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TCP

0577/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
8 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0577/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0577/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 53521-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 03/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 190 a 191 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Nelly Sejas Saavedra y Jhon Glenn Copaz Justiniano en representación sin mandato de Milko Alberto Moreno Antelo contra Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Noveno de la Capital del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de enero de 2023, cursante a fs. 1 y 172 a 183; el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros, solicitó la cesación de su detención preventiva con base en dos fundamentos. En primer lugar, al amparo del art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sostuvo que había transcurrido el plazo máximo de duración de la detención preventiva. En segundo lugar, con sustento en el art. 239.1 del mismo cuerpo normativo, desapareció los riesgos procesales que motivaron la imposición de la medida cautelar, así respecto de los riesgos previstos en los numerales 1 y 2 del art. 234 del CPP, estos ya no subsistían; mientras que, con relación al riesgo previsto en el art. 235.2 del citado Código, al concluir la etapa preparatoria con la presentación de la acusación formal, desapareció el fundamento que justificaba su permanencia, por encontrarse vinculado exclusivamente a los actos de investigación, criterio que se encontraba respaldado por la jurisprudencia constitucional.

No obstante, mediante Auto Interlocutorio 620/22 de 9 de noviembre de 2022, Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy codemandado-, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, manteniendo vigente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP sobre la base de apreciaciones meramente subjetivas, sin identificar de manera concreta las personas o testigos sobre quienes podría ejercer influencia ni exponer los elementos objetivos que sustentaban dicha conclusión. Además, esa decisión vulneró su derecho al debido proceso, en su vertiente de debida fundamentación y motivación, así como su derecho a la defensa, al impedirle conocer las razones específicas que justificaban la subsistencia del referido riesgo procesal y, por ende, privarle de la posibilidad de desvirtuarlo eficazmente. Asimismo, lesionó su derecho a la libertad al mantener injustificadamente la medida de detención preventiva y desconoció el principio de favorabilidad, puesto que, pese a que la propia autoridad judicial manifestó dudas respecto de la persistencia del riesgo procesal, no resolvió la controversia en el sentido más favorable a su derecho a la libertad.

Contra esa decisión interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandado-, mediante Auto de Vista 693 de 23 de diciembre de 2022, declaró admisible e improcedente el recurso y confirmó íntegramente la resolución impugnada, sin emitir una respuesta individualizada a los agravios planteados e incurrió en las siguientes irregularidades:

  1. a)El citado Auto de Vista fue dictado con una fundamentación insuficiente y en contradicción con la propia línea jurisprudencial desarrollada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, pues los Autos de Vista 30/22 y 227/22, emitidos por esa misma Sala en casos sustancialmente similares, declararon procedente la cesación de la detención preventiva cuando ya existían acusación formal y Auto de apertura de juicio oral; sin embargo, en su caso, el Vocal demandado se apartó de ese criterio sin ofrecer una justificación objetiva que explicara dicho cambio de decisión, vulnerando con ello el debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de igualdad en la aplicación de la ley;
  2. b)El Auto de Vista afirmó que durante la audiencia de apelación no identificó de manera precisa los agravios ni los derechos presuntamente vulnerados, cuando tanto el acta de audiencia de apelación de 23 de diciembre de 2022 como el registro de audio demostrarían lo contrario;
  3. c)El Vocal demandado incumplió el mandato previsto en el art. 398 del CPP; toda vez que, pese a que en el recurso de apelación se individualizaron claramente todos los agravios formulados, se limitó a efectuar una descripción superficial de los antecedentes del proceso, sin realizar un análisis jurídico concreto sobre la denuncia relativa a la falta de fundamentación y motivación de la resolución apelada ni sobre la presunta vulneración de los arts. 124, 173 y 398 del citado Código; y,
  4. d)El Auto de Vista tampoco explicó cuáles eran los elementos objetivos que permitían considerar subsistente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del referido Código, ni identificó a los testigos o personas sobre quienes presuntamente podría ejercer influencia, ni precisó los mecanismos mediante los cuales dicho riesgo podría materializarse. Asimismo, denunció que la autoridad de alzada desconoció el carácter vinculante de la , al omitir aplicar los estándares de fundamentación establecidos en dicha Sentencia Constitucional Plurinacional.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

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