0581/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0581/2019-S3 Sucre, 11 de septiembre de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad

Expediente: 29322-2019-59-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución AL-0032/2019 de 31 de mayo, cursante de fs. 37 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Orlando Sánchez Flores contra Pablo Antezana Vargas y Elisa Sánchez Mamani, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 30 de mayo de 2019, cursante de fs. 2 a 7 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, fue imputado y posteriormente detenido preventivamente por orden del Juez de Instrucción Penal Segundo de Sacaba del departamento de Cochabamba, en audiencia de aplicación de medidas cautelares celebrada el 22 de agosto de 2018, sin que existan suficientes elementos de convicción que determinen la concurrencia del art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); razón por la que presentó recurso de apelación incidental, sin que se modifique su situación.

Solicitó por segunda vez cesación de la detención preventiva, acompañando elementos probatorios que acreditaban arraigo natural y actividad lícita que desvirtuaban los arts. 234 numerales 1, 2 y 10; y, 235.2 del CPP; sin embargo, el Juez de instancia una vez más rechazó su solicitud arbitrariamente sin ninguna fundamentación, por lo que apeló esa decisión, y el 21 de mayo de 2019, en la audiencia respectiva, los Vocales demandados no corrigieron los errores cometidos por la autoridad de primera instancia ni consideraron todas las pruebas aportadas, incurriendo más bien en una inadecuada e insuficiente valoración de los elementos probatorios que analizaron, alejándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad con fundamentos arbitrarios sobre aspectos que no fueron discutidos en la audiencia. Las autoridades demandadas se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad, al sostener respecto al contrato de trabajo de albañil que arrimó, que debió acreditar además en qué obras trabajará, sin valorar integralmente toda la documental que respalda su actividad a futuro ni tomar en cuenta el entorno social y la realidad en la que muchos albañiles realizan su trabajo de manera informal; omitieron arbitrariamente la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente sobre el art. 234.10 del CPP, argumentando que la presentada para este efecto es insuficiente para enervar el peligro inminente contra la víctima, sin analizar los informes psicológicos o la declaración informativa que prestó, que refieren que no está afectada la misma por su accionar sino por otros motivos, documental que demuestra que no le teme, no existiendo el peligro de que pueda influenciar en ella, por lo que este razonamiento resulta ser arbitrario; fundaron el peligro de obstaculización en presunciones en relación al art. 235.1 y 2 del aludido Código, arguyendo que las investigaciones no concluyeron por lo tanto persiste el numeral 1, conclusión insuficiente ya que la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional Plurinacional sostiene que no se puede fundar riesgos procesales en supuestos, sin tener elementos probatorios que demuestren objetivamente que trató de modificar o suprimir alguna evidencia, más aún cuando es él quien solicitó su producción sin tener la obligación de hacerlo, situación que tampoco ha sido considerada. Acerca del art. 235.2 del Código Adjetivo Penal, señalaron que puede influir en testigos y peritos, más cuando son dos los imputados y uno está prófugo, fundando este razonamiento en la lógica y la experiencia, en franca vulneración del principio de presunción de inocencia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, en vinculación directa con su libertad, citando al efecto los arts. 22, 108.1, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).