0587/2020-S4

La audiencia de apelación se llevó a cabo el 13 de febrero de 2020, en la que, el representante del referido Viceministerio de Transparencia, agregó otros puntos diferentes a los planteados en su recurso de apelación, afirmando que son cuatro los agravios causados, como ser:

1. a)La Resolución 74/2020 que incurrió en incongruencia interna, siendo contradictoria, respecto a la documentación presentada por el mismo, referidos al Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE), que demostró los riesgos procesales de fuga por parte del imputado; sin embargo, al respecto, la respuesta de la Jueza de la causa, indicó que el Ministerio Público investigará conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, para luego, en la complementación y enmienda de manera incongruente, la misma autoridad sostuvo que no se presentaron los referidos documentos;
2. b)La Jueza a quo, incurrió en la falta de fundamentación respecto a la prueba presentada por su parte, omitiendo además referirse al art. 23 de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010 -Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz"-;
3. c)La Jueza de la causa también omitió referirse sobre los argumentos del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, referidos a la necesidad de detener preventivamente al imputado, ni referirse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a pesar de existir riesgos procesales de obstaculización que se demostraron por su parte, cuando se explicó la gravedad del hecho denunciado, así como el daño ocasionado al Estado de Bs303 000 000.- (trescientos tres millones de bolivianos); por lo que, existían todas las condiciones para proceder con la detención preventiva; y,
4. d)Se ha pedido a la Jueza de la causa, que explicara por qué no se aplicó lo dispuesto en el art. 235 del CPP, si la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-, determina que deben atenderse los pedidos de las partes, como en este caso que es de la víctima.

Agregó que Iván Noel Córdova Castillo Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandado-, vulneró su derecho a obtener una resolución fundamentada, incumpliendo lo determinado por el art. 124 del CPP, al omitir precisar los elementos de convicción que le permitieran concluir sobre la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, siendo sus argumentos los siguientes:

1. 1)El art. 404 del citado Código, no sienta las bases de los agravios de la apelación ante la Jueza a quo, interpretación que a criterio su persona, es errónea, ya que ese no es el entendimiento de dicha norma;
2. 2)Se señaló que la Jueza de la causa, emitió una resolución incongruente, al no haber atendido los puntos planteados por el apelante, como tampoco valoró las pruebas aportadas, determinando que estas debían ser valoradas por el Ministerio Público;
3. 3)Los cuatro agravios denunciados por el representante del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, son evidentes, debido a que la Jueza de primera instancia, emitió su resolución sin la debida fundamentación, y una respuesta a los puntos propuestos por el apelante, fallando de manera incongruente;
4. 4)Es atendible la aplicación del art. 235 ter. del CPP; y,
5. 5)En la complementación solicitada por su parte, el referido Vocal señaló que los requisitos para aplicar la medida cautelar más grave, como es la detención preventiva, que se encuentran establecidos en el art. 233 núm. 1, 2 del citado cuerpo normativo, estarían plenamente cumplidos.