Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0581/2019-S4 Sucre, 29 de julio de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad
Expediente: 28207-2019-57-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 0006/2019 de 12 de marzo, cursante de fs. 572 a 584 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Andrea Trigo Amador en representación sin mandato de Marvell José María Leyes Justiniano contra José Eddy Mejía Montaño y Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; Richard Ruly Rodríguez Flores, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de Cochabamba; e, Israel Lander Claros Hinojosa, ex Juez del mismo Juzgado.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 11 de marzo de 2019, cursante de fs. 263 a 284, el accionante a través de su representante sin mandato, refirió lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias y otros, mediante Resolución de 30 de noviembre de 2018, se dispuso su detención preventiva, determinación que fue objeto de apelación y resuelta por los Vocales del Tribunal de alzada, quienes consideraron que la fundamentación del Juez a quo era suficiente, realizando una simple lectura del acta de audiencia de medidas cautelares realizada el 29 y 30 del mes y año antes referido.
El 8 de febrero de 2019, se llevó a cabo audiencia de cesación a la detención preventiva, en la cual, con el fin de desvirtuar los riesgos procesales establecidos por el art. 234.8 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se permitió adjuntar nuevos elementos y argumentos consistentes en:
- a)Certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) de 14 de enero de 2019, en el que se acreditó que dentro de los setenta días en los que se encontraba detenido preventivamente, ninguna de las denuncias bajo las cuales se había determinado su detención preventiva, había llegado a una sentencia o declaratoria de rebeldía;
- b)Certificado de antecedentes policiales emitido el 17 del mismo mes y año, que verificaba la ausencia de antecedentes policiales;
- c)Informe que certificaba que todas la denuncias detalladas en el informe IP4, se encontraban rechazadas, existiendo solo una imputación formal en cuanto al caso denominado "Mochilas 1"; y,
- d)El , estableciendo que la actividad delincuencial reiterada o anterior solo podía acreditarse mediante sentencias ejecutoriadas, ya que de lo contrario se conculcaría el principio de presunción de inocencia.
Asimismo, en relación al art. 235.4 del CPP, para desvirtuar su concurrencia, adjuntó lo siguiente:
- 1)Certificado de 9 de enero de 2019, emitido por el Centro Penitenciario de San Antonio de Cochabamba, por el cual se verificó que tuvo un buen comportamiento y que no incurrió en ningún tipo de falta;
- 2)Informe de 13 de septiembre de 2018, que refirió que Christian Siles, Andrea García, Rolando Nogales y "Luz Rojas" ya no eran servidores públicos municipales; y,
- 3)La Resolución de medidas cautelares de Andrea García, que determinó la inexistencia del riesgo procesal establecido en el art. 235.2 de la norma adjetiva penal, que había sido fundado por el Ministerio Público, con la misma declaración de Christian Siles y que fue utilizado en su contra.
Sin embargo, pese a la documentación presentada, su solicitud de cesación a la detención preventiva fue rechazada por el Juez a quo, mediante el Auto de 8 de febrero de 2019, con los argumentos de que aún quedaban siete procesos abiertos en su contra y que si bien no contaban con imputación, debía demostrar que estaban rechazados, presumiendo en su caso la persistencia de actividad delictiva reiterada; respecto al art. 235.2 y 4 del referido Código, señaló que no podía desvirtuarse, hasta que se emitiera una sentencia conforme a lo dispuesto por la "", al no saberse sobre que participes y testigos podía influenciar; en cuanto al certificado de conducta, indicó que el mismo era una obligación del imputado que no desvirtuaba el riesgo de obstaculización.
Contra esa determinación, interpuso recurso de apelación, audiencia que se llevó a cabo el 19 de febrero de 2019, donde los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandados-, emitieron una resolución similar a la del Juez a quo, argumentando que:
- i)Las denuncias que acreditaban actividad delictiva fundada en el art. 234.8 de la norma procesal penal, debían ser anteriores al inicio de la causa; empero, emergente de una solicitud vía aclaración y enmienda de manera incorrecta y contradictoria refirieron que si bien las denuncias instauradas en su contra eran posteriores, correspondía demostrarse que dichos procesos fueron rechazados; pues se respetaba el derecho a la presunción de inocencia del imputado; sin embargo, éste tenía que demostrar rechazos o sobreseimientos de las denuncias registradas en su contra;
- ii)que el , presentado no representaba un nuevo elemento de convicción para desvirtuar el riesgo previsto en el art. 234.8 del adjetivo penal, siendo suficientes las denuncias para determinar el riesgo procesal referido; y,
- iii)Nunca se estableció que el riesgo de obstaculización hubiera dependido del hecho de que Christian Siles, Andrea García, Luz Rojas y Rolando Nogales sean funcionarios municipales, afirmación que destruyó el único nexo que justificaba la aplicación de dicho riesgo en el accionante (art. 235.2 y 4 del CPP); argumentos con los cuales, según se alega, se declaró improcedente el recurso de apelación y por tanto confirmó el rechazo de su solicitud de cesación a la detención preventiva, incumpliendo así su deber de efectuar una correcta aplicación del art. 239.1 de la norma procesal penal, ella en cuanto a la consideración de los nuevos elementos de convicción presentados para sustentar su cesación a la detención preventiva y consiguiente apelación incidental.
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