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TCP

0578/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
8 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0578/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0578/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 53552-2023-108-AL Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 01/2023 de 3 de febrero, cursante a fs. 112 a 118, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Leandro Llanos Solíz contra Jorge Andrés Pérez Maita, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, Oscar Rubén Sandoval Escalier, Juez de Sentencia Penal, Público de la Niñez y Adolescencia, Juez Técnico Primero de Uncía del mencionado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de enero de 2023, cursante de fs. 1; y, 31 a 32 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra privado de libertad por la presunta comisión del delito de violación. En ese contexto, en la audiencia de cesación a la detención preventiva de 13 de diciembre de 2022, Oscar Rubén Sandoval Escalier, Juez de Sentencia Penal, Público de la Niñez y Adolescencia, Juez Técnico Primero de Uncía del departamento de Potosí -demandado-, actuando en suplencia legal, incurrió en una defectuosa valoración de la prueba presentada. Ello, pese a que la establece que, cuando la defensa técnica no haya objetivado o individualizado adecuadamente los elementos probatorios, corresponde al juzgador realizar su debida individualización, interpretación y objetivación.

Durante dicha audiencia, el Ministerio Público sostuvo que se habría desvirtuado el peligro efectivo para la sociedad, mas no así el relativo a la víctima. No obstante, el Juez demandado, de manera insuficientemente fundamentada, concluyó que se habría desvirtuado "la mitad" del riesgo procesal, razonamiento que carece de sustento jurídico, en tanto el peligro procesal establecido en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) únicamente debe ser incorporado en función a la conducta circunstancial del imputado, y bajo ninguna razón basarlo en aspectos relacionados a los elementos constitutivos del tipo penal, pues esto lo haría imposible de desvirtuar. Asimismo, la autoridad demandada procedió a considerar la y el certificado del Registro de Antecedentes Penales (REJAP), elementos que evidenciarían que su persona no cuenta con antecedentes que demuestren una conducta contraria a la norma. Sin embargo, pese a ello, el Ministerio Público solicitó la continuidad de la detención preventiva sobre la base de meras conjeturas y de una supuesta subsistencia parcial del riesgo procesal, sin observar el principio de objetividad.

En ese sentido, el Juez demandado mantuvo la medida de detención preventiva, determinación que derivó en su actual privación de libertad en el Centro Penitenciario "San Miguel" de Uncía del departamento de Potosí, sustentada en una valoración probatoria errónea. Posteriormente, en grado de apelación, Jorge Andrés Pérez Maita, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -demandado-, confirmó dicha decisión sin la debida fundamentación jurídica, omitiendo pronunciarse de manera expresa y motivada sobre los agravios planteados.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

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