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TCP

0580/20225-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de noviembre de 2025
Resumen del caso

Auto 0580/20225-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

Sucre, 27 de noviembre de 2025

Expediente: 77366-2025-155-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Cochabamba

En consulta la Resolución de 24 de septiembre de 2025, cursante de fs. 63 a 65 vta., pronunciada por el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Quinto del departamento de Cochabamba, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Roxana Nava Nogales en representación legal de Importadora Campero Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), demandando la inconstitucionalidad de los arts. 9, 12.I, 14.II, IV y V de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022-; 13.II, III y VIII inc. e), 26.I y III, 30, 31 y 32 del Protocolo de Actuación para la Aplicación de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022, Procedimiento para la Restitución de Derechos Laborales, aprobado por Resolución Ministerial (RM) 635/24 de 3 de junio de 2024; 4, 6 y 8 del Protocolo de Actuación Procesal Respecto de la Ejecución Judicial de la Resolución Administrativa de Restitución de Derechos Laborales, aprobado por Acuerdo de Sala Plena 21/2024 de 28 de febrero, por ser presuntamente contrario a los arts. 12.I, 115, 119, 145, 178.I, 179 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 2 de septiembre de 2025, cursante de fs. 41 a 57 vta., la empresa accionante a través de su representante legal manifiesta que dentro del proceso coactivo conforme a la Ley 1468 interpuesta por Graciela Gladis Rivera de Torrico, los arts. 9 y 12.I de la Ley 1468 es contrario al art. 12.I de la CPE, considerando que un principio esencial del estado es la separación de funciones que le son otorgadas a cada "poder" del Estado, siendo la finalidad evitar que dentro de uno de los Órganos se concentren y sean ejercidas únicamente por éste, y conforme a dicho principio sólo el Órgano Judicial tiene facultades necesarias para desarrollar la actividad de juzgamiento de las controversias que pudieran suscitarse entre los ciudadanos bolivianos conforme expresamente disponen los arts. 178.I y 179 de la Ley Fundamental, teniendo por ello reserva judicial; sin embargo, de forma contradictoria los preceptos cuestionados vulneran la separación de funciones y la potestad única de impartir justicia.

En cuanto al art. 14.II de la Ley 1468, al ser contradictorio con el art. 178 de la Norma Suprema, en cuanto a la seguridad jurídica, por el que busca que las personas tengan conocimiento exacto de sus derechos y obligaciones, no pudiendo el Estado de forma arbitraria ir contra lo determinado, lo que implicaría la existencia de una actuación arbitraria que afectaría directamente a las bases del estado; ya que, al determinar que el trabajador por sí o por medio de un apoderado puede buscar la ejecución de la Resolución Ministerial, sólo pueden ser emitidas por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social y no por las jefaturas departamentales que no cuentan con dicha competencia, por lo cual el artículo impugnado no genera congruencia, existiendo falta de precisión de cuando el trabajador debe acudir a la vía laboral para la ejecución; ya que, la Ley 1468 en su art. 13.II es claro al señalar que la interposición de recursos contra la resolución de restitución de derechos laborales, no interrumpe su ejecución; sin embargo, el citado artículo señala que el trabajador y el nombrado Ministerio mediante las jefaturas de departamento sólo pueden solicitar la ejecución de la resolución ministerial de segunda instancia, lo cual afecta y genera inseguridad jurídica, en cuanto al art. 14.III de la citada Ley es claro al determinar que la resolución a la cual busca su ejecución es la de restitución de derechos laborales de primera instancia y no la resolución ministerial de segunda instancia; además, contiene un plazo que de no ser observado debe ser objeto de caducidad, es decir, el cierre de la vía judicial ante la falta de solicitud de ejecución de la resolución de restitución de derechos laborales.

Señala que, el art. 14.IV y V de la Ley 1468, es contrario al principio de separación de funciones y la potestad única de impartir justicia del Órgano Judicial, que es la reserva judicial, al considerar que el juez de trabajo debe analizar el título y emitir directamente un auto de cumplimiento, sin tener la potestad de observar si dicho título cuenta con la fuerza coactiva necesaria, o si fue emitido en observancia al debido proceso, viéndose por ello como meros ejecutores de las resoluciones del ejecutivo, denotándose una clara subordinación, en cuanto al parágrafo V del precepto antes mencionado, alega que es opuesto al debido proceso, juez natural y el derecho a la defensa, por el cual se permite a las partes puedan apersonarse dentro de un proceso y exponer sus alegaciones, buscando protección de sus derechos; ya que, las personas tienen el derecho de ser juzgados por una autoridad que tenga jurisdicción y competencia, las cuales deben ser observadas inexcusablemente.

En cuanto a los arts. 13.II, III y VIII inc. e), 26.I y III, 30, 31 y 32 del Protocolo de Actuación para la Aplicación de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022, Procedimiento para la Restitución de Derechos Laborales, aprobado por RM 635/24, también sería opuesto a la separación de funciones y la potestad única de impartir justicia, al otorgar al Ministerio Trabajo, Empleo y Previsión Social, evidentes facultades judiciales como la de recabar y valorar pruebas para la resolución de las controversias, siendo dicha facultad única y exclusiva de la función judicial y no ejecutiva. Además de existir inconstitucionalidad formal en los arts. 26.I y III, 30, 31 y 32 del señalado Protocolo, al haber sido emitida por una autoridad o entidad que no tiene facultad para emitir la misma; puesto que, el Órgano Ejecutivo tiene facultad para hacer cumplir las normas; empero, no para modificarlas, facultad que jamás se les otorgó, encontrándose vedadas. Con referencia a los arts. 4, 6 y 8 del Protocolo de Actuación Procesal Respecto de la Ejecución Judicial de la Resolución Administrativa de Restitución de Derechos Laborales, aprobado por Acuerdo de Sala Plena 21/2024, el cual amplía indebidamente el objeto de la Ley 1468, siendo inconstitucional formalmente al ampliar el alcance de la norma por el Órgano Ejecutivo asumiendo la potestad única de legislar, vulnerando expresamente el principio de separación de funciones, además de determinar procedimientos y normas que no se encuentran contemplados en ningún punto de la Ley 1468, estableciendo plazos, procedimientos y acciones distintas, que no fueron legisladas por el Órgano Legislativo; por otra parte, es restrictivo al establecer que únicamente se permiten a empleadores demandados interponer excepciones relativas al cumplimiento del título coactivo o a la impersonería; es decir, que no se otorga una garantía al debido proceso, como la defensa y el juez natural; puesto que, no se permite al empleador asumir defensa real, obligándolo directamente a cumplir lo determinado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia donde no se cumplen con los elementos esenciales del debido proceso, al no permitirle observar la fuerza coactiva del título o si fue emitido correctamente, impidiendo que se pida al juez la revisión.

Finalmente precisa que los artículos cuestionados no son necesarios ni idóneos para lograr la protección del derecho del trabajador; puesto que, para tutelar ese derecho no hace falta inobservar el debido proceso, la defensa, el juez natural y los principios de seguridad jurídica y separación de funciones relacionado a la potestad única de impartir justicia del Órgano Judicial y la reserva judicial; ya que, no son proporcionales para reglamentar la Ley 1468; por cuanto, no se puede afectar a las bases esenciales del Estado Constitucional de Derecho.

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