0577/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0577/2019-S3 Sucre, 9 de septiembre de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 28625-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 38 de 26 de marzo de 2019, cursante de fs. 253 a 256 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Paul Alberto Cortez Medina contra Jimmy Fernando López Rojas y Editha Pedraza Becerra, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de enero de 2019, cursante a fs. 1 y 210 a 217 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso coactivo civil seguido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno Limitada (Ltda.) contra Germán Velasco Cazón, en el que el inmueble de su propiedad fue rematado y el adjudicatario pretendió desapoderarle de su casa con intervención de la fuerza pública; en ejecución de Sentencia como "...supuesto garante de la obligación..." (sic), planteó incidente de suspensión de la ejecución; toda vez que, inició proceso penal de falsedad del documento de crédito de 28 de julio de 2006, respecto de los garantes, puesto que ni él ni la que fuera su esposa -Isabel Rivero Añez de Cortez-, firmaron dicho documento, además que la prenombrada desde el 13 de junio de 2001 se encuentra en Estados Unidos de Norte América (EE.UU.) y nunca más volvió.

El referido incidente fue declarado improbado por el Juez de la causa; empero, en apelación, mediante Auto de Vista 322-16 de 20 de septiembre de 2016, fue revocado "...'con relación a la solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia, hasta que en el proceso penal se defina la falsedad o no del documento base de la demanda'..." (sic).

El adjudicatario Mijaíl Céspedes Ortiz solicitó la reanudación del proceso y el Juez de instancia dictó el Auto 276 de 9 de mayo de 2018 rechazando su pedido, ratificando el decreto de 19 de julio de 2017 que indicó que "...'en tanto no se cumpla lo resuelto por la sala de apelación, esta autoridad no reanudará el trámite del proceso y en todo caso la parte debe hacer valer su derecho y exponer lo alegado ante dicha autoridad o ante la autoridad que corresponda'" (sic); no obstante en recurso de apelación, los Vocales demandados mediante Auto de Vista 239 de 20 de julio de 2018 -objeto de la presente acción tutelar-, revocaron el Auto apelado declarando probado el incidente de reanudación de la ejecución, de manera arbitrara e ilegal, distorsionando los arts. 1289.II del Código Civil (CC) y 400.II del Código Procesal Civil (CPC), sin una debida fundamentación, motivación y congruencia de las razones de su decisión, con una valoración probatoria que se aparta del marco de la razonabilidad y equidad puesto que no tomó en cuenta que la dilación en el proceso penal no le es imputable, sino a la excesiva carga procesal del Ministerio Público, condenándole injustamente a ser desapoderado junto a su familia de su propia casa, sin que sea responsable como garante de la obligación de crédito y sin que el proceso penal que inició haya terminado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la propiedad privada, a la vivienda, a una protección oportuna y eficaz, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y a la defensa, así como de los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 19, 56, 57, 115, 119, 180.I, 232 y 410.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 239, dictado por los Vocales demandados, debiendo emitir una nueva resolución de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías