0579/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0579/2019-S1 Sucre, 22 de julio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 28404-2019-57-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 029/2019 de 29 de marzo, cursante de fs. 106 a 108, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ariel Ricardo López Ayala en representación sin mandato de Marco Antonio Jordán Moreira contra Silvia Maritza Portugal Espinoza y Sandra Adelaida Castillo Sáenz, ex y actual Jueza Pública de Familia Quinta de El Alto del departamento de La Paz; y, Hugo Quisbert Matta, funcionario policial.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 27 de marzo de 2019, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso de homologación de asistencia familiar seguido en su contra, la Jueza Pública de Familia Quinta de El Alto del departamento de La Paz, el 30 de noviembre de 2018, expidió un mandamiento de apremio por pensiones devengadas, el mismo fue emitido con facultades de allanamiento y rotura de candado y/o chapas, observando las limitaciones y restricciones que prevé el art. 25 de la Constitución Política del Estado (CPE), motivo por el cual se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de San Pedro del referido departamento.

Sin embargo, la liquidación efectuada en el proceso, no se le notificó de manera personal mucho menos en su domicilio real, negándole de esta forma la oportunidad de "pagar" la liquidación pendiente o en su caso de formular las observaciones correspondientes, extremo manifestado conforme a lo establecido en la jurisprudencia contenida en la SCP "002/2018-S4 de 7 de marzo".

Señala que, el citado mandamiento fue ejecutado el 24 de marzo de 2019 a horas 22:00, en el domicilio de su enamorada, al cual los efectivos policiales y la demandante ingresaron de manera arbitraria, abusiva y sin permiso de la propietaria del inmueble.

Por último, manifiesta que el mandamiento de apremio cuestionado no establece los parámetros establecidos en el art. 182 del Código Procedimiento Penal (CPP), en especial la indicación exacta del sitio o lugares por ser allanados, conculcando el derecho a la inviolabilidad del domicilio establecido en el precitado art. 25.I de la CPE, extremo que vicia de nulidad el referido mandamiento.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la amplia irrestricta e inviolable defensa, al derecho a ser oído y la inviolabilidad de domicilio, citando al efecto los arts. 23, 25.I, 115.I, 117, 119.II, 120, 178 y 180.I de la CPE y 8.I.II inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio