Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0584/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad
Expediente: 53691-2023-108-AL Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 11/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 52 a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Humberto Elías Moller Villca contra Yesika Maura Daga Prialet, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de Poopó, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital, ambos del departamento de Oruro; y, Carlos Montan Grageda, funcionario policial.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 13 de febrero de 2023, cursante a fs. 1 y 32 a 39 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se fijó audiencia de consideración de medidas cautelares para el 6 de febrero de 2023, respecto a lo cual y pese a que su notificación fue incorrectamente practicada, el 3 del citado mes y año, a tiempo de apersonarse al proceso solicitó la suspensión de dicho actuado procesal toda vez que fue designado como profesor en la localidad de Toledo provincia Saucari del departamento de Oruro en la Unidad Educativa "Nacional Toledo", no pudiendo encontrar suplente para la señalada fecha a efectos de asistir a la audiencia.
El día de la audiencia, Yesika Maura Daga Prialet, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de Poopó, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital, ambos del departamento de Oruro -ahora demandada- a tiempo de considerar su solicitud, refirió que de la valoración de la prueba adjunta advirtió una serie de incongruencias ya que el Memorándum de designación sería de 2 de marzo de 2022, y que en su actual carnet de identidad se establece como profesión u ocupación estudiante, no habiendo valorado el Certificado de 3 de febrero de 2023, emitido por el Director de la señalada Unidad Educativa presentada en audiencia a través del cual acreditó que su persona trabaja como maestro del área de Psicología, Filosofía, Lógica y Ética con número de ítem 664 además de detallarse sus horarios de clases, actuación a partir de la cual si bien en principio y en atención a la ausencia del representante del Ministerio Público, de manera pura y simple suspendió la audiencia reprogramándola para el 14 del citado mes y año, de forma posterior e incongruente con lo determinado, en lugar de aplicar el principio de favorabilidad y advertir la inviabilidad del desarrollo de la audiencia por la ausencia del representante del Ministerio Público, por Auto Interlocutorio 067/2023 de 6 de febrero, sin la debida fundamentación y motivación, declaró su rebeldía y dispuso la emisión del mandamiento de aprehensión, afectando dolosamente sus derechos a la libertad y al trabajo.
Asimismo, y pese a que fue determinada su rebeldía, la autoridad judicial demandada de forma incongruente, dio lugar al trámite de excepción de incompetencia interpuesta de su parte el 7 de febrero de 2023, corriendo traslado a las partes y fijando audiencia para el 14 de ese mes y año.
Una vez emitido el mandamiento de aprehensión el 7 de febrero de 2023, fue ejecutado el 8 de dicho mes y año, por Carlos Montan Grageda, funcionario policial -hoy codemandado-, cuando su persona se presentó ante el Ministerio Público a objeto de prestar su declaración informativa, donde la autoridad fiscal no quiso tomar su declaración pese a que existía un requerimiento a ese efecto, lesionando su derecho a la defensa.
El 9 de febrero de 2023, si bien la autoridad judicial mediante providencia de ese día dejó sin efecto el mandamiento de aprehensión, no dispuso su libertad inmediata, pese a tener conocimiento de que se encontraba aprehendido a consecuencia del mandamiento de aprehensión que había sido dejado sin efecto, sustanciando la audiencia de medidas cautelares, oportunidad en la que sin fundamento ni motivación rechazó su solicitud de corrección de defectos procesales que formuló, disponiendo posteriormente en el mismo actuado su detención preventiva.
A raíz de ello considera a su vez la lesión de su derecho al trabajo porque no se reconoció su situación laboral y porque al disponerse su aprehensión no pudo asistir a su fuente de trabajo, privando a los estudiantes de su derecho a la educación.
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