0580/2023-S1

El accionante por intermedio de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándola, manifestó que:

1. a)En la presente acción no se está desconociendo el pago de la asistencia familiar; y,
2. b)En relación a los gastos extraordinarios es evidente que los mismos fueron acordados en audiencia de conciliación; sin embargo, realizó una observación ante la Jueza de la causa señalando que Paola Terrazas Estrella se encuentra asegurada en la Caja Nacional de Salud (CNS); por tanto, el hijo que tienen en común también se encuentra asegurado en dicho nosocomio, habiéndose solicitado los certificados correspondientes, no obstante, la autoridad judicial a cargo del proceso, rechazó la observación realizada y aprobó la liquidación de los gastos extraordinarios, alegando que los mismos se encuentran dentro de los parámetros y del instituto de la asistencia familiar; motivo por el cual, ante la resolución emitida planteó recurso de apelación mismo que fue rechazado mediante Auto de 6 de octubre de 2021 bajo el argumento de que dichos gastos son parte de la asistencia familiar definida, disponiendo posteriormente la autoridad judicial la emisión del mandamiento de apremio, mediante Auto que nunca les fue notificado, lesionando de esta manera sus derechos a la defensa, a recurrir dicho fallo y al debido proceso.

Ana Litzie Peña Villalta, Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante Informe escrito, presentado el 29 de enero de 2022, cursante de fs. 34 a 35, manifestó lo que sigue:

1. 1)La asistencia familiar fijada en contra del accionante en favor de su hijo fue el resultado de un acuerdo voluntario, mismo que fue suscrito entre las partes, resultando extraño que ahora se pretenda desconocer dicho acuerdo;
2. 2)En audiencia de 13 de abril de 2018 el accionante aceptó pagar la suma de Bs500.- (quinientos bolivianos) como asistencia familiar en favor de su hijo, además de comprarle dos mudas de ropa y cubrir el 50% de los gastos médicos extraordinarios, condicionando estos últimos a la presentación de la receta y facturas correspondientes, siendo estos gastos específicos y no así indeterminados, acuerdo que fue homologado en la misma audiencia y que fue suscrito bajo el principio de libertad contractual con el consentimiento voluntario de las partes y participación de sus abogados, siendo el acuerdo de partes, de acuerdo a la normativa civil, ley entre partes; en base a este acuerdo la demandante elaboró sus liquidaciones, mismas que fueron cubiertas por el obligado, a excepción de la liquidación de 26 de julio de 2021, que contemplo la intervención quirúrgica que tuvo el menor beneficiario y que dio origen a la presente acción y fue observada por escrito de 5 de agosto de 2021;
3. 3)El accionante basó su observación señalando que no le correspondía realizar los pagos extraordinarios, sino más bien alegando que las recetas y facturas eran exageradas y al no haberse acreditado tal extremo, la observación se rechazó por el Auto de 1 de septiembre de 2021, asimismo se rechazó la apelación presentada de su parte, porque al interponer la misma se obvió el recurso de reposición, pretendiendo el accionante subsanar dicha omisión interponiendo la presente acción tutelar;
4. 4)Se tiene que el accionante objetó el monto de los pagos, mas no así su naturaleza, puesto que estaba consciente de que dicho pago estaba inmerso en la asistencia familiar, misma que su persona suscribió voluntariamente;
5. 5)Conforme a lo señalado, no es evidente que se hubiera extendido mandamiento de apremio por gastos extraordinarios, sujetos al art. 118 del CFPF, puesto que ciertamente esos gastos no ameritan la extensión de mandamiento de aprehensión, a diferencia de los gastos médicos extraordinarios, que fueron consensuados por el accionante como parte de la asistencia familiar como modo alternativo mixto de asistencia familiar, desconocer dicho pago no solo lesionaría los arts. 415 y 127 del CFPF, sino también el marco del Estado constitucional de derecho, que exige aplicar las leyes conforme las normas constitucionales y el bloque de constitucionalidad, priorizando el interés superior de los niños como grupo vulnerable de la sociedad sobre los intereses particulares de los padres; y,
6. 6)Muchos de los gastos médicos que requiere el menor podrían ser cubiertos por el seguro que hasta la fecha de la audiencia de garantías el accionante se negó a hacer efectivo.

Gabriela Fernández Caballero, Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 28 de enero de 2022, cursante a fs. 36, manifestó que:

1. i)Su persona se encontraba en suplencia legal de la Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda de Sacaba del referido departamento; y,
2. ii)Emitió el mandamiento de apremio dando cumplimiento al Auto de 3 de enero de 2022 emitido por la titular del Juzgado sin poder referirse en esa fecha a otros aspectos; toda vez que, el expediente no se encontraba bajo su tuición en su condición de suplente.

Marlene Ivette Rocabado, representante de la Fiscalía Departamental de Cochabamba, en audiencia manifestó qué:

1. a)Se debe tomar en cuenta que la SCP "0503/2019-S3" señaló que corresponde el mandamiento de aprehensión ante el incumplimiento del pago de la liquidación de la asistencia familiar debiendo cumplirse la decisión emergente de una autoridad judicial; y,
2. b)El accionante tiene conocimiento de la emisión del Mandamiento de aprehensión y del rechazo al recurso de apelación que interpuso respecto a los gastos extraordinarios.

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 29 de enero, cursante de fs. 57 a 61, denegó la tutela solicitada respecto a la co-demandada Gabriela Fernández Caballero, Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia Primera de Sacaba del departamento de Cochabamba, y, concedió la tutela solicitada respecto Ana Litzie Peña Villalta, Jueza Pública Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda de Sacaba del departamento de Cochabamba, determinando dejar sin efecto el mandamiento de apremio emitido como consecuencia de la ejecutoria del Auto de 1 de septiembre de 2021, debiendo asumirse otro tipo de medidas previstas en el Código de las Familias y del Proceso Familiar para hacer efectivo el cobro de los gastos extraordinarios; dicha determinación se dio con base a los siguientes fundamentos:

1. 1)De la revisión de los antecedentes se advierte que en el proceso de asistencia familiar instaurado en contra del hoy accionante, fue suscrito un acuerdo conciliatorio de 13 de abril de 2018, documento en el cual se establece que los gastos médicos extraordinarios deben ser cubiertos por el obligado en el 50% previa presentación de la receta médica y factura correspondiente, asimismo se advierte que la Jueza de la causa mediante Resolución de 1 de septiembre de 2021 aprueba la liquidación de 26 de julio de ese año y se obliga al ahora accionante a pagar la suma de Bs18 599,40.- (dieciocho mil quinientos noventa y nueve 40/100) por concepto de gastos médicos extraordinarios y ante el incumplimiento de pago al tercer día por Providencia de 3 de enero de 2022 se dispuso la emisión del mandamiento de apremio de 19 de ese mes y año;
2. 2)Conforme a lo indicado es evidente que el Mandamiento de apremio de 19 de enero de 2022 fue emitido por el no pago de gastos médicos extraordinarios, falta de pago respecto a la cual el ordenamiento normativo vigente no determina que se pueda emitir mandamiento de apremio;
3. 3)El art. 117.III de la CPE establece que no se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la Ley, norma concordante con el art. 23.III de la misma Norma Suprema, de igual manera, el art. 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), consagra el mismo principio de reserva legal, sumado a ello la 0SCP 446/2013-S3 determina que en un proceso de asistencia familiar no es posible dar curso al apremio corporal para el cobro de gastos extraordinarios debido a las características que distinguen ambos institutos y que la Ley no establece el apremio por el no pago de gastos extraordinarios, por tal motivo corresponde conceder en parte la tutela solicitada;
4. 4)Respecto a los argumentos del accionante de no haber sido notificado con la emisión del mandamiento de apremio, de la revisión de antecedentes se advierte que el mismo fue notificado en tablero del juzgado el 4 de enero de 2022 no correspondiendo efectuar mayor análisis al respecto, en cuanto al argumento de que el menor beneficiado fue asegurado por su madre en la CNS, tal punto no fue parte de la presente acción de defensa, tampoco fue acreditado de manera alguna;
5. 5)En relación a la participación de la demandada Gabriela Fernández Caballero, corresponde denegar la tutela solicitada, por cuanto la misma únicamente emitió el mandamiento de aprensión en suplencia de la titular del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia Segundo de Sacaba del departamento de Cochabamba en cumplimiento a la providencia de 3 de enero de 2022; y,
6. 6)Se aclara al accionante que pese al fallo emitido, no resulta moral que un padre se niegue a pagar los gastos médicos emergentes de un estado de salud crítico de su hijo puesto que en los antecedentes del caso consta que el menor AA fue sometido a dos cirugías por habérsele diagnosticado un tumor en la clavícula derecha, debiendo cumplir el acuerdo conciliatorio que fue suscrito por la madre del accionante en representación suya, citando además los arts. 60 y 64 de la CPE.