, la Paola Adriana Denis Villalba -inquilina- devolvió la notificación, indicando que el destinatario no vivía en el lugar; sin embargo, dicha devolución fue rechazada aprobándose el acta de remate el 24 del mes y año indicados, a favor de Tao Lu. En consecuencia, el 25 del referido mes y año se interpuso incidente de nulidad, rechazado por Auto de 25 de abril de 2022. Contra dicha decisión, el 28 de ese mes y año, se interpuso recurso de apelación, concedido en efecto devolutivo mediante providencia 199/22 de 23 de mayo de 2022, disponiéndose la provisión de recaudos para la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada; sin embargo, por Auto 204 de 27 de mayo de 2022, la misma autoridad declaró la caducidad y ejecutoria de la resolución impugnada por incumplimiento de recaudos, vulnerando el debido proceso en sus elementos defensa, impugnación y motivación, sin considerar los principios de gratuidad y favorabilidad, ni la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

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